Manejo de Armas de Fuego, Uso de la Fuerza y Litigios por Lesiones a Transeúntes

• ·Propósito y cómo usar esta guíaAbrir
• Parte 1Las familias de casosAbrir
• Parte 2El punto de inflexión de los factores humanosAbrir
• Parte 3El estándar de la fuerza justificableAbrir
• Parte 4Policías y civiles, comparadosAbrir
• Parte 5Lesiones personales, muerte por negligencia y desprecio temerarioAbrir
• Parte 6Capacitación, contratación y supervisiónAbrir
• Parte 7El estándar constitucional para la fuerza policialAbrir
• Parte 8El peligro creado por el agenteAbrir
• Parte 9La inmunidad calificada y la demanda contra el municipioAbrir
• Parte 10La ley estatal por encima del mínimo constitucionalAbrir
• Parte 11Fuerza excesiva, muertes durante la inmovilización y la descarga colectivaAbrir
• Parte 12El caso de lesiones a transeúntesAbrir
• Parte 13Los escenarios y las demandasAbrir
• Parte 14Las teorías jurídicas de un vistazoAbrir
• Parte 15Las cifrasAbrir
• Parte 16En qué consiste realmente el trabajo pericialAbrir
• Parte 17Preservación de pruebas y la lista para la exhibición de pruebasAbrir
• Parte 18Construir el dictamen, en cualquier sentidoAbrir
• ·Cómo se ve la fuerza razonableAbrir
• ·Apéndice: fuentes y notasAbrir
• ·Sobre el autorAbrir

Esta guía está dirigida a los abogados que evalúan o preparan un caso en el que un civil, un guardia de seguridad o un agente de policía disparó un arma de fuego, o aplicó la fuerza, contra otra persona.

Estos casos se dividen en familias que se litigan, y se analizan, de manera distinta. En la primera, el disparo fue no intencional: un arma se dispara durante un forcejeo, una funda falla, un dedo encuentra un gatillo que no debió tocar. En la segunda, el disparo fue una decisión, y la pregunta es si esa decisión estaba justificada. Tratar un caso de uso de la fuerza como un caso de manejo, o al revés, es la forma más común de manejar mal estos asuntos antes de que lleguen siquiera a un jurado.

Una tercera división atraviesa ambas. Un civil o un guardia de seguridad es un particular, juzgado conforme al derecho estatal de responsabilidad civil extracontractual y a la doctrina estatal de la legítima defensa. Un agente de policía es un agente del Estado, y el mismo tiroteo se juzga conforme a la Cuarta Enmienda, filtrado por la inmunidad calificada, con una demanda independiente disponible contra el departamento que lo capacitó. Las Partes 1 a 3 se aplican a todo tirador, tenga placa o no. Las Partes 5 y 6 vienen a continuación porque ahí es donde se ubican la mayoría de estos casos: la negligencia ordinaria, la negligencia grave, el desprecio temerario y las fallas de capacitación y supervisión que produjeron al tirador. Nada de eso depende de la Constitución. Las Partes 7 a 12 son la vía constitucional, que importa sobre todo cuando la parte demandada es un gobierno y la demanda es por violación de derechos civiles. La Parte 12 trata el caso en que la persona alcanzada nunca fue el objetivo, que se rige, una vez más, por un derecho distinto.

La guía le ofrece la taxonomía, los estándares que rigen cada familia, la jurisprudencia que controla el lado policial y las teorías jurídicas que se derivan de cada patrón de hechos. Aplica el análisis a asuntos tomados de informes públicos. Enumera las pruebas que deben preservarse antes de que desaparezcan y explica en qué consiste el trabajo pericial. Las cifras provienen de informes públicos, expedientes judiciales y estudios publicados sobre litigios. Las cifras estimadas se señalan como estimaciones.

La postura analítica

Dos preguntas surgen con mayor frecuencia. Si el disparo fue no intencional, ¿infringió el tirador una regla de manejo de armas de fuego? Si fue intencional, ¿era razonable la decisión de usar la fuerza según lo que el tirador sabía en ese momento?

Muchos casos preguntan otra cosa. Un caso de lesiones a transeúntes pregunta de quién era el proyectil y si el tirador tuvo en cuenta lo que había detrás del objetivo. Una muerte durante la inmovilización pregunta cuánto tiempo permaneció el peso sobre la espalda y cuándo cambió la respiración. Una demanda por capacitación pregunta qué enseñó la agencia y qué sabía ya. Plantear bien la pregunta es la primera tarea. Responderla es la segunda.

Esta guía sirve a cualquiera de las partes

El mismo análisis que condena un tiroteo exonera otro, y el método no cambia según la parte que contrata. El abogado que defiende a un agente encontrará aquí cuatro cosas. La autoridad que prohíbe el juicio retrospectivo. La jurisprudencia que descarta una simple queja sobre el número de disparos. Las decisiones que sostienen que una infracción de la capacitación no es una violación constitucional. Y el trabajo de reconstrucción que demuestra que una amenaza era real e inmediata.

El abogado que demanda a un agente encontrará tres. La autoridad que abre todo el encuentro al escrutinio. Las mediciones que convierten una supuesta decisión de fracción de segundo en un intervalo demostrado de tiempo disponible. Y las teorías que sobreviven a la inmunidad del agente.

La Parte 18 pone ambos casos lado a lado. Léala primero si está evaluando un asunto y quiere saber hacia dónde es probable que se incline el expediente.

Antes que nada, clasifique el asunto en la familia correcta. El estándar de diligencia, el privilegio aplicable y las teorías disponibles para cada parte se derivan de esa clasificación.

1. Disparo no intencional, o casos de infracción en el manejoEl tirador no quiso disparar. Un arma se dispara al desenfundarla, al enfundarla o durante un forcejeo físico por el control del arma. El estándar aplicable son las cuatro reglas cardinales de la seguridad con armas de fuego, y la pregunta es si el manejo del tirador cumplió con ese estándar. La previsibilidad y el diseño de la funda, del equipo de retención y del cinturón de servicio suelen importar aquí.
2. Disparo intencional, o casos de uso de la fuerzaEl tirador quiso disparar y sostiene que el tiroteo estaba justificado. Para un particular, eso significa legítima defensa, defensa de terceros o, en un número reducido de jurisdicciones, un privilegio de arresto ciudadano. Para un agente, significa la Cuarta Enmienda. En ambos casos el estándar aplicable es la razonabilidad: lo que una persona en una situación similar, con una capacitación similar, habría percibido y hecho dada la totalidad de las circunstancias en el momento en que se usó la fuerza.
3. Casos híbridosMuchos asuntos reales presentan ambos hilos. Un guardia desenfunda intencionalmente para detener a un ladrón de tiendas, lo que cumple el umbral para un análisis de uso de la fuerza, y el arma luego se dispara durante el forcejeo que sigue, lo que cumple el umbral para un análisis de manejo. Un agente decide disparar, lo que es una cuestión de uso de la fuerza, y luego dispara ocho proyectiles a través de un vidrio, lo que plantea además cuestiones de manejo, de identificación del objetivo y de lo que había detrás del objetivo.
4. Fuerza sin disparoNo todo caso de fuerza excesiva involucra un arma de fuego. La inmovilización boca abajo, las llaves al cuello, los dispositivos de energía conducida, los agentes químicos, las armas de impacto y el control físico contundente con las manos vacías forman su propia familia. Cada uno tiene su propio derecho aplicable, sus propias cuestiones de causalidad médica y su propio estándar de diligencia. La Parte 11 los trata.
5. El caso de lesiones a transeúntesLa persona herida no era la persona a la que apuntó el tirador. Un vecino detrás de una pared, un rehén, un transeúnte, un empleado en una caja registradora. Esta familia se rige por un derecho distinto del de todas las demás de esta lista, porque una persona que no era el objetivo por lo general no fue objeto de aprehensión, lo que deja fuera la Cuarta Enmienda. La Parte 12 la trata.
6. El nivel del empleador y del inmueblePor encima del tirador individual hay una segunda pregunta, a menudo más importante: ¿puso la empresa de seguridad o el propietario del inmueble en ese puesto a una persona armada sin la preparación necesaria, con capacitación insuficiente o mal supervisada? Este nivel se rige por los principios de la negligencia ordinaria, no por el estándar de manejo o de uso de la fuerza que rige al tirador, y con frecuencia es donde se encuentra la mayor exposición.
7. La división entre lo público y lo privadoUn civil o un guardia de seguridad es un particular, juzgado conforme al derecho estatal de responsabilidad civil extracontractual, a la doctrina de la legítima defensa y al privilegio del comerciante. Un agente de policía es un agente del Estado, y el mismo tiroteo se juzga por una vía completamente distinta: el estándar de razonabilidad objetiva de la Cuarta Enmienda, la inmunidad calificada y, cuando están implicadas la política o la capacitación de un departamento, la responsabilidad del municipio. El análisis de factores humanos, las cuatro reglas y el trabajo de reconstrucción son los mismos en ambas vías. La teoría jurídica que sostiene el caso no.

Por qué importa la clasificación

Un caso de infracción en el manejo depende de las cuatro reglas y de los registros de equipo y capacitación: ¿estaba el dedo en el gatillo?, ¿estaba controlada la boca del cañón?, ¿era la funda adecuada para el servicio asignado al guardia? Un caso de uso de la fuerza depende de la percepción y la proporcionalidad: ¿qué vio el tirador?, ¿qué alternativas existían?, ¿fue la fuerza usada proporcional a la amenaza? Construir un expediente de infracción en el manejo en un caso que en realidad trata de la razonabilidad de la decisión de disparar, o al revés, desperdicia la exhibición de pruebas (discovery) y debilita la presentación final ante un jurado.

Las preguntas de clasificación, en orden

1. ¿Fue intencional el disparo o la aplicación de la fuerza? Esto determina la familia. El video de la posición del dedo del gatillo antes del punto de decisión suele responderla.
2. ¿Era el tirador un agente del Estado? Agente juramentado, guardia nombrado ayudante del alguacil o ciudadano particular. Esto determina la vía jurídica y decide si la Sección 1983 del Título 42 del Código de los Estados Unidos está siquiera disponible.
3. ¿Cuál era la situación de custodia de la persona lesionada? Ciudadano libre, detenido en espera de juicio o preso condenado. Cada caso se rige por una enmienda constitucional distinta, y los estándares difieren enormemente en dificultad. La Parte 7 expone esa distribución.
4. ¿Existe un nivel del empleador o del municipio? A un empleador privado se le puede demandar por respondeat superior y por negligencia directa. A un municipio solo se le puede demandar por política, costumbre o falta de capacitación.
5. ¿Cuántas aplicaciones distintas de fuerza hubo? Cada una recibe su propio análisis. Un primer disparo justificado no justifica un octavo.
6. ¿Era la persona lesionada el objetivo? Si no lo era, el caso cambia por completo de vía, y la primera tarea es probar de quién era el proyectil. La Parte 12 explica cómo.

Si se reduce cualquiera de estos casos a lo esencial, queda una sola pregunta. ¿Manejó el tirador el arma correctamente y usó la fuerza de manera razonable, juzgado según lo que sabía en ese momento? Esa es una pregunta de factores humanos. Mi trabajo trata de cómo las personas manejan las armas, cómo infringen las reglas y qué rige el acto de apuntar un arma a una persona.

La defensa comienza igual en todas las familias

En un caso de manejo, el argumento de la defensa es que el arma no falló, sino que el tirador infringió una regla. En un caso de uso de la fuerza, el argumento de la defensa es que la fuerza fue razonable dada una amenaza real e inmediata. Cada defensa es más sólida cuando es toda la historia. Cada una se derrumba de la misma manera, cuando la otra parte demuestra, conforme a un estándar profesional, que la propia conducta del tirador no encaja en esa historia.

El mismo análisis sirve a cualquiera de las partes

Esta pericia es simétrica, y eso es una fortaleza en el estrado. El método no cambia según la parte que contrata. Solo los hechos deciden la conclusión.

Un método neutral basado en estándares publicados sigue las pruebas adondequiera que lleven. Ese método resiste el contrainterrogatorio y una impugnación de admisibilidad. También me permite trabajar para cualquiera de las partes sin contradicción.

Las cuatro reglas y cómo se ve su cumplimiento

Las reglas universales de seguridad con armas de fuego son la vara de medir para la mitad de manejo de cualquier caso. Cada una corresponde a una pregunta de hecho que un perito puede responder a partir del video, las pruebas físicas y los testimonios registrados.

Para un análisis más completo de las reglas, consulte cualquiera de mis libros.

La mitad de la razonabilidad: lo que pregunta la ley

Las cuatro reglas siguen rigiendo cómo se efectuó un disparo intencional. Pero el caso depende de una pregunta anterior. ¿Estaba justificado el tirador para disparar siquiera? Para un particular, esa pregunta se decide conforme al derecho estatal de la legítima defensa y de la defensa de terceros, aplicado a la totalidad de las circunstancias en el momento en que se usó la fuerza, no con el beneficio de la retrospectiva. Haga cuatro preguntas. ¿Qué vio el tirador? ¿Era razonable esa interpretación dada su capacitación y lo que sabía? ¿Existían opciones menores? ¿Fue la fuerza que usó proporcional a la amenaza que vio? Dos hechos se repiten en estos asuntos y tienen un peso enorme: si el sujeto estaba armado y si el sujeto se movía hacia el tirador o se alejaba.

Percepción, reacción y el tiempo que el tirador realmente tuvo

Los seres humanos no perciben ni actúan de forma instantánea, y el tamaño de ese intervalo decide casos. Una persona tiene que detectar un estímulo, reconocerlo, elegir una respuesta y ejecutarla. Cada paso toma un tiempo medible, y el total aumenta cuando el estímulo es ambiguo, cuando la opción no es binaria, cuando la luz es escasa, cuando la persona está despertando o cuando la orden llega en un idioma que la persona no domina bien.

Blair y sus colegas, en "Reasonableness and Reaction Time," Police Quarterly (2011), situaron a agentes a unos diez pies de un sujeto, con las armas ya desenfundadas y apuntando, y midieron lo que ocurría cuando el sujeto decidía disparar. Por lo general, los agentes no lograban disparar antes que el sujeto. El tiempo de reacción medio de los agentes fue de unas cuatro décimas de segundo, y el tiempo de disparo del sujeto, más o menos el mismo. De ahí se derivan dos conclusiones, y apuntan en direcciones opuestas.

• Para la defensa. La reacción va detrás de la acción. Algunos disparos efectuados después de que termina una amenaza tienen una explicación fisiológica y no son prueba de malicia, y un agente a distancia de contacto realmente no tiene ninguna ventaja de reacción.
• Para la parte demandante. La misma fisiología significa que un agente que se acerca hasta la distancia de contacto ha renunciado al único margen que le habría permitido responder con algo distinto de un disparo. La investigación que excusa un disparo tardío también condena el acercamiento que hizo necesario ese disparo.

La misma aritmética rige a la persona del otro lado. Cuando un agente da una orden y dispara aproximadamente un segundo después, la pregunta es si el intervalo le permitió a un ser humano percibir la orden, entenderla, elegir una respuesta y moverse. Eso es una medición, no un argumento, y la Parte 16 explica cómo realizarla.

Dónde un tiroteo con participación policial cambia el terreno

Dos casos de la Corte Suprema rigen un asunto con participación policial a los que un asunto contra un particular nunca llega. Tennessee v. Garner, 471 U.S. 1 (1985), sostuvo que disparar contra un sospechoso que huye y que no representa una amenaza inmediata es una aprehensión irrazonable conforme a la Cuarta Enmienda. Graham v. Connor, 490 U.S. 386 (1989), estableció el estándar de razonabilidad objetiva que los tribunales han aplicado desde entonces a toda demanda por uso de la fuerza con participación de agentes. Juzgue al agente desde la escena, no desde la retrospectiva, y tenga en cuenta que los agentes toman decisiones en fracciones de segundo en condiciones tensas y cambiantes. Ese estándar descansa en la misma reconstrucción de factores humanos que el resto de esta guía. ¿Qué vio el agente, cuándo lo vio y qué otra cosa pudo haber hecho? La inmunidad calificada, una defensa exclusiva de los agentes del Estado, plantea luego una segunda pregunta además de la razonabilidad. Ambas preguntas se benefician del mismo registro cuadro por cuadro. Las Partes 5 a 7 las tratan en orden.

Cuatro condiciones tienen que existir al mismo tiempo para que la fuerza letal esté justificada. Las enseño en la Wolf Safety Series y someto cada tiroteo a esa prueba.

Estas condiciones rigen directamente a un tirador particular. También expresan, en términos operativos sencillos, lo que una política policial de uso de la fuerza le pide a un agente establecer antes de disparar, de modo que sirven en ambas vías. No son la prueba constitucional. La Parte 7 expone esa prueba, y la Parte 4 explica por qué ambas difieren.

Las cuatro condiciones para la fuerza letal

La fuerza letal está justificada, y probablemente es necesaria, solo cuando las cuatro condiciones existen al mismo tiempo. Si falta una, la fuerza no está justificada.

Las cuatro condiciones tienen que evaluarse según los hechos tal como existían en ese momento, no según cómo se ve la situación después. Un perito de la defensa reconstruye el expediente para demostrar que se cumplieron las cuatro condiciones. Un perito de la parte demandante reconstruye el mismo expediente para demostrar que faltaba al menos una de ellas.

Qué significan fuerza letal y lesión corporal grave

La fuerza letal es cualquier tipo o grado de fuerza que probablemente cause la muerte o una lesión corporal grave. La lesión corporal grave comprende las lesiones que causan la muerte, una desfiguración grave y permanente, o la pérdida o el deterioro prolongado de la función de cualquier parte del cuerpo. Un arma de fuego no es el único medio de fuerza letal. Un puño, un vehículo, un objeto contundente, una llave al cuello o la presión sostenida sobre la espalda de una persona boca abajo pueden cumplir la definición. Depende de cuán dispares sean las dos personas y de cuánto dure la presión.

Factores que influyen en la razonabilidad de la creencia

1. Número de agresoresTres atacantes contra un solo defensor cambian el análisis de capacidad y oportunidad aunque ningún atacante esté armado.
2. Disparidad físicaEl tamaño, la fuerza, la edad, el número y la destreza conocida pueden convertir unas manos vacías en un medio de fuerza letal.
3. Armas, visibles o supuestasNo es necesario ver un arma para creer razonablemente que está presente. Una mano oculta en la cintura durante una amenaza verbal puede sustentar la misma creencia que un arma visible. Lo contrario también es cierto, y ahí es donde fallan muchísimos tiroteos. Un objeto que parece un arma no lo es. Si el error fue razonable es una cuestión distinta de si fueron razonables las tácticas que obligaron a una decisión precipitada.
4. Distancia y velocidad de acercamientoLa distancia es tiempo, y el tiempo es lo único que le permite a una persona verificar una amenaza antes de responder a ella. La velocidad de acercamiento importa más que la distancia estática.
5. Cobertura y barrerasUna pared, un vehículo, una puerta o una cerca entre las partes cambia el análisis de capacidad e inminencia. También lo cambia la decisión de abandonar una cobertura que estaba disponible.
6. Iluminación y visibilidadLa noche, el contraluz, una linterna dirigida a los ojos, un vidrio polarizado o mojado y la lluvia degradan la identificación. La degradan para ambas partes, y por eso cortan en ambos sentidos.
7. Estado del sujetoLa intoxicación, una crisis de salud mental, la sordera, un dominio limitado del inglés y la desorientación al despertar cambian la forma en que una persona responderá a una orden. Si el tirador conocía o debía conocer ese estado, júzguelo en función de ello.

El continuo de la fuerza

El continuo es el modelo de capacitación que subyace al estándar de razonabilidad. Expone las respuestas disponibles antes de que la fuerza llegue a las cuatro condiciones anteriores. La mayoría de los programas de seguridad y de las fuerzas del orden enseñan a partir de él.

El mismo tiroteo, cometido por dos tiradores distintos, produce dos casos distintos. No dos resultados distintos con la misma prueba, sino dos pruebas distintas, con elementos distintos, cargas distintas, defensas distintas y personas distintas que pagan la sentencia.

El abogado que solo entiende una vía planteará mal la otra.

La diferencia estructural: una defensa frente a una demanda

El civil que dispara contra alguien plantea una defensa de justificación dentro del caso de otra persona. El fiscal acusa por agresión o por homicidio, o la sucesión demanda por agresión física, y el tirador responde que el acto estaba amparado por un privilegio. La pregunta es si la creencia del tirador excusa una conducta que de otro modo sería un delito o un ilícito civil.

El agente de policía que dispara contra alguien enfrenta una demanda por la que el gobierno aprehendió a una persona de manera irrazonable. El tiroteo es un hecho regido por la Cuarta Enmienda desde el momento en que el proyectil impacta, y la pregunta es si esa intrusión del gobierno fue razonable. Nadie pregunta qué creía el agente. Graham v. Connor eliminó la intención de ambos lados del análisis: las malas intenciones de un agente no convierten una fuerza objetivamente razonable en una violación de la Cuarta Enmienda, y sus buenas intenciones no hacen constitucional una fuerza objetivamente irrazonable.

Al agente se le juzga con un estándar que ignora lo que pensaba y le perdona lo que no podía saber, pero que le exige lo que debió hacer un profesional capacitado. Al civil se le juzga con un estándar que examina lo que realmente creía y por qué, pero que le perdona no tener ninguna capacitación.

El privilegio de arresto y por qué decide tanto

Un agente con causa probable puede aprehender a una persona, puede usar una fuerza objetivamente razonable para realizar el arresto, puede usar la fuerza para vencer la resistencia y puede continuar hasta completar el arresto. El California Penal Code section 835a(b) lo dice con claridad, y la mayoría de los estados codifican la misma facultad.

Esa facultad lo cambia todo en adelante. El agente puede iniciar legalmente la confrontación. Cuando el sujeto se resiste a un arresto legal, la resistencia misma justifica la escalada. Acercarse en primer lugar normalmente no da lugar a una acción.

Un particular no tiene una facultad general para aprehender a nadie. Tres doctrinas limitadas llenan ese vacío, y cada una es una trampa para el tirador que se excede.

• Arresto ciudadano. Legal, limitado y cada vez más reducido. Georgia derogó por completo su ley de 1863 en 2021 mediante la House Bill 479, tras el homicidio de Ahmaud Arbery. Lo que la reemplazó abarca solo a los operadores de comercios minoristas y de servicios de alimentos, a los dueños de negocios, a los inspectores de peso y al personal de seguridad con licencia. La fuerza letal queda excluida salvo en legítima defensa, en defensa de la vivienda o para impedir un delito grave violento.
• Privilegio del comerciante. Reconocido en prácticamente todos los estados, conforme al Restatement (Second) of Torts section 120A. Detención con fundamentos razonables, por un tiempo razonable, de manera razonable y usando solo fuerza razonable no letal. No es una defensa frente a un tiroteo, porque por sus propios términos excluye la fuerza letal.
• Defensa de terceros. No es en absoluto una facultad de aprehensión. Ampara la fuerza usada para impedir un daño a una tercera persona y, en la mayoría de los estados, quien defiende ocupa la posición de la persona defendida.

En un caso contra un agente, se presume legal el inicio del encuentro y la parte demandante tiene que atacar la fuerza usada dentro de él. En un caso contra un civil, la forma en que el tirador inició el encuentro suele ser toda la disputa. Si el civil no tenía el privilegio de detener, entonces todo contacto es una agresión física, la persona detenida tenía derecho a resistirse y el civil es el agresor. Un agresor pierde la legítima defensa en todos los estados, salvo que desista y comunique su desistimiento. El civil que persigue y confronta no es un defensor. Es el agresor inicial, y su posterior alegación de temor es jurídicamente irrelevante. Esa es la teoría con la que se condenó a los acusados del caso Arbery.

La retirada y la exclusión de alternativas

Un agente que realiza o intenta realizar un arresto no tiene deber de retirarse y no se convierte en agresor por usar una fuerza objetivamente razonable. El California Penal Code section 835a(d) y el Texas Penal Code section 9.51(e) son representativos. La regla se deriva del privilegio: un agente con el deber de completar un arresto no puede tener al mismo tiempo el deber de abandonarlo.

Para los civiles operan tres regímenes, con la excepción del castillo superpuesta a todos ellos. Aproximadamente dos tercios de los estados siguen la regla de no retroceder, que elimina el deber de retirarse en cualquier lugar donde la persona tenga derecho legal a estar, siempre que no haya provocado y, en algunos estados, que no esté cometiendo una actividad delictiva. Los demás imponen el deber de retirarse fuera del hogar cuando la persona sabe que puede escapar con total seguridad. Lo que sabía es subjetivo, así que lo decide el jurado. La doctrina del castillo elimina el deber de retirarse en la vivienda y, en muchos estados, en un vehículo ocupado y en el lugar de trabajo. Algunos estados añaden una presunción de que el temor era razonable frente a un intruso que entra por la fuerza, y Colorado va más allá: otorga inmunidad frente al proceso penal y a la responsabilidad civil por la fuerza usada contra un intruso en una vivienda.

La exclusión de alternativas, la cuarta condición de la Parte 3, no tiene equivalente para los agentes en el common law. Un agente que realiza un arresto legal nunca tiene que intentar alejarse primero. Varios estados han impuesto ahora por ley algo parecido a la exclusión de alternativas, al exigir que los agentes agoten las alternativas razonables antes de usar la fuerza letal. Ese es un deber legal, no constitucional, y la Parte 10 identifica dónde se aplica.

El sospechoso que huye

Un agente puede usar la fuerza letal contra un sospechoso que huye cuando hay causa probable para creer que el sospechoso representa una amenaza significativa de muerte o de lesión física grave para el agente o para otros y, cuando sea factible, tras una advertencia. Eso es Tennessee v. Garner, y es una regla basada en la amenaza, no en el delito.

Por lo general, un civil no tiene ningún privilegio para usar la fuerza contra el autor de un delito grave que huye. Los códigos modernos son casi uniformes, y varios establecen expresamente que el privilegio de fuerza letal para realizar un arresto corresponde solo a los agentes o a la persona que actúa bajo la dirección de un agente. El Mississippi Code section 97-3-15 y el Texas Penal Code section 9.51(d) y (g) dicen eso. Texas sorprende aquí, porque su reputación invita a suponer lo contrario. Cualquier persona que no sea un agente del orden puede usar la fuerza letal para realizar un arresto solo en presencia de un agente y bajo su dirección. La section 9.51(g) no permite nada más amplio.

La New York Penal Law section 35.30(4) es la única supervivencia legal clara. Permite que un particular que actúa por su propia cuenta use fuerza física letal para arrestar a alguien que huye inmediatamente después de cometer asesinato, homicidio culposo en primer grado, robo, violación con violencia o un acto sexual delictivo con violencia. Observe la trampa del texto: el delito tiene que haberse cometido realmente, no basta con que se haya creído razonablemente. Se han presentado repetidamente proyectos de ley para derogarla. Confirme su situación actual antes de invocarla.

El California Penal Code section 197(4) sigue teniendo en su texto un alcance amplio, pues permite el homicidio justificable cuando se comete necesariamente al intentar, por medios legales, aprehender a una persona por un delito grave. People v. Ceballos, 12 Cal. 3d 470 (1974), limitó la justificación basada en delitos graves a los delitos violentos y atroces que amenazan con la muerte o con un daño corporal grave, y la Assembly Bill 392 de 2019 reformuló la facultad de los agentes sin modificar la section 197(4). Si un particular todavía puede invocarla contra el autor de un delito grave que huye es una cuestión no resuelta.

La defensa de la propiedad, expuesta con precisión

La fuerza letal no está amparada por un privilegio cuando solo protege la propiedad. El Restatement (Second) of Torts sections 79 and 85 enuncia la regla. Katko v. Briney, 183 N.W.2d 657 (Iowa 1971), la aplicó a un arma trampa de resorte en una casa de campo desocupada y confirmó los daños compensatorios y punitivos contra el propietario. People v. Ceballos la aplicó a un arma trampa en un garaje. Ambos se basan en el mismo fundamento. La vida humana pesa más que la propiedad, y una máquina no puede juzgar lo que puede juzgar una persona.

La mayoría de los estados llegan a resultados que protegen la propiedad por otra puerta: la disposición sobre delitos graves violentos enumerados dentro de la ley de defensa de la persona. El Texas Penal Code section 9.32(a)(2)(B) permite la fuerza letal para impedir el secuestro agravado, el asesinato, la agresión sexual, la agresión sexual agravada, el robo o el robo agravado. El robo y el robo con allanamiento de una vivienda ocupada son delitos cercanos a la propiedad que conllevan una amenaza para las personas, y por eso se aplica el privilegio. La defensa sigue siendo una defensa de las personas.

Texas es el único estado con un privilegio autónomo de fuerza letal para proteger la propiedad, en el Penal Code section 9.42, y la disposición es mucho más limitada de lo que parece. Tres requisitos son conjuntivos. Primero, la persona tiene que estar justificada para usar fuerza ordinaria conforme a la section 9.41. La fuerza tiene que ser inmediatamente necesaria para impedir un incendio provocado, un robo con allanamiento, un robo, un robo agravado, un hurto nocturno o daños dolosos nocturnos, o para impedir que una persona que huye inmediatamente después de un robo con allanamiento, un robo, un robo agravado o un hurto nocturno escape con la propiedad. Y la persona tiene que creer razonablemente que la propiedad no puede protegerse ni recuperarse por ningún otro medio, o que la fuerza no letal expondría a alguien a un riesgo sustancial de muerte o de lesión corporal grave.

Ese último requisito es el que anula el privilegio. Llamar a la policía es otro medio. Fotografiar una placa de matrícula es otro medio. Presentar una reclamación al seguro es otro medio. En la práctica, la section 9.42 casi exige lo imposible. Cada cláusula operativa depende de "reasonably believes" (cree razonablemente), de modo que un jurado juzga la creencia de la persona y define la razonabilidad a posteriori.

Inmunidades y quién paga en realidad

• La Sección 1983 solo alcanza a los agentes del Estado. La sección 1983 del Título 42 del Código de los Estados Unidos no se aplica a un ciudadano particular que dispara contra otro ciudadano particular. Bivens v. Six Unknown Named Agents, 403 U.S. 388 (1971), es la única vía contra un agente federal. Egbert v. Boule, 596 U.S. 482 (2022), y Goldey v. Fields, resuelto el 30 de junio de 2025, la han reducido casi a nada fuera del contexto original. En un asunto que involucra a personal federal, la acción constitucional por daños no está disponible en gran medida, sea cual sea la fuerza usada, y el caso pasa a la Federal Tort Claims Act o a demandas conforme al derecho estatal.
• La inmunidad calificada solo está disponible para los agentes del Estado individuales. No se aplica a un tirador particular ni a un municipio. La Parte 9 la trata.
• Los municipios no tienen inmunidad calificada y no pagan daños punitivos. Owen v. City of Independence, 445 U.S. 622 (1980), y City of Newport v. Fact Concerts, 453 U.S. 247 (1981). Esa combinación explica por qué la demanda contra el municipio suele ser la única vía para obtener una indemnización de valor completo cuando el agente obtiene la inmunidad, y por qué el municipio demandado la combate con más fuerza.
• Las leyes estatales de reclamaciones por responsabilidad civil son el obstáculo que más a menudo se pasa por alto. Los plazos para el aviso de reclamación son cortos, jurisdiccionales e implacables, y van de noventa días en varios estados a un año en otros. En muchos estados se aplican topes a los daños. La inmunidad oficial protege los actos discrecionales en la mayoría. Nada de esto se aplica a una demanda conforme a la Sección 1983, lo que es una razón para demandar en el ámbito federal incluso en un caso sólido conforme al derecho estatal.
• El respondeat superior opera contra un empleador privado y no contra un municipio. Esa asimetría hace con frecuencia que la empresa de seguridad privada sea la mejor parte demandada, y explica por qué un caso contra un guardia contratado puede valer más que el mismo tiroteo cometido por un agente juramentado.

Sobre quién paga: Joanna Schwartz, "Police Indemnification," 89 New York University Law Review 885 (2014), estudió 81 agencias de las fuerzas del orden entre 2006 y 2011 y halló que los gobiernos pagaron el 99.98 por ciento de los aproximadamente $730 millones obtenidos por daños. Los agentes prácticamente nunca contribuyeron de su bolsillo, ni siquiera cuando fueron sancionados, despedidos o procesados penalmente. La excepción confirma la regla. Un jurado de Dallas dictó en noviembre de 2024 un veredicto de aproximadamente $98.65 millones contra un agente fuera de servicio a título personal, y nadie lo cobrará.

La capacitación y la vara con que se mide a cada parte

Graham pregunta qué haría un agente razonable en la escena. Ese agente no es una persona razonable cualquiera. Es alguien que completó una academia acreditada, tiene una certificación estatal y trabaja conforme a una política escrita. Cada uno de esos elementos está sujeto a la exhibición de pruebas y cada uno aporta una vara de medir.

La encuesta del Bureau of Justice Statistics sobre las academias estatales y locales de capacitación de las fuerzas del orden correspondiente a 2022 informó que la capacitación básica promedió 806 horas en total, con un promedio de 73 horas de habilidades con armas de fuego, 64 horas de tácticas defensivas, 22 horas de reducción de la tensión y habilidades verbales, y 21 horas de respuesta a enfermedades mentales y salud conductual. El setenta y cinco por ciento de los reclutas recibió capacitación en simulador de uso de la fuerza, el noventa y ocho por ciento se capacitó bajo estrés simulado y el noventa y seis por ciento recibió capacitación para identificar la fuerza excesiva de otro agente o responder ante ella. El ochenta y nueve por ciento de las academias exigía capacitación de campo después del curso básico.

El guardia de seguridad privado armado porta la misma arma con una fracción de esa capacitación. Varios estados no exigen ninguna licencia estatal individual y regulan solo al empleador. Donde los estados sí otorgan licencias, la capacitación obligatoria con armas de fuego suele ir de ocho a cuarenta y siete horas, y la capacitación sin armas de ocho a cuarenta y dos. Algunos estados dejan las licencias en manos de las ciudades. Compare eso con las 73 horas de academia más la calificación periódica, la capacitación de campo y la capacitación continua, y la disparidad es precisamente lo importante: el guardia porta la misma arma con una fracción de la capacitación y sin ninguna autoridad legal.

La asimetría y hacia dónde corta

Lo inverso vale para el tirador particular. No hay inmunidad calificada, no hay privilegio de arresto que justifique el inicio del encuentro y no hay indemnización salvo que la aporte un empleador o una póliza de seguro de vivienda. Pero sí hay una defensa con un componente subjetivo que el Estado tiene que refutar más allá de toda duda razonable en el caso penal, no hay deber de retirarse en la mayoría de los estados, existen las protecciones del castillo y, en algunos estados, una audiencia previa al juicio sobre inmunidad que pone fin al asunto antes de que lo vea un jurado. La exposición del civil es más personal y menos institucional. La del agente es más institucional y más difícil de alcanzar.

La mayoría de los abogados recurren primero a la Cuarta Enmienda. Es la teoría más difícil del repertorio, y en algunos estados es la única que funciona. En otros es la que conviene alegar última.

Un tiroteo también es un caso de lesiones personales, un caso de muerte por negligencia (wrongful death), un caso de capacitación negligente y, a veces, un delito. Cada uno se rige por sus propios elementos, su propia carga de la prueba, sus propias inmunidades y sus propios daños. Alegue todos juntos, porque fracasan por separado. La Parte 6 trata la demanda por capacitación por sí sola, porque suele ser la más sólida del expediente.

Lo que realmente pregunta cada teoría

Lea la segunda fila frente a la primera. La demanda por negligencia pregunta por el cuidado, no por la razonabilidad conforme a la Constitución, y ninguna inmunidad calificada la responde. El costo es que la indemnización suele tener tope y no hay traslado de honorarios. Ese intercambio es toda la cuestión estratégica de esta Parte.

El caso de negligencia y el estándar que lo rige

Al agente no se le mide contra una persona razonable. Se le mide contra un agente razonable con habilidad, capacitación y experiencia similares. Bassett v. Lamantia, 2018 MT 119, 391 Mont. 309, 417 P.3d 299 (2018), lo dice con esas palabras. Es un estándar de negligencia profesional, y cada hora de capacitación que recibió el agente se convierte en una especificación que se le puede exigir.

Dos decisiones llevan la teoría más lejos de lo que alcanza la Cuarta Enmienda.

Seis fuentes aportan el estándar de cuidado, en orden aproximadamente descendente de peso. Una ley que fija un estándar de uso de la fuerza. La política escrita de la propia agencia. La capacitación que el agente realmente recibió, que es la prueba de la propia agencia sobre lo que consideraba que exigía el cuidado razonable. Los requisitos estatales de normas y capacitación para agentes del orden. Las políticas modelo nacionales y las prácticas generalmente aceptadas, que ingresan mediante testimonio pericial como prueba de la costumbre. Y, para un guardia, la ley estatal de licencias.

Negligencia per se, y dónde funciona

La infracción de una ley establece el incumplimiento cuando la parte demandante pertenece a la clase que la ley protege y la lesión es del tipo que la ley pretendía evitar. Los estados se dividen en tres posturas sobre el efecto. La mayoría trata una infracción no justificada como concluyente. Alrededor de una docena la trata como un indicio para el jurado. Unos pocos la tratan como una presunción refutable.

Elija la ley correcta. Una disposición penal sobre el uso de la fuerza es una candidata débil, porque le dice al agente cuándo se permite la fuerza y no qué cuidado debe emplear, y los tribunales rechazan la doctrina cuando una ley confiere discreción o establece una justificación. Las leyes de capacitación y de licencias son las candidatas sólidas. Un reglamento de horas mínimas, o una ley sobre guardias armados que exige un curso de armas de fuego antes de que un guardia pueda portar un arma, es prescriptivo, protege al público expuesto a personal armado y apunta exactamente al daño.

La doctrina del deber público, y la respuesta a ella

Un deber que se debe al público en general no se debe a nadie en particular. Esa regla, que se remonta a South v. Maryland, 59 U.S. 396 (1855), es lo primero que plantea una parte demandada frente a una demanda de derecho estatal, y acaba con los casos por falta de protección.

Por lo general no se aplica a un tiroteo, y la razón es la distinción entre actuación indebida y omisión. La actuación indebida es una conducta activa que causa un daño concreto. La omisión es no proteger frente a un daño que el agente no creó. La doctrina se ocupa de la segunda.

Nueva York tomó el camino contrario, y a quien presente la regla de la actuación indebida como universal lo van a corregir. Ferreira v. City of Binghamton, 38 N.Y.3d 298 (2022), sostiene que el requisito del deber especial se aplica a toda demanda por negligencia contra un municipio que actúa en su capacidad gubernamental, incluso aquella en la que el propio empleado municipal causó la lesión. La policía disparó contra un hombre desarmado que dormía en un sofá durante una entrada sin aviso previo, y aun así la parte demandante tuvo que probar el deber especial.

Lo probó. Nueva York reconoce tres vías hacia el deber especial, y la tercera fue la que prosperó: el municipio asumió el control efectivo de una condición de seguridad conocida y peligrosa. Los agentes que ejecutan una orden de entrada sin aviso previo “toman el control del inmueble objetivo y crean a sabiendas una condición impredecible y potencialmente peligrosa”. Si eso alcanza un encuentro en la calle o una detención de tránsito sigue sin resolverse.

Mantenga separadas dos doctrinas de Nueva York, porque los abogados las confunden constantemente. El deber especial es un elemento de la demanda, que la parte demandante alega y prueba, y se resuelve primero. La regla del juicio profesional es una defensa afirmativa, que el municipio alega y prueba, y solo se examina si se establece el deber especial. Y la inmunidad por juicio profesional desaparece cuando el municipio infringe sus propias normas internas, que es la oportunidad de la parte demandante.

La inmunidad estatal, y el contrapeso honesto

Los tribunales califican la decisión de disparar como discrecional casi en todas partes, y la inmunidad discrecional es el obstáculo central de la demanda de derecho estatal. Cameron v. Lang, 274 Ga. 122, 549 S.E.2d 341 (2001), lo dice sin rodeos: disparar un arma contra un sospechoso es un acto discrecional.

Tres maneras de sortearla.

1. Ataque en cambio la conducta previa al disparo. Las decisiones tácticas se califican como operativas y no como decisiones de política, y con frecuencia se rigen por directivas de capacitación obligatorias. Cambie el enfoque de “la decisión de disparar” a “las decisiones que hicieron necesario disparar”. Por eso Hayes y Beltran-Serrano importan tanto.
2. Encuentre la disposición obligatoria. La inmunidad no protege la infracción de una directiva que elimina la discreción. “No disparará cuando ello ponga en peligro innecesariamente a personas inocentes” confiere juicio. “No disparará contra un vehículo en movimiento ni desde él” no lo confiere. Construya el plan de exhibición de pruebas (discovery) en torno a encontrar redacción del segundo tipo.
3. Alegue el agravio intencional. En la mayoría de sus formulaciones, la inmunidad discrecional no se extiende a la malicia, a la conducta deliberada y desconsiderada ni a la lesión intencional.

Respondeat superior, la mayor ventaja estructural

Conforme al derecho estatal de responsabilidad civil, un municipio por lo general sí tiene responsabilidad vicaria por los agravios de un agente dentro del ámbito de su empleo. Sin política. Sin costumbre. Sin responsable final de las políticas. Sin indiferencia deliberada. Sin patrón de incidentes previos.

Esa es la mayor diferencia entre la demanda estatal y una demanda contra el municipio con base en Monell, y es la razón para alegar el derecho estatal aun cuando la demanda federal parezca sólida. La sección 815.2(a) del California Government Code es el ejemplo legislativo, y Mary M. v. City of Los Angeles, 54 Cal. 3d 202 (1991), sostiene que el respondeat superior se aplica por igual a empleadores públicos y privados.

Seis factores juegan en contra, y los seis deben verificarse en el foro.

• Inmunidad derivada. La sección 815.2(b) del California Government Code y 745 Illinois Compiled Statutes 10/2-109 disponen que, cuando el empleado es inmune, la entidad es inmune. En un estado con una inmunidad oficial fuerte, eso borra la ventaja.
• Exclusiones de agravios intencionales en la ley de reclamaciones por responsabilidad civil, que es el problema de Texas descrito más arriba.
• Disputas sobre el ámbito del empleo. Algunos estados sitúan los agravios intencionales, por categoría, fuera de ese ámbito. California sostiene que el abuso de autoridad de un agente puede estar dentro de él precisamente porque el empleo le dio la autoridad.
• La inversión de Florida. Conforme a la sección 768.28(9)(a) de los Florida Statutes, la entidad es la única parte demandada salvo que el agente haya actuado de mala fe, con propósito malicioso o con desprecio desconsiderado y deliberado. Si se prueba ese estándar, la responsabilidad pasa de la entidad a una persona que probablemente no pueda pagar una sentencia. Es una bifurcación real, y usted tiene que elegir.
• Sin daños punitivos contra una entidad pública, casi en todas partes.
• Topes. Aproximadamente la mitad de los gobiernos municipales aceptan la responsabilidad por respondeat superior por esta conducta conforme al derecho estatal, y la mayoría de esos estados fijan un tope a la indemnización, por lo común entre $100,000 y $500,000.

Plantee el intercambio con claridad en lugar de vender solo una de sus caras. El derecho estatal de responsabilidad civil ofrece respondeat superior, un estándar de responsabilidad más bajo y ninguna inmunidad calificada. A cambio, pone tope a la indemnización, niega daños punitivos contra la entidad e impone un plazo de aviso que puede ser de apenas noventa días. La Sección 1983 conlleva traslado de honorarios conforme a la sección 1988(b), sin equivalente estatal en la mayoría de las jurisdicciones, lo que en muchos casos es el dato económico decisivo. Alegue ambas.

La muerte por negligencia y la supervivencia son dos demandas con dos titulares

La consecuencia en la distribución suele pasarse por alto. Cuando el fallecido tenía deudas considerables, los acreedores pueden absorber la indemnización por supervivencia, mientras que la indemnización por muerte por negligencia pasa a la familia. Alegue y litigue ambas como demandas separadas, con renglones separados en el veredicto.

La mayor parte del valor de la supervivencia en un caso de tiroteo está en el dolor y sufrimiento consciente antes de la muerte, y ahí es donde la defensa pelea con más fuerza, al alegar muerte instantánea o pérdida inmediata del conocimiento. La prueba es el testimonio del médico forense, el audio de la escena, las marcas de tiempo de la cámara corporal y el video de transeúntes que establezca un intervalo de consciencia.

Dos estados son casos extremos en cuanto a los daños por muerte por negligencia. Nueva York solo permite el perjuicio pecuniario, de modo que el duelo, la angustia y la pérdida de compañía no son indemnizables, conforme a una ley que data de 1847. La Grieving Families Act, que lo cambiaría, ha sido vetada cuatro veces, la más reciente en diciembre de 2025, y no es ley. Alabama solo permite daños punitivos, no compensatorios. Los otros cuarenta y ocho permiten alguna indemnización no económica, y varios la ampliaron recientemente.

La trampa es el plazo de aviso, no el de prescripción. El aviso de reclamación es de noventa días en Nueva York y Nueva Jersey, de seis meses en California y Texas, y de ciento ochenta días en Arizona, Idaho y Utah. Un caso municipal de muerte por negligencia en Nueva York es, en la práctica, un caso de noventa días. Anótelo en el calendario el día en que lo contraten.

Las demandas propias de la familia

La causación negligente de daño emocional se rige por una de dos reglas, y la elección del foro decide si un padre que presenció los hechos tiene una demanda.

Conforme a la regla de la zona de peligro, la parte demandante debe haber estado dentro del peligro físico que creó la parte demandada y haber temido por su propia seguridad. En un tiroteo eso significa estar dentro de la línea de fuego, lo cual no es descabellado: las balas perdidas, la sobrepenetración y el fuego cruzado ponen ahí con frecuencia a los familiares. En un estado de zona de peligro, desarrolle la prueba balística para situar al padre en la línea de fuego.

La regla del transeúnte proviene de Dillon v. Legg, 68 Cal. 2d 728 (1968), y Thing v. La Chusa, 48 Cal. 3d 644 (1989), convirtió sus factores en elementos. La parte demandante debe tener un parentesco cercano con la víctima. Debe estar presente en el lugar cuando ocurre la lesión y ser consciente en ese momento de que está causando una lesión. Y debe sufrir un daño emocional grave como resultado. La relación entre padre e hijo satisface el parentesco. La disputa gira en torno a la presencia y la consciencia simultánea. Un padre que miraba desde una puerta por lo general gana. Un padre que oyó los disparos y salió por lo general pierde.

El enfoque relacional es la tendencia moderna y la postura de la sección 48 del Restatement (Third) of Torts. Una minoría considerable conserva la regla de la zona de peligro, y unos pocos estados todavía exigen impacto físico. No publique un recuento. Revise el foro.

Hay otras dos vías poco aprovechadas. La sección 46(2) del Restatement (Second) of Torts permite que un miembro de la familia inmediata de la víctima que esté presente en ese momento obtenga indemnización por causación intencional, sin requisito de zona de peligro, sin requisito de manifestación física y sin elemento de consciencia. Eso es sustancialmente más fácil que la causación negligente, y debe alegarse junto con ella cuando el disparo fue intencional e injustificado. Y tenga en cuenta que los hechos más sólidos para la causación intencional en estos casos suelen ser posteriores al disparo: auxilio retrasado o negado, burlas, un cuerpo dejado sin cubrir a la vista del público, la conducta hacia la familia en el lugar.

La pérdida de consorcio (loss of consortium) sigue un patrón curioso que conviene conocer. El consorcio conyugal se reconoce casi en todas partes. La demanda de un hijo por la lesión de un padre, y la de un padre por la lesión de un hijo, son reglas minoritarias. Pero las demandas correspondientes por muerte son casi universales, porque las leyes de muerte por negligencia autorizan de manera independiente daños por pérdida de la compañía en cuarenta y ocho estados. Así que en algunos estados una familia obtiene más cuando la víctima muere que cuando sobrevive, y el abogado no debe suponer que el caso de la víctima sobreviviente es el más fácil en cuanto a daños.

La escala de culpabilidad, y lo que abre cada peldaño

Subir por la escala cambia lo que está disponible, y los términos se usan con tanta imprecisión que hay que ajustarlos a la definición del foro.

1. Negligencia ordinaria. No emplear un cuidado razonable. Objetiva, sin necesidad de conocer el riesgo. Solo daños compensatorios.
2. Negligencia grave. En la mayoría de los estados no es un estado mental distinto, sino una negligencia de grado agravado. California la define como “la falta incluso del mínimo cuidado o una desviación extrema del estándar ordinario de conducta”. Texas exige por ley tanto un grado de riesgo objetivamente extremo como el conocimiento subjetivo real de ese riesgo por parte de quien actúa.
3. Temeridad, conducta deliberada y desconsiderada, desprecio consciente. La sección 500 del Restatement (Second) of Torts define el desprecio temerario como actuar, u omitir actuar cuando existe un deber, sabiendo o teniendo motivos para saber hechos que llevarían a una persona razonable a darse cuenta no solo de que la conducta crea un riesgo irrazonable de daño físico, sino de “que dicho riesgo es sustancialmente mayor que el necesario para que su conducta sea negligente”. La sección 2 del Restatement (Third) restringe el elemento de conocimiento y agrega una prueba de la carga de la precaución, que favorece al perito de la parte demandante porque invita a probar que la precaución omitida era barata en relación con el riesgo.
4. Conducta intencional y malicia real. El propósito de causar la consecuencia, o el conocimiento de que es sustancialmente seguro que ocurra.

La mayoría de los estados tratan la temeridad, el desprecio consciente y la indiferencia temeraria como el mismo estándar. Ohio no, y Anderson v. Massillon, 134 Ohio St. 3d 380 (2012), sostiene que los términos describen grados distintos de cuidado y no son intercambiables. Observe el orden de Ohio, que sorprende a muchos: la conducta desconsiderada, es decir, no ejercer cuidado alguno cuando existe una gran probabilidad de daño, es más culpable que la conducta temeraria, es decir, el desprecio consciente de un riesgo conocido u obvio. En un caso de Ohio, la excepción a la inmunidad está ligada a esos términos, así que la distinción decide los resultados.

Illinois va en sentido contrario y trata lo deliberado y desconsiderado como una categoría gradual. Ziarko v. Soo Line Railroad, 161 Ill. 2d 267 (1994), lo llama “un híbrido entre los actos considerados negligentes y la conducta considerada intencionalmente ilícita”, que “puede estar apenas unos grados por encima de la negligencia ordinaria” en un caso y “apenas unos grados por debajo de la conducta ilícita intencional” en otro.

Desprecio consciente por la vida humana

Esta es la expresión que da lugar a los daños punitivos, rompe la inmunidad en varios estados y tiene un gemelo penal. También es la conclusión que con más frecuencia se le pide a un perito respaldar sin que se le permita enunciarla.

En el ámbito civil, la sección 3294 del California Civil Code es representativa: los daños punitivos exigen una conducta despreciable llevada a cabo con un desprecio deliberado y consciente de los derechos o la seguridad de los demás. Minnesota exige prueba clara y convincente de un desprecio deliberado de los derechos o la seguridad de los demás, que existe cuando la parte demandada conocía hechos que creaban una alta probabilidad de lesión y aun así procedió deliberadamente con desprecio consciente de ella.

En el ámbito penal, el análogo es el homicidio por corazón depravado, o la indiferencia extrema ante el valor de la vida humana. Observe un límite importante: State v. Noor, 964 N.W.2d 424 (Minn. 2021), sostuvo que el homicidio por mente depravada exige una indiferencia generalizada ante la vida humana y no puede cometerse contra una persona concreta, lo que anuló una condena en un tiroteo con participación de un agente. No todos los estados coinciden, pero el razonamiento se extiende, y por eso los cargos por corazón depravado encajan mal en un disparo dirigido contra alguien.

Daños punitivos

• Contra un agente a título personal conforme a la Sección 1983, Smith v. Wade, 461 U.S. 30 (1983), permite daños punitivos cuando la conducta está “motivada por un móvil o una intención malvados, o cuando implica una indiferencia temeraria o insensible ante los derechos de otros protegidos por la ley federal”. La prueba es disyuntiva. Basta la temeridad, y no es necesario demostrar un móvil malvado.
• No contra un municipio. City of Newport v. Fact Concerts, 453 U.S. 247 (1981). La misma prohibición alcanza las demandas contra funcionarios en su capacidad oficial, que son demandas contra la entidad, así que demande al agente a título personal si los daños punitivos importan.
• No contra los Estados Unidos. 28 United States Code, sección 2674.
• Contra una empresa privada, la mayoría de los estados aplican la regla de complicidad de la sección 909 del Restatement (Second) of Torts, así que la parte demandante debe llegar a la conducta propia de la empresa. El inciso (b), según el cual el agente no era apto y el principal fue temerario al emplearlo, es la vía de la contratación negligente hacia los daños punitivos, y es la razón por la que el expediente de personal importa tanto.
• Límites constitucionales. BMW of North America v. Gore, 517 U.S. 559 (1996), y State Farm v. Campbell, 538 U.S. 408 (2003), fijan las pautas: reprochabilidad, proporción y sanciones comparables. “Pocas indemnizaciones que superen en grado significativo una proporción de un solo dígito entre daños punitivos y compensatorios satisfarán el debido proceso”. Dos de los cinco factores de reprochabilidad son el daño físico y el desprecio temerario por la salud o la seguridad, y un tiroteo alcanza ambos al máximo, lo que respalda una proporción en el extremo alto. Espere que la defensa cite la salvedad: cuando los daños compensatorios son sustanciales, una proporción cercana a uno a uno puede ser el límite exterior.
• Los topes estatales no se aplican a los daños punitivos de la Sección 1983, que se rigen por el common law federal. Felder v. Casey, 487 U.S. 131 (1988), aporta el razonamiento de la preeminencia.

La exposición penal, y lo que decide y no decide

La escala va desde el homicidio hasta los delitos de puesta en peligro, y el peldaño que más importa en este ámbito es el que la gente olvida.

• La puesta en peligro temeraria o desconsiderada alcanza conductas que no lesionaron a nadie. La sección 508.060 de los Kentucky Revised Statutes tipifica como puesta en peligro desconsiderada en primer grado incurrir de forma desconsiderada en una conducta que crea un peligro sustancial de muerte o de lesión física grave “en circunstancias que manifiestan una indiferencia extrema ante el valor de la vida humana”, y una enmienda reciente agrava el delito cuando la persona dispara un arma de fuego. La sección 120.25 de la New York Penal Law exige una conducta que cree un riesgo grave de muerte “en circunstancias que evidencian una indiferencia depravada ante la vida humana”. La puesta en peligro temeraria en primer grado en Nueva York es el homicidio por indiferencia depravada sin la muerte.
• El homicidio culposo y el homicidio por negligencia criminal son donde suelen terminar los procesos contra agentes, cuando llegan a algún lado.
• La sección 242 del Título 18 alcanza la privación de derechos al amparo de la autoridad legal, y su obstáculo es la voluntariedad. Screws v. United States, 325 U.S. 91 (1945), exige intención específica, aunque no el conocimiento de la disposición constitucional por su nombre. Los fiscales la prueban de la misma forma en que las partes demandantes civiles prueban el desprecio consciente: la capacitación sobre los límites, la política escrita que los recoge, el asesoramiento previo y una conducta que se aparta de ambos.
• La conducta oficial indebida y la agresión con arma letal completan las opciones de acusación.

Una absolución no tiene efecto preclusivo en el caso civil, porque las cargas de la prueba son distintas. La parte demandante aún puede probar los mismos hechos por preponderancia de la prueba, y en la mayoría de los tribunales la absolución ni siquiera es admisible como prueba de su veracidad. Una condena a menudo tiene el efecto contrario y es preclusiva contra la parte demandada, porque el jurado penal determinó los hechos más allá de toda duda razonable.

Cómo elegir la teoría

Quien disparó tuvo un margen de decisión que se mide en fracciones de segundo. La agencia que lo contrató, lo armó y lo capacitó tuvo años.

Esa asimetría explica por qué la demanda por capacitación suele ser la más sólida del expediente. Además, sobrevive a cosas que acaban con la demanda contra la persona. La inmunidad calificada no alcanza a un municipio. Una absolución penal no dice nada sobre si el departamento enseñó lo que debía. Y un agente que gana en cuanto a la razonabilidad puede haber sido llevado al fracaso por un empleador que nunca le enseñó lo que habría evitado el disparo.

Dos demandas totalmente distintas reciben el nombre de “falta de capacitación”, y confundirlas cuesta casos. Una se basa en la negligencia ordinaria. La otra se basa en la indiferencia deliberada y por lo general necesita un patrón documentado de incidentes previos. Examínelas en ese orden, porque la más fácil es la que la mayoría de los abogados omiten.

Dos versiones de la misma demanda

Una demanda estatal por capacitación negligente pregunta si un empleador razonable habría capacitado de otra forma y si esa falta causó el disparo. Es una cuestión de testimonio pericial. Una demanda Monell por capacitación exige un patrón documentado de incidentes previos similares que un responsable de las políticas conocía e ignoró. Es una cuestión de archivo, y el archivo por lo general no existe.

Los elementos son una relación laboral, un empleado que no era apto o era peligroso, un empleador que sabía o debía haber sabido, causalidad y daños. Algunos estados exigen que el acto haya ocurrido en las instalaciones del empleador o con un bien mueble del empleador, lo que un arma de fuego entregada por la agencia satisface sin discusión.

Frente a una entidad pública, la teoría a menudo muere por la inmunidad. California prohíbe la responsabilidad directa de la entidad por contratación y supervisión negligentes, salvo que exista una ley específica, conforme a la sección 815 del Government Code y De Villers v. County of San Diego. La solución es demandar por la negligencia del supervisor como un agravio del empleado del que la entidad responde de forma vicaria, lo cual choca entonces con la inmunidad derivada. Frente a una empresa privada de seguridad, nada de eso se aplica.

Entrega negligente de un arma de fuego

Un empleador que pone un arma en manos de alguien no apto para portarla es directamente responsable conforme a la sección 390 del Restatement (Second) of Torts. Los elementos son la entrega del bien mueble, un receptor no apto para usarlo de forma segura, el conocimiento o los motivos para conocer esa falta de aptitud por parte de la parte demandada, un uso negligente o peligroso, causalidad y daños.

Observe el estándar de conocimiento. Los tribunales aplican mayoritariamente el “sabe o tiene motivos para saber” de la sección 390, no el más amplio “debería saber” de la sección 308. Es la diferencia entre “el antecedente descalificante estaba en el expediente de personal” y “un empleador cuidadoso habría buscado”.

La teoría se gana su lugar porque es directa, no vicaria. No depende del ámbito del empleo, así que alcanza al empleador que armó a un guardia no apto incluso cuando el disparo ocurrió fuera de servicio, fuera del ámbito del empleo o de forma intencional.

La versión constitucional, y la nota al pie que importa

City of Canton v. Harris, 489 U.S. 378 (1989), sostiene que una capacitación inadecuada sustenta la responsabilidad municipal solo cuando la falta equivale a indiferencia deliberada hacia los derechos de las personas con las que la policía entra en contacto, y solo cuando refleja una elección deliberada o consciente del municipio. La deficiencia identificada debe estar estrechamente relacionada con la lesión y haber causado realmente la infracción. Casos posteriores exigen que la política sea la fuerza motriz.

La nota al pie 10 de Canton es la frase más útil de esta jurisprudencia para un perito en uso de la fuerza. Los responsables de las políticas municipales saben con certeza moral que los agentes tendrán que arrestar a delincuentes que huyen y que los agentes van armados. Capacitar a los agentes sobre los límites constitucionales de la fuerza letal es tan obviamente necesario que omitirlo puede equivaler a indiferencia deliberada sin ningún patrón previo. Esa nota al pie es el origen de la responsabilidad por un incidente único, y se refiere específicamente a la capacitación en fuerza letal.

Connick v. Thompson, 563 U.S. 51 (2011), sostuvo luego que por lo general es necesario un patrón de infracciones similares para demostrar indiferencia deliberada. Lea la distinción con cuidado antes de concederla. La Corte se negó a aplicar la hipótesis de Canton a los fiscales porque los abogados ya tienen formación jurídica profesional y obligaciones éticas, de modo que una infracción en la exhibición de pruebas (discovery) no es la consecuencia obvia de la falta de capacitación interna. Ese razonamiento no se traslada a los reclutas de policía, y la Corte no alteró la nota al pie 10 en lo que respecta a los agentes armados y la fuerza letal.

Board of County Commissioners of Bryan County v. Brown, 520 U.S. 397 (1997), fija el umbral para la contratación negligente: una sola decisión de contratación sustenta la responsabilidad solo cuando un examen adecuado de los antecedentes del solicitante llevaría a un responsable razonable de las políticas a concluir que la consecuencia claramente obvia sería una privación de derechos. Se aplican estándares rigurosos de culpabilidad y causalidad.

Qué lo prueba

Aquí es donde un perito en prácticas policiales hace su trabajo de mayor peso, porque esta causa sobrevive a la inmunidad del agente. Los cinco elementos básicos que siguen sirven por igual a la demanda estatal y a la constitucional. Lo que cambia es cuánto de cada uno se necesita.

• Análisis de las políticas. Las políticas escritas de la agencia sobre uso de la fuerza, persecuciones vehiculares, disparos contra vehículos, inmovilización boca abajo, intervención en crisis y presentación de informes, comparadas con el mínimo constitucional, con los referentes reconocidos y con las versiones anteriores de las propias políticas de la agencia. Dos hallazgos rinden frutos. Uno es una política que, a simple vista, queda por debajo del mínimo constitucional. El otro es una política bien redactada que la agencia contradice en la práctica.
• Registros de capacitación. Los planes de estudio de la academia y de la capacitación continua, los planes de lección, las horas, los registros de calificación, los registros del simulador, la capacitación correctiva y el expediente de capacitación de cada agente. La pregunta no es si hubo capacitación. Es qué se enseñó, con qué frecuencia, con qué escenarios y si coincidía con la política escrita. Lombardo es el modelo: la propia Corte Suprema señaló la capacitación del departamento que advertía sobre la asfixia en la inmovilización boca abajo.
• Datos de incidentes y quejas previos. Informes de uso de la fuerza, quejas de ciudadanos, expedientes de asuntos internos, datos del sistema de intervención temprana, demandas y acuerdos previos, y cualquier conclusión de un monitor. La similitud fáctica es el campo de batalla. Un patrón de quejas por fuerza excesiva casi no vale nada. Un patrón de la misma maniobra, en la misma unidad, en las mismas circunstancias, denunciado antes y no corregido, es el caso. Tres comparadores sólidos valen más que diez débiles.
• Revisión de supervisión e investigación. Cómo investigó la agencia los incidentes previos. Las investigaciones superficiales que siempre concluyen que la conducta se ajustó a la política son la prueba más sólida de ratificación y de costumbre que existe. Ese patrón demuestra conocimiento y una decisión de no actuar.
• Causalidad. Hay que vincular la deficiencia identificada con la decisión específica de este agente en este incidente. “Una mejor capacitación habría ayudado” no basta. “Este agente nunca recibió capacitación en X, la agencia sabía que los agentes se enfrentaban a X de forma habitual, los agentes ya habían manejado mal X en un número documentado de ocasiones, y este agente hizo exactamente lo que la capacitación ausente habría abordado” es un dictamen pericial contra el municipio.

Los cuatro ataques, y las respuestas honestas

Descertificación, licencias y el registro que nadie lleva

Cuarenta y nueve agencias de normas y capacitación para agentes del orden, las de los estados más la del Distrito de Columbia, aportan datos al National Decertification Index, que contenía más de 53,500 registros según su informe técnico de 2024. En muchos estados la presentación de informes es voluntaria, y esa es la brecha que hace posible el problema del agente itinerante.

El equivalente federal ya no existe. La National Law Enforcement Accountability Database se lanzó en diciembre de 2023, contenía 4,790 incidentes admisibles de noventa y cuatro agencias federales y se dio de baja en enero de 2025. Solo abarcaba a los agentes federales.

La seguridad privada no tiene ningún equivalente. Casi todos los estados otorgan licencia tanto a la empresa como a cada guardia, con una autorización separada de armas de fuego para los guardias armados, por lo general a través de una agencia de asuntos del consumidor o de la policía estatal y no de una comisión de capacitación. No hay ningún índice.

Estos registros importan para el caso civil de cuatro maneras. Una descertificación o revocación es una conclusión de un órgano neutral. La solicitud y la verificación de antecedentes que se hizo o no se hizo son el caso de contratación negligente. Un registro que el empleador pudo haber encontrado y no encontró es la prueba de conocimiento. Y la ausencia de cualquier registro nacional es en sí misma el argumento de que un empleador cuidadoso tenía que buscar con más empeño, no con menos.

Qué exigir, y qué prueba

El caso de capacitación se construye con documentos, y los documentos existen. Las agencias y las empresas de seguridad los generan porque los organismos de licencias, las entidades acreditadoras y las aseguradoras los exigen.

Seis decisiones de la Corte Suprema hacen la mayor parte del trabajo en un caso de uso de la fuerza policial. Apréndalas en orden, porque cada una estrecha o amplía el marco dentro del cual opera la siguiente.

Graham v. Connor es el marco de todo

Graham v. Connor, 490 U.S. 386 (1989), decidido por unanimidad, sostiene que toda demanda por fuerza excesiva durante un arresto, una detención con fines de investigación o cualquier otra aprehensión de un ciudadano libre se analiza conforme al estándar de razonabilidad objetiva de la Cuarta Enmienda, y no conforme al debido proceso sustantivo. Dethorne Graham era un diabético en plena reacción a la insulina que salió apresurado de una tienda de conveniencia, y la detención que siguió le dejó un pie fracturado, cortes en las muñecas, un hematoma en la frente y un hombro lesionado.

La Corte enumeró tres factores, y son factores, no elementos:

1. la gravedad del delito en cuestión;
2. si el sujeto representa una amenaza inmediata para la seguridad de los agentes o de otros;
3. si el sujeto se resiste activamente al arresto o intenta evadirlo mediante la huida.

Cuatro frases de la opinión se citan en todos estos casos, y un perito debe sabérselas de memoria. La razonabilidad “debe juzgarse desde la perspectiva de un agente razonable en el lugar de los hechos, y no con la visión 20/20 de la retrospectiva”. El cálculo “debe tener en cuenta que los agentes de policía a menudo se ven obligados a tomar decisiones en fracciones de segundo, en circunstancias tensas, inciertas y en rápida evolución, sobre la cantidad de fuerza necesaria en una situación determinada”. La pregunta es si las acciones son objetivamente razonables “sin considerar su intención o motivación subyacente”. Y: “Las malas intenciones de un agente no convertirán un uso objetivamente razonable de la fuerza en una violación de la Cuarta Enmienda, ni las buenas intenciones de un agente harán constitucional un uso objetivamente irrazonable de la fuerza”.

Tennessee v. Garner: la amenaza, no el delito

Tennessee v. Garner, 471 U.S. 1 (1985), sostuvo que la fuerza letal para impedir la fuga de un sospechoso es irrazonable a menos que el agente tenga causa probable para creer que el sospechoso representa una amenaza significativa de muerte o de lesiones físicas graves para el agente o para otros. Un agente de Memphis le había disparado en la nuca a Edward Garner, de 15 años, mientras este trepaba una cerca para huir de un robo en una vivienda, al amparo de una ley que permitía todos los medios necesarios para arrestar a cualquier delincuente grave en fuga. La Corte declaró la ley inconstitucional en su aplicación.

Dos aspectos de Garner se usan mal. El primero es el requisito de advertencia, que es condicional: se exige una advertencia “cuando sea factible”. La factibilidad es una cuestión de hecho, lo que la convierte en una cuestión pericial. ¿Había tiempo, distancia, cobertura y una vía audible para una advertencia? El audio de las cámaras corporales, las marcas de tiempo de las comunicaciones por radio y la secuencia de los disparos son las pruebas. “No era factible” es una conclusión que debe construirse a partir de la cronología, no afirmarse desde el estrado de los testigos.

El segundo es que Garner no es una prueba independiente con sus propios elementos. Scott v. Harris, 550 U.S. 372 (2007), lo dijo directamente: Garner “no estableció un interruptor mágico de encendido y apagado que active condiciones previas rígidas cada vez que las acciones de un agente constituyan fuerza letal”. Garner es Graham aplicado a un conjunto de hechos. Un perito que declare que Garner impone elementos autónomos será impugnado con Scott.

Barnes v. Felix eliminó las anteojeras cronológicas

Barnes v. Felix, 605 U.S. 73 (2025), decidido el 15 de mayo de 2025, hizo admisible la reconstrucción táctica en todas partes.

Ashtian Barnes fue detenido en una autopista de peaje de Houston por infracciones de peaje pendientes de un auto de alquiler. No tenía su licencia, hurgó dentro del vehículo, y el ayudante del sheriff dijo haber olido marihuana y le ordenó salir. Barnes volvió a encender el motor y el auto empezó a moverse. El ayudante del sheriff se subió al umbral de la puerta del auto en movimiento con el arma desenfundada, sin poder ver el interior, y disparó dos veces en unos dos segundos. Toda la detención duró unos dos minutos.

El Quinto Circuito había aplicado su doctrina del “momento de la amenaza”, que evaluaba la razonabilidad solo durante los dos segundos en que el ayudante del sheriff estuvo en el umbral de la puerta, y excluía por jurídicamente irrelevante todo lo que hizo para llegar allí. Una Corte Suprema unánime rechazó esa regla.

La indagación, dijo la Corte, no tiene límite de tiempo. Los tribunales deben considerar todas las circunstancias pertinentes, “incluidos los hechos y acontecimientos que conducen al momento culminante”, porque “los hechos y circunstancias anteriores pueden influir en cómo un agente razonable habría entendido y respondido a los posteriores”.

Lo que eso cambió en la práctica: la cronología previa a los disparos ahora es jurídicamente pertinente en todos los circuitos. El acercamiento, la ubicación, la cobertura, la disciplina de contacto y cobertura, las decisiones sobre la radio y los refuerzos, la decisión de acortar la distancia y la decisión de ponerse en la trayectoria de un vehículo forman parte, con toda propiedad, de la totalidad. Antes de Barnes, en varios circuitos una moción de la defensa podía excluir esas pruebas por regla. Ahora ya no puede.

Lo que Barnes no decidió es el meollo, y la Parte 8 lo aborda. La Corte escribió que no estaba tratando “si la propia creación de una situación peligrosa por parte de un agente influye en el análisis de razonabilidad, ni de qué manera”. La conducta previa a los disparos se admite como contexto. Si un agente que creó el peligro por sí mismo puede perder el caso por unos disparos que de otro modo serían razonables sigue siendo una cuestión abierta.

Vehículos en fuga, y cuánto tiempo pueden continuar los disparos

La mayoría de las agencias grandes prohíben ahora disparar contra un vehículo en movimiento, salvo cuando se esté usando fuerza letal contra el agente por medios distintos del propio vehículo. Esa política es casi universal y más antigua de lo que la mayoría supone. En un caso con vehículo suele ser la prueba individual más sólida, porque el propio departamento del agente le dijo que no hiciera lo que hizo.

La inmovilización, y por qué la duración es un hecho constitucional

Lombardo v. City of St. Louis, 594 U.S. 464 (2021), es la decisión más importante sobre inmovilización boca abajo en los repertorios de jurisprudencia. Nicholas Gilbert, arrestado por invasión de propiedad y por no comparecer a una fecha judicial, intentó ahorcarse en una celda de detención. Seis agentes lo sujetaron boca abajo en el piso, esposado por la espalda y con grilletes en las piernas, con presión sobre la espalda, durante unos quince minutos. Su respiración se volvió anormal y murió.

La Corte Suprema anuló la decisión y devolvió el caso porque no podía determinar si el tribunal inferior había tratado la inmovilización boca abajo como constitucional per se “sin importar el tipo, la intensidad, la duración o las circunstancias que la rodean”, siempre que la persona pareciera resistirse. Le reprochó al panel no haber sopesado cuatro cosas: la presión sobre la espalda de Gilbert, que los agentes ya lo habían esposado y encadenado, cuánto tiempo lo sujetaron, y la propia capacitación del departamento, según la cual presionar hacia abajo a un sujeto boca abajo puede causar asfixia.

Ese último punto es un modelo de método admisible. La propia Corte señaló la capacitación de la agencia sobre el peligro. Cuando un departamento ha advertido por escrito a sus propios agentes sobre un riesgo, ese documento pesa más que cualquier estándar externo.

Compare Lombardo con Rivas-Villegas v. Cortesluna, 595 U.S. 1 (2021). Durante una llamada por violencia doméstica en la que se había reportado una motosierra, un agente puso la rodilla sobre la espalda de un sujeto armado durante unos ocho segundos. La Corte concedió la inmunidad. Quince minutos sobre un detenido inmovilizado y con tendencias suicidas en un extremo, ocho segundos sobre un sujeto armado en el otro. La tarea es ubicar el incidente en ese continuo con mediciones, no con adjetivos.

Qué enmienda rige, y por qué decide el caso

Graham dice que prevalece la disposición constitucional más específica, de modo que la condición de la persona lesionada determina la enmienda. Equivocarse en esto es el error analítico más común en este campo, y sale caro, porque los estándares difieren enormemente en dificultad.

Vale la pena memorizar los factores de Kingsley, que Lombardo adoptó, porque son lo más parecido a una lista de verificación en esta materia: la relación entre la necesidad de fuerza y la cantidad empleada, la magnitud de la lesión, los esfuerzos para moderar o limitar la fuerza, la gravedad del problema de seguridad, la amenaza razonablemente percibida y si la persona se resistía activamente.

Cada agente, por separado

White v. Pauly, 580 U.S. 73 (2017), sostiene que un agente razonable que llega tarde a una acción policial en curso puede suponer que ya se siguieron los procedimientos adecuados, incluida la identificación de los agentes. La instrucción para el perito es absoluta. Analice a cada agente por separado. En un tiroteo con varios agentes, reconstruya a cada agente por separado: la información de que disponía, la hora de llegada, las líneas de visión, las comunicaciones por radio y su vista del sujeto. Un relato colectivo, “los agentes sabían”, es analíticamente incorrecto y jurídicamente fatal. Reconstruya quién sabía qué, cuándo y desde dónde.

Las ocho preguntas que toda reconstrucción policial debe responder

1. ¿Hubo una aprehensión, y de quién? Torres y Lewis marcan el límite. Esto determina el estándar.
2. ¿Cuál era la condición de la persona lesionada? Esto determina qué enmienda.
3. ¿Qué sabía cada agente individualmente, y cuándo? Nunca un relato colectivo.
4. ¿Cuál fue la secuencia completa previa al uso de la fuerza? Admisible en todas partes después de Barnes, planteada como pertinente para lo que un agente razonable percibiría.
5. ¿Cuánto tiempo hubo realmente? Es el eje de la tolerancia de Graham para las fracciones de segundo, de la factibilidad de la advertencia en Garner y de la escala de deliberación de Lewis. Se puede medir.
6. ¿Cuándo terminó la amenaza, y cuándo cesaron los disparos? Plumhoff. Tenga en cuenta el retraso de percepción y reacción.
7. ¿Qué captó realmente el video, y qué no? Scott. Nunca opine en contra de un video claro. Explique en cambio sus límites.
8. ¿Qué decían la política y la capacitación de la propia agencia sobre esta maniobra exacta? Lombardo. Es el eje de la demanda contra el municipio, y es la prueba más persuasiva ante los jurados aun cuando no sea el estándar constitucional.

A veces el propio agente construye la emergencia. Acorta la distancia, abandona su cobertura, despierta a un hombre a punta de pistola, grita y le dispara al hombre que se mueve. La amenaza a la que respondió era una que él mismo creó.

Eso es el peligro creado por el agente. También se le llama riesgo creado por el agente, peligro fabricado y provocación. Los nombres importan, porque dos de ellos describen una doctrina que la Corte Suprema rechazó y los demás describen un argumento que sobrevive. Si usa mal el vocabulario en un informe, la defensa lo usará para sostener que usted promueve una teoría que la Corte liquidó en 2017.

El problema doctrinal, planteado una sola vez

Graham pregunta si la fuerza fue objetivamente razonable. Durante décadas, los tribunales discreparon sobre cuán atrás en el tiempo llega esa indagación. Dos decisiones de la Corte Suprema definen ahora el campo, y apuntan en direcciones opuestas.

• County of Los Angeles v. Mendez (2017) cerró la puerta a tratar una violación constitucional previa como un multiplicador automático que convierte la fuerza razonable en fuerza excesiva. Abrió expresamente otra puerta: la causalidad próxima ordinaria.
• Barnes v. Felix (2025) cerró la puerta a las anteojeras temporales. Los tribunales deben examinar lo que precedió al uso de la fuerza. Se negó expresamente a decir si la propia creación del peligro por parte de un agente cuenta en su contra.

Son dos vías distintas de reparación, con elementos distintos, defensas distintas y perfiles de inmunidad distintos. Alegue ambas.

Mendez, y la parte que todos olvidan

County of Los Angeles v. Mendez, 581 U.S. 420 (2017), surgió de la búsqueda de un liberado condicional buscado por las autoridades en Lancaster, California. A los ayudantes del sheriff les dijeron que un hombre y una mujer embarazada vivían en el patio trasero. En ese patio había una choza de madera de unos siete pies por lado, con una manta azul colgada a modo de puerta, un aire acondicionado, electricidad y una manguera de agua. Angel Mendez y Jennifer Garcia dormían dentro sobre un futón. Un ayudante del sheriff abrió la puerta sin orden judicial y sin tocar. Mendez, al despertar, tomó una pistola de perdigones que tenía para matar ratas y la movió para poder sentarse. Un ayudante del sheriff gritó “¡Arma!”. Ambos ayudantes hicieron quince disparos en unos diez segundos. Mendez perdió una pierna por debajo de la rodilla. Garcia recibió un disparo en la espalda. El liberado condicional nunca estuvo en la propiedad.

El tribunal de distrito determinó que la entrada sin orden judicial era inconstitucional, que los disparos en sí eran razonables conforme a Graham y, aun así, otorgó unos $4 millones conforme a la regla de provocación del Noveno Circuito. Esa regla hacía ilícito por sí solo un uso de la fuerza que de otro modo sería razonable cuando el agente provocaba, de forma intencional o temeraria, un enfrentamiento violento al cometer una violación independiente de la Cuarta Enmienda.

Una Corte Suprema unánime rechazó la regla de provocación. Esta regla “usa otra violación constitucional para fabricar una demanda por fuerza excesiva donde de otro modo no existiría”. El análisis de razonabilidad objetiva debe realizarse por separado para cada registro o aprehensión que se alegue inconstitucional. La regla además volvía a introducir de contrabando la intención subjetiva de los agentes en una prueba objetiva.

La pregunta que la Corte ya ha reservado dos veces

City of Tahlequah v. Bond, 595 U.S. 9 (2021), concedió inmunidad a agentes que siguieron a un hombre ebrio hasta un garaje, donde este tomó un martillo de carpintero y lo levantó. El Décimo Circuito había denegado la inmunidad con base en la teoría de que un jurado podía concluir que el paso inicial de los agentes hacia él y el hecho de acorralarlo crearon la situación de manera temeraria. La Corte Suprema revocó y se negó expresamente a decidir “si crear de manera temeraria una situación que requiere fuerza letal puede, por sí mismo, violar la Cuarta Enmienda”.

Barnes reservó la misma pregunta en 2025. La conducta previa al uso de la fuerza es admisible en todas partes como contexto pertinente para lo que un agente razonable habría percibido. Si la temeridad al crear el peligro puede por sí misma fundamentar la responsabilidad sigue sin decidirse en la Corte Suprema y en disputa en los circuitos.

Eso no es motivo para evitar el tema. Es motivo para plantearlo correctamente.

Cómo decirlo, y cómo no decirlo

La posición de los circuitos

Barnes abrogó la regla temporal en todos los circuitos que la tenían. Todo caso del “momento de la amenaza” ya no es derecho vigente en cuanto al marco temporal. Ninguno ha sido revocado en la cuestión sustantiva de si la temeridad del agente al crear el peligro fundamenta la responsabilidad. Trate la jurisprudencia de los circuitos anterior a 2025 como autoridad en cuanto al fondo y como abrogada en cuanto al planteamiento.

Los siete patrones de hechos

El peligro creado por el agente no es una queja general sobre las tácticas. Es un conjunto de patrones recurrentes y reconocibles, cada uno con sus propias pruebas y su propio contrapeso.

1. Ponerse en la trayectoria de un vehículo en movimiento y luego dispararle al conductorEl agente elimina su propia vía de escape y convierte un caso de vehículo en fuga en un caso de legítima defensa. Starks, Abraham v. Raso, Waterman y el propio Barnes. El contrapeso son Scott v. Harris y Plumhoff, que son generosos con los agentes en cuanto a la fuerza contra vehículos en fuga. La prueba más sólida en este patrón es casi siempre la propia política de la agencia que prohíbe disparar contra vehículos en movimiento.
2. Convertir una intervención de salud mental o una verificación de bienestar en un enfrentamiento armadoSe llama a los agentes para ayudar, y su forma de acercarse convierte una crisis contenida en una letal. Sevier, Allen, Hastings, Vos, Ceballos. La jueza Sotomayor, en su voto concurrente en Case v. Montana el 14 de enero de 2026, escribió que la presencia de las fuerzas del orden puede agravar una situación en lugar de calmarla. Señaló que las personas con enfermedades mentales graves tienen siete veces más probabilidades de morir en encuentros con la policía, y citó 178 casos en dos años en los que una llamada de auxilio terminó con los agentes matando a la persona a la que habían ido a ayudar.
3. Entrada sin anunciarse o sin llamar a la puerta que provoca la resistencia armada de un ocupante legítimoEl patrón característico. La respuesta del ocupante es legítima defensa contra aparentes intrusos, y luego se usa para justificar la fuerza. Mendez es el caso doctrinal. Aplique directamente la lección de Mendez. La inmunidad suele proteger la violación del deber de tocar y anunciarse. La entrada ilícita, ya sea por una orden judicial defectuosa, una dirección equivocada o la falta total de orden, es la premisa que sostiene los daños por causa próxima.
4. Acortar la distancia con una persona emocionalmente perturbada en lugar de contenerlaSe distingue del segundo patrón por el error táctico específico: acortar la distancia y acorralar en lugar de aislar, contener y ganar tiempo. Hastings es el paradigma: un agente que entra en un dormitorio y rocía a un hombre que sostiene una espada en un espacio reducido. Allen es la versión al aire libre.
5. No identificarse como policíaLa respuesta armada del ocupante es una reacción legítima ante lo que razonablemente percibe como una invasión de su hogar. Claybrook: agentes vestidos de civil en un auto sin distintivos. Young v. Borders: golpes a la puerta a la 1:30 de la madrugada sin anunciarse. Young v. City of Providence: confusión de identidad de un agente fuera de servicio. Tenga en cuenta la trampa de White v. Pauly: el tirador puede obtener inmunidad porque llegó tarde y podía suponer que se siguió el procedimiento adecuado, y los agentes que prepararon el operativo pueden obtener entonces inmunidad de manera derivada. Alegue la conducta de esos agentes como una violación independiente de entrada o de aprehensión, no solo como causalidad que alimenta la demanda contra el tirador.
6. Fallas de ubicación que eliminan la cobertura y el tiempoConducir directamente hasta el sujeto. Pararse al descubierto sin ninguna barrera. Acercarse dentro de la brecha de reacción. Estacionarse de manera que la única salida quede cubierta. Este es el patrón que Barnes hizo admisible en todas partes, y es el que se puede medir con mayor fiabilidad a partir del video y de los datos de la escena.
7. Disparo por contagioUn agente dispara y otros disparan porque él disparó, no porque hayan percibido una amenaza por su cuenta. La literatura empírica lo respalda: la evaluación de White y Klinger sobre incidentes con varios tiradores en Criminal Justice and Behavior (2012), y una prueba experimental publicada en el Journal of Criminal Justice (2024) que concluyó que los agentes tenían más probabilidades de disparar, y hacían más disparos, cuando un compañero disparaba primero. Los fundamentos doctrinales son la segmentación de Claybrook, la teoría de Waterman sobre los disparos posteriores al fin de la amenaza y el requisito de evaluar individualmente la fuerza de cada agente.

Despertar, sobresaltar y elegir el estímulo

Cuando los agentes despiertan a una persona, o la sobresaltan, han elegido el estímulo. El movimiento al que luego le disparan es el movimiento que eligieron provocar.

La desorientación al despertar es un funcionamiento humano normal. Una persona que sale del sueño no puede ubicar de inmediato el origen de un sonido o una luz, no puede entender de inmediato lo que se le dice, y se orienta moviéndose y estirando las manos. Eso no es un comportamiento inusual que requiera explicación. Es el comportamiento esperado, y es la razón por la que la táctica aceptada es despertar a una persona a distancia, desde detrás de una cobertura, con instrucciones claras y con tiempo. Mendez y la choza, y Amir Locke dormido en un sofá durante una entrada sin llamar a la puerta, son el mismo patrón de hechos separado por doce años.

Si se añade una luz dirigida a los ojos, el problema se agrava. Una luz intensa de noche ciega a la persona ante todo lo que está detrás de ella. No puede saber quién le grita, no puede ver un uniforme y no puede interpretar la situación a la que se le ordena responder. El anuncio es el remedio habitual y cuesta una sola palabra.

La orden plantea el mismo problema. Obedecer requiere cuatro pasos: percibir la orden, entenderla, elegir una respuesta y moverse. Cada paso toma tiempo. Una orden que no le dice a un hombre que sostiene un objeto qué hacer con él no es una instrucción completa. Las órdenes contradictorias de varios agentes son peores que ninguna. Si se añade una barrera lingüística, el intervalo se alarga aún más. Cuando el intervalo entre la orden y el disparo es de aproximadamente un segundo, la pregunta no es si la persona obedeció. Es si alguna persona podría haberlo hecho.

La doctrina de capacitación que aporta el estándar de cuidado

La capacitación policial tiene un nombre para lo opuesto al peligro creado por el agente, un plan de estudios que lo enseña y un ensayo aleatorizado que lo respalda.

• Distancia más cobertura es igual a tiempo. El Police Executive Research Forum (PERF) enuncia la relación de esa forma en sus Guiding Principles on Use of Force (2016). El tiempo es lo que hace posible la desescalada. Todo lo demás en el plan de estudios se deriva de ello.
• Reubicación táctica. El PERF indica que los agentes deben reubicarse para aislar y contener a una persona, y no trazar una raya en la arena. Ese es el antónimo doctrinal directo del peligro creado por el agente, expresado como instrucción de capacitación.
• Proporcionalidad. El PERF pregunta si existe otra opción, menos lesiva, que logre el mismo objetivo de forma segura y eficaz. Plantea expresamente la proporcionalidad como un estándar por encima del mínimo constitucional, no como una reformulación de este.
• El modelo de toma de decisiones críticas. Un ciclo de cinco pasos anclado en la santidad de la vida humana: reunir información, evaluar la situación, las amenazas y los riesgos, considerar las facultades policiales y la política de la agencia, identificar opciones y determinar el mejor curso de acción, y luego actuar, revisar y reevaluar.
• Guiding Principle 8. “Debería prohibirse disparar contra un vehículo en movimiento, salvo que se esté usando fuerza física letal contra un agente u otra persona por medios distintos del propio vehículo en movimiento”. El New York City Police Department adoptó una política de ese tipo en 1972. Sus agentes participaban en casi mil incidentes con disparos al año. Al año siguiente esa cifra bajó un treinta y tres por ciento, y ha disminuido de manera constante desde entonces, hasta menos de cien. Presente la disminución como un proceso de varias décadas, no como el efecto de una sola política en un solo año.
• La brecha de reacción. El espacio mínimo necesario para reaccionar ante una amenaza de una persona a la que se interroga o se detiene. Los parámetros que se enseñan con frecuencia llegan a veinte o veinticinco pies para armas blancas, diez a doce pies más la longitud del arma para armas contundentes, y cinco a seis pies para manos vacías. El principio rector es que una mayor proximidad crea mayor peligro, no mayor control. El peligro creado por el agente es lo que ocurre cuando un agente reduce esa brecha por sí mismo.

Las pruebas que responden a la objeción de criticar a toro pasado

La objeción más fuerte contra cualquier dictamen sobre el peligro creado por el agente es que se trata de retrospectiva disfrazada de pericia, y que ir más despacio hace que maten a los agentes. Existe una respuesta aleatorizada.

El Louisville Metro Police Department implementó en 2019 el plan de estudios de desescalada Integrating Communications, Assessment, and Tactics (ICAT) del PERF. Engel, Corsaro, Isaza y McManus lo evaluaron en un ensayo controlado aleatorizado de cuña escalonada publicado en Criminology and Public Policy (2022). Los incidentes de uso de la fuerza bajaron un 28.1 por ciento, las lesiones a miembros de la comunidad un 26.3 por ciento y las lesiones a los agentes de policía un 36.0 por ciento.

Esa última cifra es la que hay que poner frente al jurado. Convierte “los agentes debieron ir más despacio” de una opinión en un hallazgo, y responde al argumento de la seguridad de los agentes en sus propios términos. La capacitación que hace que los agentes vayan más despacio reduce de forma demostrable la fuerza y las lesiones de los propios agentes.

Cómo alegarlo después de Mendez y Barnes

1. Alegue la violación anterior de la Cuarta Enmienda como un cargo propio. Entrada sin orden judicial, orden judicial defectuosa, detención ilícita, aprehensión ilícita en el umbral. Elija una que no esté protegida por la inmunidad calificada. La trampa de Mendez fue que el panel construyó su análisis de causalidad sobre la pretensión excluida por la inmunidad.
2. Alegue los daños por los disparos como causados de manera próxima por esa violación, alegando expresamente la previsibilidad y la relación directa, con el lenguaje de la decisión de Mendez tras la devolución.
3. Anticipe la causa sobreviniente. El Noveno Circuito, tras la devolución, rechazó el argumento de que el acto del propio ocupante de sostener o mover un arma rompe la cadena.
4. Alegue por separado el cargo por fuerza excesiva, e invoque Barnes para situar todo el arco del encuentro dentro de la totalidad: el acercamiento, la ubicación, las órdenes, la falta de identificación, el tiempo transcurrido y las alternativas disponibles.
5. Cuando la conducta temeraria forme parte de la aprehensión misma, alegúela dentro de la demanda por fuerza conforme a Allen, Ceballos y Starks. Esa es la formulación compatible con Mendez: inmediatamente vinculada con la aprehensión, no una violación anterior que la provocó.
6. Alegue falta de capacitación, con las pruebas de ICAT y los principios del PERF como estándar de cuidado. Allen y Young v. City of Providence son los modelos.
7. Alegue negligencia conforme al derecho estatal siempre que el foro permita incluir la conducta previa a los disparos en el análisis del deber. California es el más favorable. Hayes v. County of San Diego, 57 Cal. 4th 622 (2013), sostiene que las tácticas y decisiones previas a los disparos quedan dentro del análisis del deber de diligencia en materia de negligencia. Tabares v. City of Huntington Beach, 988 F.3d 1119 (9th Cir. 2021), confirma que California llega más lejos en esto que la Cuarta Enmienda.
8. Segmente hacia adelante, no hacia atrás. Claybrook y Waterman le permiten aislar los disparos posteriores al fin de la amenaza. Mendez no afecta esa teoría.

Un agente puede perder la cuestión de la razonabilidad y aun así ganar el caso. Ese solo hecho rige los litigios por uso de la fuerza policial, y es la razón por la que la demanda contra el departamento suele ser la única vía para una reparación completa.

El marco

La inmunidad calificada plantea dos preguntas. ¿Demostraron los hechos, apreciados en la forma más favorable a la parte demandante, una violación constitucional? ¿Y estaba el derecho claramente establecido en ese momento? Saucier v. Katz, 533 U.S. 194 (2001), hizo obligatoria esa secuencia. Pearson v. Callahan, 555 U.S. 223 (2009), la volvió discrecional por unanimidad, y hoy los tribunales omiten de forma habitual la primera pregunta y conceden la inmunidad solo con base en la segunda.

El cuerpo de derecho claramente establecido no puede crecer si los tribunales nunca llegan al fondo. Cada caso resuelto solo con base en el segundo requisito deja a la siguiente parte demandante con el mismo vacío en los precedentes.

Sobre lo que exige “claramente establecido”, la Corte ha sido constante y exigente. Ashcroft v. al-Kidd, 563 U.S. 731 (2011): los precedentes existentes deben haber situado la cuestión “fuera de toda discusión”, y a los tribunales se les ha “dicho reiteradamente” que no definan el derecho claramente establecido con un alto nivel de generalidad. Mullenix v. Luna, 577 U.S. 7 (2015): la pregunta es si el carácter violatorio de una conducta particular está claramente establecido en el contexto específico del caso. Kisela v. Hughes, 584 U.S. 100 (2018): el precedente debe “regir directamente” los hechos específicos, y “la especificidad es especialmente importante en el contexto de la Cuarta Enmienda”.

Dónde se encuentra la doctrina hoy

Zorn v. Linton, resuelto el 23 de marzo de 2026, es la formulación vigente del requisito de especificidad y el primer fallo importante sobre inmunidad en materia de uso de la fuerza posterior a Barnes. Una manifestante permanecía sentada con los brazos entrelazados durante una sentada en el capitolio estatal. Un sargento de la policía estatal de Vermont le advirtió que se usaría la fuerza si no se ponía de pie y luego le aplicó una llave de muñeca por la espalda. El Segundo Circuito denegó la inmunidad con base en una decisión del circuito de 2004. La Corte Suprema revocó de forma sumaria y sostuvo que el caso anterior carecía de la especificidad necesaria porque solo había dicho que un jurado podía encontrar dolor gratuito, no que la conducta violara la Cuarta Enmienda. La jueza Sotomayor emitió un voto disidente, al que se sumaron las juezas Kagan y Jackson.

De ello se derivan tres consecuencias, y afectan al perito tanto como a quien redacta el escrito.

• Las opiniones de apelación que solo deniegan la sentencia sumaria no establecen claramente el derecho. Una decisión de circuito que dice que un jurado podría considerar irrazonable una conducta no equivale a sostener que la conducta fue inconstitucional. Eso reduce de forma considerable el conjunto de precedentes utilizables, y es el punto que debe tener listo cuando en el contrainterrogatorio le pregunten si un caso determinado puso a los agentes sobre aviso.
• Los casos de sumisión mediante dolor y de fuerza de bajo nivel son ahora más difíciles. Si usted trabaja en asuntos de protestas, control de multitudes o resistencia pasiva, Zorn es el principal obstáculo.
• La advertencia fue el eje. La Corte distinguió el caso anterior en parte porque en este se había dado una advertencia. Como en Garner, si se dio una advertencia, y si fue audible, comprensible y seguida de una oportunidad real de acatarla, es una cuestión de reconstrucción que tiene un peso jurídico decisivo.

Barnes amplió lo que un tribunal puede examinar. Zorn estrechó la salida. El análisis de fondo abarca ahora todo el encuentro, y el filtro de inmunidad que está por encima se endureció en el mismo periodo de sesiones.

La excepción del caso evidente, y por qué no conviene construir sobre ella

Hope v. Pelzer, 536 U.S. 730 (2002), se negó a exigir hechos sustancialmente similares y sostuvo que el estándar es el aviso razonable. Los funcionarios pueden estar sobre aviso incluso ante hechos novedosos, porque una regla general ya presente en la jurisprudencia puede aplicarse con claridad evidente a lo que hicieron. Taylor v. Riojas, 592 U.S. 7 (2020), revivió Hope después de casi dos décadas y sostuvo que ningún agente razonable podría haber concluido que era permisible alojar a un recluso durante seis días en celdas cubiertas de excrementos humanos.

La excepción es real y es estrecha. Alcanza conductas que escandalizan a primera vista, crueldad prolongada y gratuita, no decisiones de fuerza tomadas en fracciones de segundo y controvertidas. No construya un caso de disparos sobre ella.

Lo que realmente muestra el registro empírico

Dos estudios rigurosos llegan a conclusiones distintas, y un perito honesto debe conocer ambos, porque cite el que cite, el abogado contrario le pondrá el otro en las manos.

• Joanna Schwartz, “How Qualified Immunity Fails,” 127 Yale Law Journal 2 (2017). Revisó 1,183 casos de Section 1983 presentados en 2011 y 2012 en cinco distritos federales. Las partes demandadas invocaron la inmunidad en aproximadamente el 37.6 por ciento de los casos en que estaba disponible. Los tribunales la concedieron aproximadamente el 17.9 por ciento de las veces en todas las etapas, y desestimaron solo el 3.2 por ciento del total de casos por ese motivo. La variación regional fue amplia.
• Alex Reinert, “Qualified Immunity at Trial,” 93 Notre Dame Law Review 2065 (2018). Revisó 211 casos que llegaron a un jurado habiéndose invocado la inmunidad. Las partes demandantes ganaron poco más del 25 por ciento, las partes demandadas casi el 70 por ciento. La conclusión de Reinert apunta en sentido contrario: la inmunidad puede ser una barrera poderosa cuando llega a un jurado.

La investigación de Reuters publicada en 2020 analizó 529 fallos federales de apelación desde 2005 y encontró que el Quinto Circuito concedió la inmunidad en el 64 por ciento de las solicitudes policiales y el Noveno Circuito en el 42 por ciento, con una variación de la misma magnitud a nivel de distrito. En este campo, el foro importa más que en casi cualquier otro.

Monell: la demanda que sobrevive a la inmunidad del agente

Monell v. Department of Social Services, 436 U.S. 658 (1978), sostiene que los municipios son personas que pueden ser demandadas conforme a Section 1983, pero solo cuando la acción inconstitucional ejecuta una política oficial o una costumbre gubernamental. La doctrina de respondeat superior no alcanza a un municipio.

Los municipios no tienen inmunidad calificada, según Owen v. City of Independence, y no pueden ser condenados a pagar daños punitivos, según City of Newport v. Fact Concerts. Esa combinación explica por qué la demanda contra el municipio suele ser la única vía hacia una reparación completa cuando el agente individual obtiene la inmunidad, y por qué el municipio demandado la combate con más empeño.

Hay cinco vías.

1. Una política expresa que es en sí misma inconstitucional. Es poco común y resulta la vía más sólida cuando existe, porque el documento escrito es la prueba.
2. Una costumbre o práctica generalizada tan persistente y arraigada que tiene fuerza de ley. Requiere varios incidentes previos similares, y los tribunales exigen una similitud fáctica real, no un parecido temático.
3. Una sola decisión de quien tiene la facultad final de fijar políticas. Pembaur v. City of Cincinnati, 475 U.S. 469 (1986). El cargo por sí solo no establece la facultad final de fijar políticas. Usted debe identificar la fuente de esa facultad final en esa materia específica conforme al derecho estatal y local.
4. Ratificación. City of St. Louis v. Praprotnik, 485 U.S. 112 (1988). La aprobación, por quien tiene la facultad final de fijar políticas, tanto de la decisión del subordinado como de su fundamento. Los tribunales son escépticos, y no sancionar después de los hechos no basta por sí solo. La versión sólida es una determinación expresa de que un disparo se ajustó a la política sobre hechos que claramente no se ajustaban.
5. Falta de capacitación o de supervisión. City of Canton v. Harris, 489 U.S. 378 (1989). La Parte 6 trata esta demanda en su totalidad, tanto en su forma constitucional como en su forma de derecho estatal.

Graham fija un piso, no un techo. Un disparo puede cumplir con la Cuarta Enmienda y aun así violar una ley estatal, una constitución estatal, una política de la agencia y una ley penal. Esta es la parte del campo en que más se equivoca la mayoría de los profesionales, y es donde un caso que pierde en el ámbito federal puede ganar.

Lo que exigen los estados con estándar estricto y la Constitución no

Desde 2018, una docena o más de estados han legislado por encima del mínimo constitucional. Estas leyes comparten seis rasgos. Exigen necesidad, no solo razonabilidad. Obligan a los agentes a intentar la desescalada, agotar las alternativas menos letales, advertir, intervenir y prestar auxilio.

Acciones estatales en las que no se dispone de inmunidad calificada

Cuatro estados han prohibido por completo la inmunidad calificada como defensa ante sus propios tribunales: Colorado, Montana, Nevada y Nuevo México. Varios otros la han limitado, y un grupo que se cita con frecuencia ha sido descrito de forma errónea.

• Colorado. Revised Statutes section 13-21-131 crea una acción estatal contra los agentes del orden por violaciones de la constitución estatal, incluida la omisión de intervenir, y dispone que la inmunidad calificada no es una defensa. Plazo de prescripción de dos años. Honorarios de abogados obligatorios para la parte demandante que prevalece. El empleador indemniza. Pero si el empleador determina que el agente no actuó de buena fe y de manera razonable, ese agente debe pagar la menor de dos cantidades: el cinco por ciento de la sentencia o veinticinco mil dólares.
• Nuevo México. La New Mexico Civil Rights Act (2021) crea una acción por la privación de derechos constitucionales estatales, prohíbe que cualquier organismo público o persona invoque la inmunidad calificada, renuncia a la inmunidad soberana y limita los daños a dos millones de dólares por reclamación. Las reclamaciones se dirigen contra el organismo público, no contra el agente individual, lo que cambia la forma de encabezar la demanda.
• Nevada y Montana. Ambos por decisión judicial y no por ley. Mack v. Williams (Nev. 2022) y Dorwart v. Caraway (Mont. 2002).
• Connecticut, en sus términos correctos. General Statutes section 52-571k crea una acción estatal pero conserva una defensa cuando el agente creía de buena fe, de manera objetiva, que la conducta era lícita. Las fuentes que afirman que Connecticut eliminó la inmunidad calificada son imprecisas. Plazo de prescripción de un año.
• Massachusetts, en sus términos correctos. La ley de 2020 no eliminó el requisito de derecho claramente establecido. La inmunidad se pierde solo cuando la conducta del agente da lugar a la revocación de su certificación.
• Ciudad de Nueva York. Una acción municipal que excluye la inmunidad calificada, o cualquier inmunidad sustancialmente equivalente, para los agentes de la ciudad. Solo a nivel de la ciudad. La ley del estado de Nueva York no ha cambiado.

El movimiento también va en sentido contrario, y se le presta poca atención. Iowa codificó la inmunidad calificada con el estándar federal de derecho claramente establecido en 2021. Luisiana amplió la inmunidad en 2024 y eliminó la negligencia como excepción. Alabama la amplió en 2025.

Cómo plantearla, y qué escribe el perito

Plantee la violación de la ley estatal como un cargo separado. No la incluya dentro del cargo conforme a Section 1983. Hay tres razones.

1. La inmunidad calificada es una defensa solo frente a la demanda federal. No se aplica a una demanda estatal basada en la ley o en el derecho consuetudinario, y en los estados que la abolieron está prohibida incluso en la acción basada en la constitución estatal.
2. Una ley que exige desescalada, agotamiento de alternativas, una advertencia o una amenaza específica y expresable impone deberes que la Cuarta Enmienda no impone. Una parte demandada puede ganar el cargo federal y perder el cargo estatal con los mismos hechos.
3. La ley aporta una teoría de negligencia per se o de estándar de diligencia legal en los estados que la reconocen, lo que convierte un caso de ilícito intencional con privilegio de legítima defensa en un caso de deber.

La tarea del perito en este punto es mantener separados los estándares. Un dictamen de que la fuerza fue innecesaria es un dictamen de derecho estatal en California, Washington, Colorado, Maryland, Minnesota, Virginia y Oregon. No es un dictamen sobre la Cuarta Enmienda, porque la Cuarta Enmienda pregunta por la razonabilidad, no por la necesidad. Un perito que se desliza entre ambos invita a una moción conforme a Rule 702 y le da a la defensa un contrainterrogatorio limpio. Estructure el informe de modo que un dictamen trate la política de la agencia, otro el estándar de la ley estatal, otro las prácticas policiales generalmente aceptadas, y que la cuestión constitucional de fondo quede en manos del jurado. La Parte 16 expone la división completa entre lo que un perito en armas de fuego puede decir y lo que corresponde a los abogados.

En el tribunal federal, espere una moción para excluir el testimonio sobre las leyes estatales y las políticas por ser impertinente para la demanda constitucional. Responda que la prueba sobre políticas y capacitación se refiere a lo que un agente razonable en la posición de esta parte demandada habría sabido y hecho. Esa es la pregunta misma de Graham.

La mayoría de los litigios por fuerza excesiva no implican un disparo. Implican a una persona sujeta boca abajo hasta que dejó de respirar, una inmovilización del cuello, un dispositivo de energía conducida aplicado a alguien ya esposado, o un arma desenfundada en lugar de la que el agente quería desenfundar.

Cada una de estas situaciones plantea su propia cuestión de causalidad médica, su propio estándar aplicable y su propio conjunto de capacitación y políticas. Cuando se usó un arma de fuego, la descarga colectiva requiere su propio análisis. El número de disparos y el intervalo entre ellos son una cuestión distinta de la decisión de efectuar el primer disparo.

Inmovilización boca abajo y asfixia posicional

Una persona sujeta boca abajo, con peso sobre la espalda y con los brazos inmovilizados detrás del cuerpo, no puede expandir el pecho con normalidad. La compresión del pecho y del abdomen contra el suelo, sumada a la fuerza hacia abajo, restringe el movimiento del diafragma. Si la persona ha estado forcejeando, su demanda de oxígeno ya es elevada y su reserva ya está agotada. Si se suman la inmovilización de los brazos, la sujeción de las piernas y la obesidad o la intoxicación, el margen desaparece.

No es una conclusión controvertida. Figura en los materiales de capacitación de la mayoría de las agencias del país, y eso es lo que la hace litigable. Lombardo giró precisamente en torno a esto: la Corte Suprema señaló la propia capacitación de St. Louis, según la cual presionar la espalda de una persona boca abajo puede causar asfixia. Cuando un departamento ha advertido por escrito a sus propios agentes sobre un peligro, ese documento vale más que cualquier estándar externo, porque establece tanto el estándar de diligencia como el aviso.

Fije los extremos. Quince minutos de inmovilización boca abajo de un detenido ya esposado y con grilletes, en Lombardo. Ocho segundos de una rodilla sobre la espalda de un sujeto armado durante una llamada por violencia doméstica, en Rivas-Villegas, donde se concedió la inmunidad. Ninguno de los dos casos resuelve el que usted tiene delante. La tarea es situar el incidente entre ambos con mediciones, y resistir la tentación de calificar en lugar de medir.

Esté atento a la disputa sobre la causalidad. La defensa señalará sustancias tóxicas, una enfermedad cardíaca o una teoría de delirio excitado. Las conclusiones del médico forense y cualquier revisión de ellas pasan a ser centrales, y las revisiones ocurren: en un asunto de Washington muy difundido, el médico forense citó inicialmente la metanfetamina y la cardiomegalia como factores contribuyentes y más tarde concluyó que la inmovilización por sí sola causó la muerte por hipoxia. Si en el lugar se administró una sedación química, mida la dosis en relación con el peso corporal. La demanda puede entonces alcanzar al personal de emergencias médicas además de a los agentes.

Inmovilizaciones del cuello

Se confunden dos mecanismos que no son iguales. Una llave respiratoria o de vía aérea aplica presión en la parte delantera del cuello y restringe la respiración. Una llave vascular o carotídea aplica presión en los costados del cuello y restringe el flujo de sangre al cerebro. La primera es peligrosa y lenta. La segunda deja a una persona inconsciente en segundos y puede matar.

Las políticas han cambiado de forma marcada. Un estudio de las políticas de uso de la fuerza en las cien ciudades más grandes encontró que los departamentos que prohíben las llaves de estrangulamiento pasaron de aproximadamente el veintidós por ciento a aproximadamente el noventa y dos por ciento desde 2015 y 2016, y que los departamentos que imponen el deber de intervenir frente a la fuerza excesiva pasaron de aproximadamente el veintinueve por ciento a aproximadamente el noventa y tres por ciento. A nivel estatal, unos nueve estados más el Distrito de Columbia han promulgado prohibiciones totales, y unos ocho más restringen la técnica a las circunstancias en que la fuerza letal estaría justificada. Massachusetts la prohíbe por completo, sin excepción para la fuerza letal. Colorado define la técnica prohibida por su mecanismo y abarca tanto la versión respiratoria como la vascular.

Así que la regla aplicable depende de la jurisdicción y de la fecha. Obtenga la versión de la política vigente en la fecha del incidente, no la actual, y obtenga las versiones anterior y posterior. Los cambios de política posteriores al incidente le indican lo que el departamento sabía que estaba mal.

Confusión de armas

Un agente quiere desenfundar un dispositivo de energía conducida y, en cambio, desenfunda una pistola. Está documentado, es recurrente y ha dado lugar a condenas penales.

El mecanismo es un error de captura. El agente desenfunda el arma de fuego constantemente y el dispositivo rara vez. Bajo la carga cognitiva de la evaluación de la amenaza, la presión del tiempo y la verbalización simultánea, el movimiento practicado captura al no practicado. Howard Williams examinó veinte de estos disparos a partir de 2001 en “Weapon Confusion: TASER CEWs, Firearms, and Human Error Theories,” Criminal Justice Review (2022), aplicó la teoría de la acción humana de Norman y la taxonomía de errores de Reason, y encontró pruebas tanto de errores de captura como de deslices en la ejecución de la acción. Concluyó que los cambios de políticas y de capacitación no han eliminado el error. Corregirlo requiere cambios simultáneos en el diseño del arma, las políticas, la capacitación y los procedimientos.

El planteamiento en el litigio importa. Presentada como excusa individual, la teoría del error de captura es discutida y se la ha criticado por no ser refutable en el caso individual. Presentada en sentido inverso, es sólida. El error de captura es un modo de falla conocido, documentado y recurrente. Por lo tanto, la causa próxima es la ubicación de la funda, la política de desenfunde cruzado, la diferenciación por peso y empuñadura, y la capacitación en la frecuencia de desenfunde. Eso convierte una demanda por confusión de armas en una demanda contra el departamento por capacitación y políticas, en lugar de una demanda contra un solo agente. En el ejemplo moderno más destacado, la agente que cometió el error tenía veintiséis años de servicio y era instructora de campo. Ningún hecho en esta línea de casos pesa más.

Una advertencia sobre el argumento de la diferenciación física. El color, el peso, la empuñadura y la posición de la funda son las respuestas habituales, y la literatura indica que resultan insuficientes bajo estrés, porque el estrechamiento de la atención suprime la percepción precisamente de esas señales. No exagere en ninguno de los dos sentidos.

Disparos por identificación errónea de objetos

Una réplica, una pistola de airsoft o de balines, un teléfono celular, una billetera, una herramienta de jardín. La pregunta recurrente es si el agente identificó el objeto de manera razonable, y la respuesta suele ser sí.

Una réplica con licencia de una pistola de servicio es negra, tiene un cargador extraíble y una corredera móvil. De noche, a través del vidrio de un automóvil, de un vistazo, nadie la distingue de la pistola que imita. Dígalo cuando sea cierto. Una pistola de balines o de airsoft sin su punta naranja es, en la práctica, indistinguible a distancia y con poca luz. La prohibición de la retrospectiva en Graham significa que la verdadera naturaleza del objeto no forma parte en absoluto del cálculo de razonabilidad.

Esa concesión no cuesta nada y vale mucho, porque aísla la verdadera pregunta. La apariencia del objeto no suele ser lo que hace irrazonable un disparo. Lo que lo hace irrazonable, cuando lo es, es la secuencia de decisiones que hizo necesaria una identificación instantánea en primer lugar: la distancia acortada, la cobertura abandonada, el estímulo elegido, el tiempo que no se tomó. Cada una de esas decisiones se tomó antes de que el objeto llegara a verse.

La verdadera naturaleza del objeto sí importa en otras partes del caso. Importa para la demanda contra el municipio, porque la capacitación sobre réplicas y armas de aire comprimido, y sobre cómo distinguirlas de las armas de fuego, es un tema documentado del plan de estudios. Importa para los daños. E importa para el riesgo que realmente existía. Esa es una pregunta distinta de si la percepción del agente fue razonable. Identifíquela así en su informe para que nadie pueda acusarlo de confundir ambas.

La descarga colectiva: cada disparo es un uso de la fuerza separado

Es el punto que los analistas omiten con más frecuencia, y a menudo es donde se decide el caso.

Plumhoff descarta la simple queja de que se hicieron demasiados disparos: los agentes justificados para disparar a fin de poner fin a una amenaza grave no tienen que dejar de disparar hasta que la amenaza haya terminado. Lea esa frase con atención, porque contiene toda la prueba. La pregunta no es el número. La pregunta es cuándo terminó la amenaza, y si salieron disparos del cañón después de ese momento.

Ocho disparos efectuados al ritmo con que normalmente se dispara una pistola de servicio abarcan entre uno y dos segundos. Ese intervalo puede medirse con una precisión de unas pocas milésimas de segundo a partir de la forma de onda del audio de una cámara corporal. Compare cada disparo con las trayectorias de las heridas, los datos de trayectoria y las posiciones de los agentes en ese instante. La comparación muestra en qué punto una descarga colectiva pasó de ser una respuesta a ser otra cosa.

El retraso de reacción debe tenerse en cuenta con honestidad, y favorece a la defensa. Si el tiempo medio de reacción de una persona ante un estímulo simple y esperado ronda las cuatro décimas de segundo, entonces algunos disparos posteriores al fin de una amenaza tienen una explicación fisiológica. Esa investigación fija un límite. No excusa todo lo que queda más allá de ese límite, y la distancia más allá de él es una medición.

Dos fundamentos doctrinales sostienen esta teoría. Waterman v. Batton concedió la inmunidad por los disparos iniciales y la denegó por los disparos efectuados después de que el vehículo había pasado junto a los agentes, porque una vez eliminada la amenaza inmediata, cualquier creencia persistente en un daño grave sería irrazonable. Claybrook v. Birchwell sostiene que varios usos de la fuerza diferenciados requieren una determinación de razonabilidad separada para cada segmento temporal. Mendez no afecta a ninguna de las dos teorías, y ambas sobreviven a Barnes.

Contacto y cobertura, y el segundo agente

En un contacto con dos agentes, las funciones son distintas y se enseñan como tales. El agente de contacto se encarga de la interacción. El agente de cobertura mantiene su posición, vigila las manos y el entorno, conserva un campo despejado y ordena una pausa cuando la posición del agente de contacto se deteriora.

Así que el agente de cobertura tiene deberes que el agente de contacto no tiene, y lo que vio, su posición y su oportunidad de actuar son cuestiones de hecho separadas. Qué vio. Qué dijo. Qué pudo haber hecho. Conforme a White v. Pauly, el análisis se hace de todos modos agente por agente. El deber de intervenir le da a esa indagación un fundamento jurídico independiente. Una docena o más de estados lo han codificado, y más del noventa por ciento de los departamentos de las grandes ciudades lo incluyen en sus políticas.

Tenga en cuenta el modelo federal. Las condenas modernas por el deber de intervenir más citadas surgieron de una muerte durante la inmovilización. Tres de los agentes nunca tocaron al hombre. El gobierno federal los condenó por no detener a quienes sí lo hicieron.

Dispositivos de energía conducida y agentes químicos

Ambos se clasifican como menos letales, y ambos matan a personas en condiciones identificables. Los mismos problemas se repiten. Un agente los usa contra una persona ya inmovilizada o que ya acata las órdenes. Aplica ciclos repetidos. Alcanza una zona prohibida. Dispara contra una persona situada en altura o cerca de vapores inflamables. Y usa el dispositivo para infligir dolor en lugar de para vencer una resistencia activa.

Las políticas se han endurecido. Illinois restringe su uso y prohíbe apuntar a la cabeza, el pecho, el cuello, la ingle y la pelvis anterior. Varios estados exigen una orden y una oportunidad de acatarla antes de usar un agente químico contra una persona, y distinguen el uso individual del uso para controlar multitudes. Zorn es el obstáculo actual para las demandas por sumisión mediante dolor en el ámbito federal, y las leyes estatales son el terreno donde estos casos se litigarán cada vez más.

A veces la persona herida de bala no es la persona a la que apuntaba el tirador. Un vecino detrás de una pared. Un empleado en la caja de una tienda. Un rehén. Un niño dormido en la habitación de al lado. Un hombre que iba a cenar.

Estos casos se parecen al resto de esta guía y se litigan de una manera completamente distinta. En la mayor parte del país, el transeúnte no tiene una demanda basada en la Cuarta Enmienda, porque no fue objeto de aprehensión. Lo que queda es una teoría constitucional más difícil, una demanda por responsabilidad extracontractual conforme a la ley estatal o, contra un guardia privado, la posición más sólida que llega a tener cualquiera de estas partes demandantes.

Una aclaración antes de la doctrina. Esta Parte trata del transeúnte que fue alcanzado. No trata del transeúnte que presenció los hechos. La causación negligente de daño emocional, la demanda del padre o la madre que vio el disparo y no fue tocado por él, se rige por la regla de la zona de peligro o por los factores de Dillon v. Legg, y la Parte 5 la trata. Las dos demandas comparten una palabra y nada más.

El problema de la aprehensión decide todo lo demás

Brower v. County of Inyo, 489 U.S. 593 (1989), sostiene que una aprehensión conforme a la Cuarta Enmienda ocurre solo mediante medios aplicados intencionalmente. Lea la oración, porque la Corte eligió al transeúnte como ejemplo de una persona que no es objeto de aprehensión.

Brower añade el ejemplo que cita todo escrito de la defensa: si un patrullero estacionado pierde el freno y aprisiona a un transeúnte contra una pared, “es probable que se haya cometido un agravio, pero no una violación de la Cuarta Enmienda.”

Torres v. Madrid, 592 U.S. 306 (2021), exige fuerza aplicada “con la intención de inmovilizar” y dice que la fuerza accidental no cumple ese requisito. No dice si esa intención tiene que dirigirse a la persona alcanzada. No hay nota al pie sobre transeúntes, ni obiter dictum, nada. Roxanne Torres era el blanco evidente y único. Ahora ambas partes argumentan a partir de las mismas dos oraciones y llegan a resultados opuestos según si la intención debe alcanzar a la parte demandante o simplemente a alguien.

Dónde están los circuitos, y el caso de 2026 que los dividió

La geometría clasifica estos casos mejor que los mapas de circuitos

Ordene los resultados según dónde estaba la persona, y el patrón resulta más claro de lo que sugiere la división entre circuitos.

El transeúnte al que el agente vio y hacia el que disparó de todos modos es la configuración más sólida, y ningún caso sostiene todavía que haberlo visto convierta el impacto en una aprehensión de esa persona. Aun así, ese hecho cumple cuatro funciones. Es toda la disputa conforme a la prueba objetiva de Kilnapp, porque un agente que dispara hacia un espacio que sabe ocupado ha manifestado una intención de aplicar fuerza allí. Convierte un accidente en intención basada en el conocimiento conforme a los principios ordinarios de responsabilidad extracontractual. Ataca el lenguaje protector de Claybrook, que depende expresamente de que las circunstancias sean imprevistas. Y decide sin más la demanda estatal por negligencia, porque la previsibilidad del transeúnte es toda la cuestión del deber.

El transeúnte no visto, detrás de una pared o una puerta, es la configuración más difícil de todas. Claybrook, Rucker y las balas que atravesaron una pared compartida en Louisville involucraron víctimas invisibles, y todos fracasaron. La vía de esa parte demandante no es la Cuarta Enmienda. Es el estándar de cuidado sobre el blanco y el fondo que se expone más adelante, sostenido por la ley estatal de responsabilidad extracontractual.

La vía de la Decimocuarta Enmienda, y por qué casi nunca funciona

County of Sacramento v. Lewis deja al verdadero transeúnte una sola teoría federal. La negligencia nunca basta. La indiferencia deliberada puede conmocionar la conciencia cuando la deliberación real era posible. Cuando los agentes tuvieron que tomar decisiones en fracciones de segundo, solo sirve un propósito de causar daño ajeno a un objetivo legítimo de aplicación de la ley.

Todos los circuitos que han resuelto un disparo contra un transeúnte han aplicado el nivel del propósito de causar daño, con el argumento de que un enfrentamiento armado es el paradigma de una situación que exige un juicio instantáneo. Claybrook aporta la frase que citará la defensa: “incluso la temeridad precipitada no llega a acercarse lo suficiente al propósito dañino.”

El nivel no lo fija la palabra “disparo”. Lo fija si la deliberación era posible. Un atrincheramiento de seis horas, la ejecución planificada de una orden judicial o un perímetro estático no son una emboscada en una escalera. Ese es el terreno abierto, y ningún tribunal de apelación lo ha cerrado todavía.

Vale la pena alegar el peligro creado por el Estado en una configuración y en ninguna otra. Los elementos varían según el circuito. Lo que destruye la teoría es el requisito de que la parte demandante sea una víctima previsible y no un miembro del público en general. Solo prospera cuando los agentes sabían de una persona concreta o de un grupo determinado y dispararon de todos modos: el vecino cuyo apartamento sabían ocupado, la multitud que podían ver detrás del blanco, el niño que sabían que estaba en la habitación. Complementa la demanda basada en Lewis. No la sustituye.

Dónde obtienen realmente indemnización los transeúntes

En general, no en los tribunales federales. La revisión no encontró ninguna decisión federal de apelación que otorgara daños a un transeúnte por debido proceso sustantivo a raíz de un disparo policial no intencional.

Obtienen indemnización conforme a la ley estatal, y las cifras son reales.

• Denver, 17 de octubre de 2025. $19.75 millones. Un agente disparó contra un hombre armado a la hora de cierre de los bares en Lower Downtown y alcanzó a seis transeúntes. El jurado dictó el veredicto contra el exagente a título personal. La City and County of Denver nunca fue demandada. Él ya se había declarado culpable en 2024 de agresión en tercer grado, había recibido dieciocho meses de libertad condicional y había perdido su certificación como agente del orden. Colorado es la jurisdicción donde este resultado es más accesible, porque su causa de acción estatal excluye la inmunidad calificada y obliga a pagar los honorarios de la parte demandante vencedora.
• Los Ángeles, 30 de agosto de 2024. $9.5 millones. La bala de un agente mató a una subgerente de Trader Joe's que estaba de pie dentro de la entrada durante un intercambio de disparos con un sospechoso que huía. En 2020, el fiscal de distrito había determinado que los agentes actuaron de manera justificada. Los abogados lo calificaron como el mayor acuerdo previo al juicio que la ciudad había pagado por un disparo policial.
• Riverside, 27 de octubre de 2021. $17 millones. Un agente fuera de servicio disparó contra un hombre en un Costco e hirió a los dos padres del hombre, que eran transeúntes desarmados. El jurado federal determinó que el agente actuó dentro del ámbito de su empleo, lo que hizo recaer el veredicto sobre la ciudad. El proceso penal terminó con la anulación del juicio en enero de 2024 y no se volvió a juzgar.

Lea esos tres casos en conjunto. En cada uno, el agente fue exonerado penalmente o nunca fue acusado, y el dinero llegó de todos modos, porque el estándar que rige la demanda por responsabilidad extracontractual de un transeúnte no es el estándar que rige la decisión de disparar.

Agentes federales, incluido el Servicio Secreto

Empiece por descartar la demanda constitucional. Egbert v. Boule y Goldey v. Fields han reducido Bivens casi a nada fuera de sus tres contextos originales, y un transeúnte herido por un agente federal presenta un contexto nuevo en todos los ejes: la agencia, el mecanismo de la lesión y la condición de la parte demandante como persona no sospechosa. Alegue la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (Federal Tort Claims Act) y preserve Bivens para la apelación.

La Ley Federal de Reclamaciones por Agravios es la verdadera vía, y su mecánica decide estos casos.

1. La ley estatal aporta el estándar. El título 28 del Código de los Estados Unidos, sección 1346(b)(1), hace responsables a los Estados Unidos cuando un particular sería responsable conforme a la ley del lugar donde ocurrió el acto. La comparación se hace con un particular, no con un agente municipal, así que los privilegios policiales estatales no se trasladan limpiamente.
2. Sin daños punitivos y sin jurado. La sección 2674 prohíbe los daños punitivos. La sección 2402 somete el caso a la decisión del juez. En un caso de lesiones a transeúntes, donde los hechos tienen el peso emocional, perder el jurado es una pérdida estructural grave.
3. La excepción de función discrecional es donde el caso vive o muere. La sección 2680(a) excluye las demandas basadas en una función discrecional, haya o no abuso de esa discreción. La jugada de la parte demandante es encontrar una directiva obligatoria, no discrecional, que el agente haya violado, lo que elimina el elemento de juicio. El objetivo es la política de uso de la fuerza de la agencia con lenguaje prohibitivo. Una política redactada con “debería” o “considere” conserva la discreción, y la excepción impide la demanda.
4. La salvedad para las fuerzas del orden restablece los agravios intencionales. La sección 2680(h) excluye las demandas derivadas de amenazas y agresiones físicas, y luego restablece seis de ellas, incluida la agresión física, para actos de agentes federales de investigación o de aplicación de la ley. No crea una causa de acción. Elimina un impedimento.
5. Martin v. United States, 605 U.S. 395 (2025), resolvió la interacción. Por unanimidad, la Corte sostuvo que la Cláusula de Supremacía no es defensa en una demanda conforme a la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, y que la salvedad para las fuerzas del orden solo prevalece sobre la excepción por agravios intencionales de su propio inciso. No prevalece sobre la excepción de función discrecional. Así que, en sus alegatos, sortee primero la sección 2680(a). La salvedad no importa hasta que lo haga.
6. Agote la vía administrativa y vigile el plazo. Antes de demandar, presente la reclamación por escrito a la agencia con una suma determinada. El formulario Standard Form 95 es el medio habitual. Dos años desde el nacimiento de la acción para presentarla, seis meses desde una denegación por escrito para demandar. La suma determinada es la trampa clásica de negligencia profesional.
7. Ordene las demandas con cuidado. Conforme al impedimento por sentencia de la sección 2676 y a Brownback v. King, 592 U.S. 209 (2021), perder la demanda por agravio puede extinguir una demanda constitucional conexa. La Corte dejó abierta la cuestión de si el impedimento alcanza a las demandas del mismo juicio.

El Servicio Secreto porta armas de fuego y realiza arrestos conforme al título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 3056, y esa ley no fija ningún estándar de uso de la fuerza. Lo fija la política. El documento que rige es la declaración de política de uso de la fuerza del Department of Homeland Security, revisada el 6 de febrero de 2023, y contiene una oración escrita justo para este capítulo: antes de usar fuerza letal contra el conductor de un medio de transporte en movimiento, el agente “debe tener en cuenta los peligros que un medio de transporte fuera de control puede representar para las fuerzas del orden y para transeúntes inocentes.” Ese lenguaje obligatorio es el tipo de lenguaje que una parte demandante necesita para vencer la excepción de función discrecional. No hay ninguna directiva propia del Servicio Secreto que sea pública. Obtenerla requiere una solicitud de acceso a registros o la exhibición de pruebas.

El mejor resultado federal encontrado es un juicio sin jurado. En un rescate de rehenes fallido en Houston, un agente disparó un rifle a través de una ventana de doble vidrio y mató a la víctima del secuestro, que estaba atada. El 3 de marzo de 2025, el tribunal otorgó $1.911 millones más $475,000 en honorarios; determinó que el agente fue negligente y que la versión de los agentes, según la cual la víctima agarró el arma, constituía, en palabras del tribunal, falsedades intencionales contradichas por la evidencia física.

Un asunto actual muestra cómo empiezan estos casos. En mayo de 2026, un hombre abrió fuego en un puesto de control de la Casa Blanca, y el personal del Servicio Secreto respondió al fuego y lo mató. Un soldado que iba a cenar fue alcanzado en el abdomen y necesitó varias cirugías. Los informes públicos dijeron claramente que no se sabía de quién era la bala que lo alcanzó. Ese es el estado habitual del expediente al comienzo de un caso de lesiones a transeúntes, y por eso el trabajo de atribución no es un adorno. La atribución es el caso.

Seguridad privada: la mejor posición que tiene un transeúnte

Un guardia en un inmueble privado que ejerce el privilegio del comerciante o la legítima defensa ordinaria no es un agente del Estado, así que la Sección 1983 no lo alcanza. Su nombramiento como agente especial de policía, su designación como ayudante del alguacil o su actuación conjunta con la policía que acude al lugar pueden cambiar eso, y los agentes juramentados fuera de servicio que trabajan en seguridad constituyen su propia categoría controvertida.

Aquí, perder la Sección 1983 es una ganancia para la parte demandante, y no por poco. Contra un guardia privado, el transeúnte obtiene:

• Negligencia en lugar de un requisito de aprehensión. Brower, Torres, Rucker y Claybrook no son pertinentes. Todo el problema expuesto al comienzo de esta Parte desaparece.
• Sin inmunidad calificada. Sin análisis de lo claramente establecido y sin apelación interlocutoria que paralice el caso dos años. Un veredicto de $32.9 millones no puede anularse como se anuló el veredicto de Baltimore County.
• Sin requisito de política municipal. La doctrina de respondeat superior alcanza directamente al empleador.
• Sin ley de reclamaciones por agravios. Sin plazo jurisdiccional breve de notificación, sin tope de daños, sin inmunidad por actos discrecionales.
• Daños punitivos, jurado y seguro. Las empresas autorizadas de seguridad armada tienen cobertura de responsabilidad civil, y muchos estados condicionan la licencia a que la acrediten.

El precio es probar la negligencia en lugar de invocar un estándar constitucional. En un caso de lesiones a transeúntes eso es una ganga, porque la negligencia es la exigencia más baja. Al agente demandado se lo juzga por la razonabilidad objetiva o por si su conducta conmociona la conciencia. Al guardia se lo juzga por el cuidado ordinario.

Las teorías son las conocidas. Respondeat superior, que la defensa impugna sobre todo para romper la cadena hasta el empleador y evitar la exposición a daños punitivos. Contratación, capacitación, retención y supervisión negligentes, que es responsabilidad directa de la empresa, independiente del ámbito del empleo. Responsabilidad del propietario del inmueble, donde en muchos estados el deber de seleccionar un contratista de seguridad competente es personal e indelegable, así que contratar a un contratista no protege al propietario. Y en algunas jurisdicciones, una demanda como tercero beneficiario del contrato de seguridad.

Las órdenes de puesto son el objetivo más productivo de la exhibición de pruebas en un caso contra un guardia. Apartarse de las órdenes de puesto escritas es la prueba de incumplimiento más clara disponible.

¿Un disparo justificado excusa alcanzar al transeúnte?

No, y esta es la regla más importante de esta Parte.

La sección 26(c) del Restatement (Third) of Torts: Intentional Torts to Persons enuncia la regla moderna. Quien actúa amparado por el privilegio de legítima defensa o de defensa de un tercero y daña sin intención a un transeúnte no incurre en responsabilidad por agravio intencional frente a ese transeúnte. En esa circunstancia, su responsabilidad “se determina únicamente conforme a los principios aplicables de la negligencia.”

Así, el privilegio se traslada al elemento de la intención y no al elemento del cuidado. Destruye la demanda por agresión física. Deja en pie la demanda por negligencia.

La defensa intentará fundir las dos cuestiones en una: tenía derecho a disparar, así que no le debe nada a nadie. Son cuestiones distintas. Si tenía derecho a disparar contra el agresor depende de la amenaza que representaba el agresor. Si fue negligente respecto del transeúnte depende de lo que sabía o debía saber sobre el fondo, la multitud y la pared detrás del blanco. También depende de si una persona armada razonablemente cuidadosa habría disparado siquiera, desde esa posición, con ese ángulo, con esa munición.

El derecho penal se divide en tres posturas sobre la misma cuestión, y la respuesta del estado del foro decide si hay alguna exposición penal siquiera.

1. La justificación se traslada por completo. Commonwealth v. Fowlin, 551 Pa. 414, 710 A.2d 1130 (1998). Un hombre cegado por gas pimienta y frente a una pistola desenfundada disparó once balas y alcanzó a un transeúnte. Decisión: la legítima defensa justificada anula la temeridad misma, así que fracasan los cargos que exigen temeridad. El tribunal la limitó: la responsabilidad vuelve si la creencia no era razonable, si él provocó el enfrentamiento o si podía haberse retirado con seguridad.
2. La justificación excluye el asesinato, pero subsiste la responsabilidad por temeridad. Commonwealth v. Santana-Rodriguez, SJC-13753 (Mass. Oct. 14, 2025), la tendencia moderna. La justificación se traslada y la intención sigue a la bala, así que el asesinato no puede basarse en la muerte accidental de un transeúnte. Pero el homicidio involuntario subsiste cuando la conducta defensiva fue lo bastante desconsiderada o temeraria como para crear una alta probabilidad de daño sustancial a una víctima no buscada. El tribunal rechazó expresamente el enfoque general.
3. La justificación no se traslada en absoluto. Model Penal Code, sección 3.09(3): cuando quien actúa está justificado pero “por temeridad o negligencia lesiona a personas inocentes o crea un riesgo de lesión para ellas, la justificación que ofrecen esas Secciones no está disponible en un proceso penal por esa temeridad o negligencia hacia personas inocentes.” Observe el alcance de “crea un riesgo de lesión”. Conforme al Código, el cargo de puesta en peligro procede aunque nadie haya sido alcanzado. La mayoría de los estados con código penal tienen una disposición análoga. Revise la ley de justificación del foro.

La física que hace previsible al transeúnte

La Regla 4 tiene dos mitades, y la segunda es de lo que tratan estos casos. Asegúrese de su blanco y de lo que hay detrás de él. Identificar el blanco cumple la mitad de la regla. El tirador también tiene que tener en cuenta lo que hay detrás y alrededor, porque la bala no se detendrá en el blanco si falla, y a menudo no se detendrá en el blanco aunque acierte.

Cinco hechos establecidos convierten esa regla en un dictamen sobre previsibilidad e incumplimiento. Ninguno es polémico, y todos se enseñan en la primera hora de cualquier curso de armas de fuego.

Fallar es la norma, no la excepción.

La RAND Corporation evaluó la capacitación en armas de fuego del New York City Police Department en MG-717 (2008), que abarca los tiroteos de 1998 a 2006. La tasa media de impactos fue del 18 por ciento en los tiroteos en que el sujeto respondió al fuego y del 30 por ciento cuando no se respondió al fuego. Donner y Popovich, al estudiar los tiroteos del Dallas Police Department de 2003 a 2017, encontraron una tasa de impactos por bala del 35 por ciento, y los agentes alcanzaron al sujeto al menos una vez solo en el 54 por ciento de los incidentes. Desde la década de 1970, los departamentos rara vez han logrado una tasa de impactos del 50 por ciento.

Dicho con claridad: aproximadamente dos de cada tres balas que dispara un agente van a parar a un lugar distinto del blanco previsto, y en un tiroteo en que ambas partes disparan la proporción se acerca a cuatro de cada cinco. Cada una de esas balas va a parar a alguna parte. Eso no es una anomalía que haya que excusar. Es la línea de base publicada y documentada por los propios departamentos con la que debe juzgarse la decisión de disparar en un lugar poblado.

Los impactos no detienen las balas, y las paredes tampoco.

El trabajo de balística de heridas del Federal Bureau of Investigation fija el estándar de munición, y conviene decir con exactitud qué exige ese estándar. La postura del Bureau, formulada en 1989 y todavía vigente, es que es preferible una penetración de hasta 18 pulgadas y que una bala de arma corta debe penetrar de manera fiable un mínimo de 12 pulgadas de tejido blando. El tórax de un hombre adulto mide aproximadamente de 9 a 11 pulgadas de adelante hacia atrás.

La munición de servicio se selecciona deliberadamente para penetrar más que la profundidad de un torso humano. La sobrepenetración no es una falla. Es una propiedad incorporada por diseño en toda bala de servicio de las fuerzas del orden estadounidenses, y la agencia lo sabía cuando eligió la munición.

El protocolo de pruebas del Bureau lo confirma. Una de las seis pruebas obligatorias dispara a través de dos placas de yeso de media pulgada separadas por tres pulgadas y media, con el bloque de gelatina 18 pulgadas detrás, lo que simula deliberadamente una pared interior de vivienda. Otras disparan a través de lámina de acero, madera contrachapada de tres cuartos de pulgada y vidrio laminado de automóvil en un ángulo compuesto. En todas ellas, la bala tiene que llegar a la gelatina y cumplir su función. La munición que no superara esas barreras no se adoptaría.

Las pruebas publicadas de penetración de paredes clasifican con claridad los tipos de munición. La camisa metálica completa es la peor en todos los calibres. En una serie de pruebas, las balas de camisa metálica completa de 9mm y de 5.56 atravesaron cada una una pared interior simulada y una pared exterior con el mismo disparo. Lo mismo hicieron la .45 de camisa metálica completa, los perdigones 00 y una bala sólida de escopeta calibre 12. La punta hueca encamisada reduce sustancialmente la penetración en paredes, porque la expansión en la primera barrera disipa energía y ensancha el área frontal. Contra lo que cabría pensar, una .223 con carga defensiva expansiva o fragmentable penetra menos la construcción residencial que una 9mm de camisa metálica completa, porque la bala ligera y rápida se desestabiliza y se desintegra. Cuente con que la defensa lo señale. Es correcto respecto de esas cargas e incorrecto respecto de la camisa metálica completa de 55 granos, que es munición común para rifles de patrulla.

A falta de pruebas específicas del caso, suponga que la munición de servicio atraviesa una puerta interior de núcleo hueco, un tabique de yeso, la chapa metálica de un automóvil y el vidrio de un automóvil, y conserva energía letal después de cada uno. La pared exterior es la verdadera variable: el ladrillo, el bloque o el estuco cambian el análisis y exigen pruebas.

Las superficies duras desvían las balas hacia el espacio donde está la gente.

Una bala que rebota no sale despedida en el ángulo especular, como la luz. Sale con un ángulo más bajo que el de llegada, así que viaja cerca de la superficie que golpeó y más o menos paralela a ella. En el pavimento o en un piso, eso mantiene la bala en el plano horizontal que ocupan los seres humanos, a veces a lo largo de una gran distancia. Una bala disparada al suelo antes del blanco no se entierra. Rebota hacia adelante a una altura entre la rodilla y el pecho.

Los ángulos críticos son bajos. Las cifras publicadas sitúan el panel de yeso cerca de 10 grados, el cemento cerca de 11, el concreto rugoso cerca de 11, la chapa metálica delgada en apenas 3 y el vidrio flotado entre los 13 y los 19 para los calibres comunes de arma corta. Por debajo de esos ángulos, la bala se desvía en lugar de penetrar. Un rebote rasante pierde relativamente poca velocidad y sigue siendo letal, mientras que un impacto más pronunciado puede abrir un cráter y despedir la bala con un ángulo mayor que el de llegada, lo cual es impredecible. Las armas cortas rebotan con más facilidad que los rifles, así que el arma corta reglamentaria es el arma del cinturón más propensa al rebote.

El rebote deja una marca en el cuerpo. Hlavaty y sus colegas examinaron más de 150 orificios de entrada de balas desviadas por concreto, asfalto, señales de aluminio, ladrillo y panel de yeso. Todos los calibres y todas las superficies produjeron heridas atípicas: irregulares en tamaño o forma, sin el anillo de contusión o con otras lesiones. La superficie que golpeó la bala fue el factor que más influyó en el aspecto de la herida. Un orificio de entrada irregular sin un anillo de contusión nítido es una prueba positiva de rebote, y remite a la superficie, a la trayectoria y a la posición del tirador.

El espacio de peligro supera una milla.

Una bala de 9mm puede recorrer aproximadamente 2,000 yardas, una .45 unas 1,500, y una .223 o 5.56 entre 3,000 y 3,500. La energía terminal lo demuestra con más fuerza que la distancia: una .223 conserva más energía a 500 yardas, aproximadamente de 330 a 385 libras-pie, que la que lleva una 9mm en la boca del cañón. Una bala de rifle de patrulla que falla sigue siendo letal a lo largo de un tercio de milla de ciudad.

El disparo por contagio multiplica las balas sin mejorar la puntería.

DeCarlo, Dlugolenski y Myers colocaron a 169 agentes entre dos colaboradores de los investigadores y realizaron una prueba aleatorizada publicada en el Journal of Criminal Justice en 2024. Cuando los colaboradores no disparaban, disparó el 49 por ciento de los participantes, con un promedio de 1.13 balas. Cuando los colaboradores disparaban, disparó el 92 por ciento, con un promedio de 3.21 balas. Los agentes tuvieron aproximadamente once veces más probabilidades de disparar y dispararon alrededor de un 72 por ciento más de balas.

El estímulo de ese experimento era un hombre que sacaba un teléfono celular de la cintura. Así que los agentes que dispararon lo hicieron, por diseño del experimento, contra algo que no era una amenaza. El disparo por contagio multiplica las balas justo donde la identificación del blanco fue errónea, en un entorno que el segundo y el tercer tirador nunca evaluaron por su cuenta. Más balas, ninguna mejora en la precisión, ninguna evaluación independiente. Esa es la receta para alcanzar a un transeúnte, y por eso la descarga colectiva del Empire State Building en agosto de 2012 hirió a nueve personas con dieciséis balas, todas ellas alcanzadas por balas policiales o por sus fragmentos, según informó el propio departamento.

La atribución es el caso

Antes de que importe cualquier doctrina, alguien tiene que probar de quién era la bala. En casi todos estos asuntos, la postura de la defensa es que el agresor disparó la bala o que no puede determinarse. Seis líneas de prueba la responden.

Cómo trabajar el caso del transeúnte

Las dos tablas siguientes provienen de asuntos que constan en el registro público, con notas después de cada una. Varios seguían sin resolverse cuando salió esta edición. Verifique la situación procesal actual de cualquiera de ellos antes de apoyarse en él en un escrito.

Particulares: seguridad privada y civiles

El disparo de prevención de pérdidas.

El asunto de San Francisco es la ilustración más limpia de la cuestión de la razonabilidad reducida a sus elementos. El video de vigilancia mostró un forcejeo, el momento en que el guardia soltó al sospechoso y a este dando un paso hacia el guardia antes del disparo. No se recuperó ningún arma. La decisión del fiscal de no acusar dependió de si el temor que declaró el guardia era razonable según la totalidad de las circunstancias, el mismo estándar que rige la demanda civil. El trabajo de factores humanos aquí es una reconstrucción cuadro por cuadro de la distancia, la dirección del movimiento y el tiempo transcurrido entre el momento de soltarlo y el disparo, contrastada con la capacitación del guardia en esos mismos puntos de decisión.

La escalada en el estacionamiento.

El asunto de Portland muestra con qué rapidez un caso de uso de la fuerza mete al empleador en el cuadro. El jurado no se limitó a juzgar la decisión instantánea del guardia. Declaró independientemente negligentes al administrador del inmueble, al propietario y a la empresa de seguridad, según se informó, con base en la teoría de que la cultura y la capacitación del programa de seguridad propiciaban una respuesta de confrontación en lugar de la desescalada. Este es el patrón que hay que detectar al recibir el caso: cuando el volumen de fuerza es desproporcionado a simple vista, el caso casi nunca se trata solo del tirador.

La reducción física que se convierte en un disparo.

El asunto de Albuquerque empezó como una detención, no como un disparo: un derribo, una advertencia, aerosol químico y solo entonces un arma de fuego, durante un forcejeo por mercancía que valía menos que una cena modesta. Esa secuencia importa por partida doble. Muestra un árbol de decisiones en escalada en el que cada paso debió evaluarse frente a la amenaza que realmente se presentaba, no frente a la decisión inicial de detener. Y una vez que apareció el arma durante un forcejeo físico, el caso suma una línea de violación de las normas de manejo: ¿el disparo fue deliberado y apuntado, o se produjo porque una mano o el cuerpo en contacto con el arma causó una presión no intencional del gatillo?

La exposición del empleador.

Cervantez tiene décadas y todavía hace el trabajo fundacional. La responsabilidad de un minorista por la conducta de su personal de seguridad no termina con el guardia. La contratación negligente, la capacitación negligente y la supervisión negligente son teorías independientes que subsisten incluso cuando la conducta del guardia individual podría, de otro modo, quedar excusada o justificada. En todo asunto que involucre a un guardia contratado o propio, trabaje esta capa además del disparo.

Asuntos policiales

La tabla siguiente está organizada según la categoría analítica que enseña cada asunto, no según su notoriedad. Los resultados penales y civiles se presentan por separado porque divergen constantemente, y esa divergencia es en sí misma una de las lecciones.

Por qué divergen las columnas penal y civil.

Aplican estándares distintos a preguntas distintas, con cargas de la prueba distintas. Una absolución penal significa que el Estado no probó un delito más allá de toda duda razonable. No dice nada sobre si la fuerza fue objetivamente irrazonable según la Cuarta Enmienda, ni sobre si la capacitación del departamento mostró indiferencia deliberada. El asunto de Mesa produjo una absolución y $9.5 millones en acuerdos civiles. En un asunto de Michigan, el jurado penal no llegó a un veredicto y la fiscalía decidió no volver a juzgar en 2025. En 2026 el tribunal negó la inmunidad calificada con el mismo expediente. No permita que ninguna de las dos columnas se lea como la respuesta a la otra.

El patrón que se repite en la tabla policial.

Fíjese en lo que aparece en la columna “de qué depende”. El posicionamiento. El anuncio. El estímulo elegido. El intervalo concedido. La información que no se transmitió. En la mayoría de estos asuntos, la decisión de disparar, tomada aisladamente en el momento en que se tomó, es defendible o casi. Lo que no es defendible es la secuencia que produjo ese momento. Ese es el patrón que Barnes hizo admisible en todas partes, y es la razón por la que la reconstrucción previa a la fuerza es hoy el centro del trabajo y no un paso preliminar a él.

Las fallas en la transmisión de la información.

Dos de los asuntos anteriores dependen de lo que dijo quien llamó y de lo que se le informó al agente. Quien llama dice que el arma probablemente es falsa y el despachador no lo transmite. El relato de quien llama sobre su propio papel resulta ser falso. Ninguno de esos hechos determina la razonabilidad de lo que percibió el agente, porque el agente solo puede actuar con base en lo que recibió. Ambos hechos determinan otra cosa. ¿El protocolo de despacho y la capacitación para la recepción de llamadas de la agencia cumplían con el estándar? Esa es una cuestión municipal. ¿La diferencia entre la escena informada y la escena encontrada debió hacer más lenta la respuesta? Esa es una cuestión táctica. Mantenga ambas separadas en un informe.

La teoría que se alegue debe corresponder a la familia de casos y a la identidad del tirador. Consulte a abogados autorizados en la jurisdicción correspondiente sobre los elementos y las defensas que se aplican allí.

Contra cualquier tirador

1. Agresión y lesionesLa demanda por ilícito civil intencional contra el tirador directamente. Procede en ambas familias de casos. En un caso de manejo, suele alegarse junto con la negligencia de forma subsidiaria.
2. Negligencia, contra el tiradorLa demanda preferida en un caso de disparo no intencional: el tirador tenía un deber de cuidado razonable en el manejo de un arma de fuego y lo incumplió. Las cuatro reglas cardinales funcionan como referencia del estándar de cuidado. En varios estados, en particular California, el deber de cuidado alcanza la conducta táctica previa al disparo, que el análisis de la Cuarta Enmienda alcanza con menos facilidad.
3. Acciones por muerte por negligencia (wrongful death) y de supervivenciaDos demandas distintas con dos titulares distintos, y confundirlas cuesta dinero. La acción de supervivencia pertenece al patrimonio sucesorio y comprende los daños propios de la persona fallecida: el dolor y sufrimiento consciente antes de la muerte, los gastos médicos y, en muchos estados, los daños punitivos. La acción por muerte por negligencia pertenece a los beneficiarios que establece la ley y comprende sus pérdidas: el sustento económico, los servicios y la pérdida de compañía y convivencia. Qué daños proceden en cada una, y cuáles tienen tope, es enteramente materia de la ley estatal. Alegue ambas.
4. Causación negligente de daño emocional y demandas de transeúntesUna persona que presenció la muerte puede tener una demanda por derecho propio. Las reglas estatales sobre la relación y la proximidad exigidas varían mucho.

Contra un empleador privado o el propietario del inmueble

1. Privación ilegal de la libertadSe refiere a la detención que precedió al disparo, con independencia de que el disparo en sí estuviera justificado. Una detención que excedió el privilegio del comerciante en alcance, duración o fuerza puede fundar responsabilidad incluso cuando el uso final del arma de fuego se litiga por separado.
2. Contratación, capacitación, retención y supervisión negligentesLa teoría sobre la capa del empleador establecida en casos como Cervantez. La exhibición de pruebas (discovery) se centra en la situación de la licencia del guardia, los registros de calificación con armas de fuego, la política de uso de la fuerza y cualquier incidente previo que el empleador conocía o debía conocer.
3. Respondeat superior y responsabilidad vicariaHace responsables a la empresa de seguridad y, según la estructura del contrato, al propietario del inmueble por la conducta del guardia dentro del ámbito de su empleo. Alcanza a un empleador privado y no a un municipio. Esa diferencia a menudo convierte a la empresa de seguridad en el mejor objetivo.
4. Responsabilidad del propietario del inmuebleProcede contra el propietario con independencia de la relación laboral con el guardia, con base en la teoría de que una presencia de seguridad armada o investigada de forma inadecuada hizo que el inmueble fuera irrazonablemente peligroso.

Contra un agente de policía o una agencia

1. Fuerza excesiva conforme a la Cuarta Enmienda, en virtud de la Sección 1983La demanda federal de derechos civiles contra un agente del Estado, que alega una aprehensión irrazonable según el estándar de Graham. No alcanza a un guardia de seguridad privada ni a un civil armado si no hay actuación estatal, y es el rasgo definitorio que separa un asunto policial del resto de esta guía. La inmunidad calificada es la defensa que la responde.
2. Ingreso ilegal, detención ilegal o aprehensión ilegal, alegados por separadoEl presupuesto de Mendez. Alégelo como un cargo propio y acompáñelo de una alegación de causa próxima que abarque los daños del disparo. Esa es la vía que subsiste para los hechos de peligro creado por el agente. Elija un presupuesto que no esté protegido a su vez por la inmunidad calificada.
3. Omisión de intervenirUna demanda independiente contra los agentes que observaron la fuerza excesiva y no la detuvieron, hoy codificada en una docena de estados o más y adoptada como política por la gran mayoría de las agencias principales. También es la teoría detrás de las condenas federales modernas más citadas de agentes que no aplicaron ellos mismos la fuerza mortal.
4. Omisión de prestar atención médicaIndiferencia deliberada ante una necesidad médica grave y, en varios estados, un deber establecido por ley. El intervalo entre la lesión y los primeros auxilios se puede medir en el video y a menudo es largo.
5. Responsabilidad del municipio conforme a MonellExtiende la responsabilidad al municipio cuando una política, una costumbre, una ratificación o una falta de capacitación causó la violación constitucional. No se aplica la inmunidad calificada y no proceden los daños punitivos. La Parte 9 expone las cinco vías y la prueba.
6. Pérdida de la relación familiar conforme a la Decimocuarta EnmiendaLa demanda propia de la familia, distinta de la demanda de supervivencia del patrimonio sucesorio conforme a la Cuarta Enmienda, por la privación de la relación familiar. Aplica el marco de la conducta que estremece la conciencia. Cuál estándar rige, la indiferencia deliberada o el propósito de causar daño, depende de si los agentes tuvieron tiempo para deliberar. Dos estándares distintos se aplican a los mismos hechos, así que mantenga el análisis separado.
7. Demandas constitucionales estatales donde el estado las prevéEn Colorado, Nuevo México, Montana, Nevada y la ciudad de Nueva York existe una causa de acción estatal en la que no procede la inmunidad calificada. Después de Zorn, estas vías valen considerablemente más que la demanda federal paralela.
8. Violaciones de las leyes estatales sobre el uso de la fuerzaSe alegan como un cargo aparte, nunca incorporadas a la demanda de la Sección 1983. En los estados de estándar estricto, este cargo puede prosperar con hechos que pierden en el fuero federal.
9. Americans with Disabilities Act y Rehabilitation ActUna teoría de ajuste razonable durante el arresto en casos de salud mental. Sobrevive intacta a Mendez y permite examinar directamente las tácticas.
10. Debido proceso sustantivo, para una persona que no fue aprehendidaLa teoría federal del transeúnte en la mayoría de los circuitos, porque una persona que no era el objetivo de la fuerza por lo general no fue aprehendida y no tiene ninguna demanda conforme a la Cuarta Enmienda. Se rige por el estándar de la conducta que estremece la conciencia, y que se aplique la indiferencia deliberada o el propósito de causar daño depende de si los agentes tuvieron tiempo para deliberar. La Parte 12 expone el problema de la aprehensión, la división entre circuitos y dónde obtienen realmente indemnización los transeúntes.
11. Federal Tort Claims Act, contra un agente federalLa única vía viva contra el personal federal después de que se restringió Bivens. La ley estatal aporta el estándar, no hay jurado ni daños punitivos, primero hay que sortear en la demanda la excepción de función discrecional, y la reclamación administrativa debe presentarse con una suma determinada dentro de dos años. La Parte 12 cubre los mecanismos.
12. Demandas estatales por ilícitos civiles contra el agente y la agenciaLesiones, negligencia y muerte por negligencia conforme a la ley estatal, sujetas a plazos de aviso de reclamación, topes de daños e inmunidad oficial. Si se vence el plazo del aviso, la demanda estatal se pierde sin importar sus méritos. La Parte 5 expone estas teorías en su totalidad, junto con la entrega negligente, las demandas propias de la familia, la escala de culpabilidad y los daños punitivos.

Las defensas que les responden

Cada cifra que aparece a continuación lleva su fuente y su año. Cuando un número depende de una sola fuente o de una metodología controvertida, se indica. No cite ninguna sin verificar la versión actual, y no cite una cifra cuyo denominador no pueda precisar.

Seguridad privada y litigios por seguridad negligente

Las cifras confiables y actuales específicamente sobre disparos de la seguridad privada son escasas. La mayoría de los datos publicados abarca la seguridad negligente en sentido amplio, lo que incluye la responsabilidad del propietario del inmueble por delitos cometidos por terceros además de las demandas contra los propios guardias.

Dos advertencias. El estudio más antiguo es anterior a la ola actual de disparos de seguridad vinculados con robos en tiendas, y debe tratarse como una referencia histórica, no como una predicción actual. Además, los datos disponibles subestiman aquí las tasas de éxito de la parte demandante, porque los casos sólidos se resuelven por acuerdo antes del juicio y nunca llegan a un estudio de veredictos. La brecha entre un resultado documentado y el verdadero valor de acuerdo de un caso es donde se ganan o se pierden muchos de estos asuntos.

Cuántas personas mata la policía, y por qué nadie se pone de acuerdo

Circulan tres recuentos y miden cosas distintas. Mapping Police Violence cuenta todas las muertes causadas por cualquier aplicación de fuerza de cualquier agente, en servicio o fuera de servicio, justificada o no. Gun Violence Archive clasifica los incidentes centrados en disparos y registró 1,404 personas muertas en 2025. La base de datos Fatal Force de The Washington Post contaba solo los disparos policiales mortales en servicio, y dejó de actualizarse en enero de 2025; abarca de 2015 a 2024. Toda cita de los datos del Post en un trabajo actual tiene que decirlo. Su alcance más estrecho también hace que sus cifras sean estructuralmente menores y no directamente comparables: una muerte durante la inmovilización, un disparo fuera de servicio o una muerte bajo custodia quedan completamente fuera de ella.

Los recuentos federales son todavía menores, y la razón es estructural. La declaración metodológica del propio Post dice que documentó más del doble de disparos mortales al año de los que registraron las autoridades federales. En 2021, el Federal Bureau of Investigation (FBI) solo registró alrededor de un tercio de los disparos mortales de los departamentos. La National Use-of-Force Data Collection del FBI es voluntaria y solo publica datos cuando se alcanzan ciertos umbrales de participación. Los forenses y médicos legistas llenan los certificados de defunción, y muchos de ellos trabajan para la misma estructura policial del condado o están cerca de ella. Usan poco los códigos de intervención legal. No existe una base de datos federal integral y obligatoria.

Circunstancias, 2025

• Presuntamente armados, 76 por ciento. Desarmados, 22 por ciento. Alrededor del 52 por ciento, según los informes, estaba armado con un arma de fuego y alrededor del 2 por ciento con un vehículo.
• Tipo de fuerza: disparos 87 por ciento, vehículo 8 por ciento, dispositivo de energía conducida 8 por ciento. Las categorías se superponen.
• Crisis de salud mental o conductual: el 20 por ciento de las personas muertas mostraba síntomas, y el 89 por ciento de esas muertes ocurrió tras la respuesta a una llamada de servicio.
• El 66 por ciento de todas las muertes ocurrió tras la respuesta de un agente a una llamada de servicio y no en una parada iniciada por el propio agente.

Ese último par de cifras es la columna vertebral empírica del argumento del peligro creado por el agente. Dos tercios de estas muertes empiezan con alguien que pide ayuda.

Disparidad racial, y la advertencia honesta

Tasas por cada 100,000 habitantes en 2025, según Mapping Police Violence: nativos de Hawái y de otras islas del Pacífico 1.59, indígenas americanos y nativos de Alaska 0.86, personas negras 0.75, hispanos 0.37, personas blancas 0.29, asiáticos 0.08. Con ese planteamiento, los estadounidenses negros mueren a una tasa aproximadamente 2.6 veces mayor que la de los blancos. El estudio de The Lancet que abarca de 1980 a 2019 situó la cifra en alrededor de 3.5 veces.

Plantee la advertencia antes de que lo haga la contraparte. La comparación per cápita con la población general es el planteamiento habitual, y es controvertida. Los denominadores en disputa son la población, la tasa de encuentros y la tasa de delincuencia, y la magnitud estimada cambia de manera importante según cuál se elija. La disparidad se mantiene con cualquier denominador. Su tamaño no.

Cuánto cuesta, y quién paga

Las cifras actuales por ciudad muestran que la tendencia continúa. Chicago pagó alrededor de $259 millones en acuerdos y veredictos en 2025, más del triple de la cifra de 2024, de $107.5 millones, más un récord de $36 millones a abogados externos. La ciudad de Nueva York pagó alrededor de $117 millones para resolver demandas por mala conducta policial en el año calendario 2025. Es el cuarto año consecutivo por encima de $100 millones, y más de $796 millones desde 2019. La Legal Aid Society señala que la cifra excluye los asuntos resueltos por acuerdo antes del litigio formal. Los Ángeles ha pagado alrededor de $384 millones en casi 2,000 reclamaciones relacionadas con la policía desde septiembre de 2019, y las violaciones de derechos civiles, los disparos, la fuerza excesiva y los registros ilegales representan el 48 por ciento de las principales categorías. Filadelfia pagó alrededor de $60 millones en los dieciocho meses que terminaron en septiembre de 2024, frente a un promedio de $9 millones al año entre 2013 y 2017, y el factor determinante fue la gravedad de los casos y no su volumen.

Con qué frecuencia se acusa a los agentes, y se los condena

El Police Integrity Research Group de Philip Stinson, en Bowling Green State University, dio seguimiento a los disparos en servicio de enero de 2005 a junio de 2019. En ese periodo, 104 agentes juramentados no federales fueron arrestados por homicidio doloso o culposo derivado de un disparo en servicio, alrededor de 6.5 al año. De 80 casos concluidos, 35 terminaron en condena y 45 no. De las 35 condenas, solo cuatro fueron por homicidio doloso.

Compare eso con aproximadamente mil o más disparos policiales mortales al año, y la tasa de acusación queda muy por debajo del uno por ciento de los disparos mortales. Mapping Police Violence, con un denominador más amplio que incluye todas las muertes y no solo los disparos, informa que se acusó a agentes en 15 incidentes en 2025 y una tasa de acusación de aproximadamente el cuatro por ciento, frente a alrededor del dos por ciento en estimaciones anteriores. El 2025 Police Violence Report la sitúa por debajo del tres por ciento.

Esos tres planteamientos no son incompatibles. Usan denominadores distintos y definiciones distintas de “acusado”. Diga cuál está usando, cada vez.

Resultados de la Sección 1983

• La tasa de éxito de la parte demandante en juicio en casos de ilícitos civiles constitucionales ronda el 30 por ciento, tanto en juicios sin jurado como con jurado, frente a aproximadamente el 40 por ciento en casos laborales y más del 50 por ciento en casos contractuales y de ilícitos civiles en general. Theodore Eisenberg, “Four Decades of Federal Civil Rights Litigation,” 12 Journal of Empirical Legal Studies 1 (2015).
• Los casos de derechos civiles se resuelven por acuerdo en un 50 a 65 por ciento, frente a un 70 a 80 por ciento en los demás casos. Misma fuente.
• La inmunidad calificada se invocó en alrededor del 37.6 por ciento de los casos en que procedía y se concedió alrededor del 17.9 por ciento de las veces, con lo que solo se desestimó el 3.2 por ciento de todos los casos. Schwartz (2017), 1,183 casos en cinco distritos federales.
• Cuando se invocó la inmunidad y el caso llegó a un jurado, la parte demandante ganó algo más del 25 por ciento y la parte demandada casi el 70 por ciento. Reinert (2018), 211 casos.
• El foro vale más que la mayoría de los hechos. El Quinto Circuito concedió la inmunidad en el 64 por ciento de las solicitudes policiales y el Noveno Circuito en el 42 por ciento, según el análisis de Reuters de 2020 sobre 529 resoluciones de apelación.

Cámaras corporales

El documento de trabajo del National Bureau of Economic Research sobre cámaras corporales (2021) informó una disminución del 16.9 por ciento en las quejas contra agentes, que es estadísticamente significativa. También informó una disminución del 9.6 por ciento en el uso de la fuerza, que no lo es: el intervalo de confianza cruza el cero. Dígalo con honestidad. La afirmación de que las cámaras reducen el uso de la fuerza es más débil de lo que suele sostenerse. El mismo análisis situó la relación entre beneficio y costo en alrededor de cinco a uno.

Sobre si las grabaciones cambian los resultados de los litigios, la literatura todavía no tiene respuesta. El registro de casos es sugerente y corta en ambos sentidos. Las grabaciones produjeron condenas en varios de los asuntos de la Parte 13. En otros, ninguna grabación llegó al caso. Los agentes nunca encendieron las cámaras, la agencia retuvo el video durante dos años o una ley estatal sobre divulgación impidió que llegara al público. Trate la cuestión como no resuelta, y trate la presencia o ausencia de grabaciones como un hecho que debe investigarse y no suponerse.

Los abogados me contratan para que una secuencia compleja de segundos le resulte clara a un jurado. El trabajo exige la misma disciplina tanto si el caso trata de una violación de las normas de manejo, de una decisión sobre el uso de la fuerza o de ambas cosas, como si el tirador llevaba o no una placa.

Un buen perito hace más que exhibir su propia habilidad y conocimiento. Enseña al jurado lo suficiente sobre el asunto para que los jurados lleguen a la misma conclusión que el perito, por su cuenta, a puerta cerrada.

Tres preguntas que aplico a todo asunto

1. ¿Era previsible el daño? No si se predijo este resultado exacto, sino si el tipo de resultado era el producto probable de la conducta. Una persona despertada de golpe hace un movimiento con las manos. Una persona encandilada por una luz no puede identificar quién le grita. Un vehículo acelera. Nada de eso requiere predicción. Requiere reconocimiento.
2. ¿Era evitable el daño? Nombre las alternativas específicas que existían en el momento específico, y diga qué habría cambiado cada una. Cobertura. Distancia. Contención. Un anuncio. Una orden traducida. Treinta segundos de paciencia. Si nada de lo disponible habría cambiado el resultado, dígalo. Eso constituye la mayor parte del caso de la defensa.
3. ¿Existía el conocimiento que lo habría evitado, y estaba al alcance de este tirador? Esa pregunta distingue un dictamen sobre estándares de un dictamen sobre capacitación y de un dictamen sobre el municipio. El cuerpo publicado de práctica es una cosa. Lo que esta agencia le enseñó a este agente es otra, y se responde con el expediente de capacitación, no con la literatura.

Reconstrucción precisa cuadro por cuadro

Divida la secuencia en puntos de decisión concretos dondequiera que exista video, ya sea de cámaras de la tienda, cámaras corporales, cámaras del tablero o teléfonos de testigos: la primera información, la llegada, el primer contacto, la primera demostración de fuerza, cada escalada, el disparo u otra aplicación de fuerza, y el fin de la amenaza. La distancia, la dirección del movimiento, el tiempo transcurrido y la posición de las manos en cada punto se miden, no se estiman.

Trabaje con los archivos originales con los metadatos intactos, nunca con un fragmento divulgado. Un fragmento tiene un punto de corte que alguien eligió. La mayoría de los sistemas graba un búfer previo al evento antes de la activación, y ese búfer suele ser el segmento más informativo del caso. Sincronice varias cámaras con respecto a un evento común, e indique el tiempo transcurrido hasta la centésima de segundo en cada punto.

Respete lo que el video no puede hacer. Conforme a Scott v. Harris, un tribunal no solo restará peso a un dictamen que contradiga lo que el expediente muestra claramente. Lo descartará como cuestión de derecho. El trabajo legítimo consiste en explicar los límites: la velocidad de cuadros, el campo de visión, la distorsión del lente, el artefacto del obturador de desplazamiento, el comportamiento con poca luz, la ganancia automática y la diferencia entre la posición de la cámara y la del agente. Una cámara en el pecho no ve lo que ven los ojos, y menos aún ve lo que ven los ojos en la oscuridad.

Análisis de audio de la serie de disparos

Una forma de onda de audio le da cada intervalo entre disparos de una descarga con una precisión de unas pocas milésimas de segundo. También le da el tiempo entre la última orden y el primer disparo. Plumhoff cierra el debate sobre el número de disparos. No cierra la pregunta de cuándo terminó la amenaza, y esa medición la responde.

Relacione cada intervalo con las trayectorias de las heridas, los datos de trayectoria y la posición de cada agente en cada momento. Cuando disparó más de un agente, la forma de onda separa a los tiradores y muestra quién disparó primero. Un análisis de disparo por contagio se apoya en eso.

Reconstrucción del intervalo de acatamiento

Cuando una orden precedió a la fuerza, la pregunta es si el intervalo le permitía a un ser humano acatarla. Respóndala con pruebas cronometradas. Use participantes de complexión y circunstancias similares, y mida el tiempo para orientarse y el tiempo hasta el primer movimiento intencional en las condiciones que existían: despertar de un sueño, una luz en los ojos, una orden a gritos, un segundo idioma.

Informe la media y la dispersión, describa el protocolo e indique sus límites. Una impugnación conforme a la Regla 702 cae aquí, así que documente la metodología antes de realizar la primera prueba.

Inspección de la escena, a la misma hora

Una escena a las dos de la tarde no es la escena que existía a las tres de la mañana. Mida la luz en la posición exacta. Registre el alumbrado de los postes y su intensidad, el nivel de luz ambiental dentro de un vehículo con una linterna dirigida al conductor, las posiciones de los faros y los reflectores, y el efecto de los vidrios polarizados o mojados. Una fotografía diurna no le da nada de eso.

Solicite permiso para inspeccionar a la hora del incidente y, cuando la estación del año sea relevante, cerca de la fecha. Cuando una escena haya cambiado, fotografíe lo que cambió y documente cuándo.

Comparación con un ejemplar

Cuando la identificación de un objeto está en disputa, consiga la misma marca y modelo y fotografíelo junto al arma con la que se confundió, con la iluminación medida de la escena, desde la posición del tirador y desde la posición de la persona. Esa comparación hace más para resolver una cuestión de objeto confundido que cualquier cantidad de testimonios, y lo hace sea cual sea la respuesta.

Examen del vehículo y de la evidencia física

Las trayectorias y los ángulos de las balas a través del vidrio y la lámina metálica. El estado del vidrio y la posición de las ventanillas al momento de los disparos. La posición y la inclinación del asiento. El estado del encendido. La posición de cualquier objeto en relación con el ocupante. Los casquillos y su distribución. Cuando el propio vehículo es evidencia, exija su preservación y una inspección. La Parte 17 trata esa solicitud.

Revisión de la capacitación y las políticas

Para un guardia de seguridad, compare la situación de la licencia estatal, los registros de calificación con armas de fuego, la política de uso de la fuerza y la capacitación en desescalada con los mínimos regulatorios del estado. Luego compárelos con las guías de la industria, como el estándar de ASIS International para la selección y capacitación de agentes de seguridad privada.

Para un agente de policía, la comparación se hace con la política de uso de la fuerza del propio departamento en la versión vigente en la fecha del incidente, los registros de capacitación en la academia y en servicio, las evaluaciones de capacitación de campo, los registros del simulador y de escenarios, los puntajes y fechas de calificación, y cualquier conclusión previa en el expediente del agente. Una brecha entre la política en papel y la conducta en video suele ser la evidencia más clara del caso, para cualquiera de los dos tipos de tirador.

Lea las versiones de la política anteriores y posteriores a la fecha del incidente. Los cambios de política posteriores al incidente le dicen lo que el departamento sabía que estaba mal.

Análisis comparativo y de previsibilidad

Para las demandas contra el empleador o el municipio, pregunte qué aceptó el empleador. ¿Era este tirador un riesgo previsible en este puesto, con este equipo y esta capacitación? Los incidentes previos, el historial de quejas, los datos de intervención temprana, las decisiones de dotación de personal, la proporción de supervisores por agente y las horas trabajadas en los días previos al hecho influyen en la respuesta. La fatiga se puede medir a partir de un horario, y rara vez se solicita.

Material demostrativo y testimonio

Elaboro cronologías, diagramas de distancias, comparaciones de iluminación, vistas sincronizadas de varias cámaras y comparaciones lado a lado del texto de la política con la conducta que muestra el video, todo ello preparado para resistir una impugnación Daubert o Frye y para sostenerse en el contrainterrogatorio. Ese trabajo depende de mantenerse dentro de la evidencia y dentro de mi especialidad.

Mi carril, y el del abogado

Un perito en armas de fuego y uso de la fuerza declara sobre hechos que un jurado no puede aportar por sí mismo. Un abogado argumenta qué significan esos hechos conforme a la ley. La línea entre ambos no es una cortesía. Es la línea que decide si mi testimonio se admite.

La Regla 702 de las Federal Rules of Evidence, en su versión reformada vigente desde el 1 de diciembre de 2023, impone la carga a la parte que me ofrece. Esa parte tiene que demostrar al tribunal que es “más probable que improbable” que cuatro cosas sean ciertas. Mi conocimiento ayudará al jurado. Mi testimonio se basa en hechos suficientes. Proviene de principios y métodos confiables. Y mi dictamen “refleja una aplicación confiable” de esos métodos a los hechos de este caso. La última cláusula tiene una redacción nueva, y es donde ahora se centran estas mociones. No basta con que un método sea sólido en general. El dictamen tiene que mostrar el método aplicado aquí.

La Regla 704(a) dice que un dictamen no es objetable solo porque abarque una cuestión última. Esa regla es más estrecha de lo que los peritos quisieran. Berry v. City of Detroit, 25 F.3d 1342 (6th Cir. 1994), la interpreta así: la cuestión última abarcada tiene que ser de hecho, y “corresponde al tribunal, no a los testigos que declaran, definir los términos jurídicos”. El tribunal en Berry trazó la línea exactamente donde yo tengo que respetarla. Un perito en prácticas policiales podía declarar que la disciplina en el departamento era laxa y describir lo que produce una disciplina laxa. No podía declarar que la disciplina laxa hacía a la ciudad deliberadamente indiferente. Lo primero es una observación. Lo segundo es una conclusión jurídica vestida con el saco de un perito. Specht v. Jensen, 853 F.2d 805 (10th Cir. 1988) (en banc), dice lo mismo con más crudeza: un testigo no puede dar un dictamen sobre una cuestión de derecho, y no les corresponde a los testigos instruir al jurado sobre los principios aplicables.

La Regla 704(b) añade una prohibición tajante en los casos penales. Un perito no debe dar un dictamen sobre si la persona acusada tenía un estado mental que sea elemento del delito o de una defensa. Así que, en un proceso penal contra un tirador, puedo describir lo que percibe un agente capacitado a cierta distancia, con cierto nivel de luz, en cierto número de milisegundos. No puedo decir qué creía realmente este agente.

Lea la columna de la derecha como una lista de oraciones que no escribo. Hygh v. Jacobs, 961 F.2d 359 (2d Cir. 1992), es el caso que las nombra. Allí un perito declaró que la fuerza de un agente no estaba “justificada dadas las circunstancias”. Que su uso de fuerza física letal no era “procedente dadas las circunstancias”. Que su conducta fue “totalmente indebida”. El Segundo Circuito resolvió que todo ello fue un error. Ese testimonio, dijo el tribunal, le indicó al jurado a qué resultado llegar.

Dos notas sobre cómo usar Hygh. Primero, la sentencia de responsabilidad se confirmó de todos modos por otros motivos, así que el caso no advierte que este lenguaje hace perder juicios. Advierte que este lenguaje provoca una moción y le da a la otra parte un contrainterrogatorio limpio. Segundo, las frases que el tribunal suprimió son parientes cercanas de palabras corrientes que sí uso. “Se apartó de la práctica aceptada” es una comparación de hechos con un estándar documentado. “No procedente dadas las circunstancias” es un veredicto. La diferencia está en si mido contra algo que consta en el expediente o anuncio una conclusión.

Por qué la experiencia me califica, y dónde se detiene la experiencia

No tengo doctorado. Mi fundamento son más de treinta y cinco años de manejar, cargar, disparar y capacitar a otros en estas armas, en sets de filmación y en campos de tiro, además de los registros de este caso. Ese fundamento basta, y Berry explica por qué. Un apicultor sin formación científica podría declarar válidamente que los abejorros despegan contra el viento, porque ha observado muchísimos abejorros. No sabe más sobre los principios del vuelo que los jurados. Simplemente ha visto más abejas. El fundamento no es el título. Es la observación directa, expuesta de modo que el tribunal pueda verla.

Una advertencia al citar Berry para esto: el tribunal usó al apicultor para explicar el principio y luego concluyó que el perito que tenía delante no lo cumplía. Cite el pasaje por la regla, no como una resolución de que un perito basado en la experiencia entra sin obstáculos.

Kopf v. Skyrm, 993 F.2d 374 (4th Cir. 1993), es la autoridad afirmativa, y es específica del arma. El tribunal de primera instancia había excluido por completo a un exjefe de policía y a un adiestrador de perros policiales. El Cuarto Circuito revocó, y dijo que al jefe de policía “claramente se le debió permitir declarar sobre el estándar de conducta vigente para el uso de porras flexibles, aun cuando se le hubiera impedido dar un dictamen sobre la cuestión última”. Esa oración es toda la arquitectura de mi testimonio. Los estándares vigentes para una herramienta específica son terreno pericial. La cuestión última no lo es, y perderla no me cuesta nada, porque el testimonio sobre los estándares es lo que el jurado realmente necesita.

La experiencia por sí sola no salvará un dictamen que se salta el trabajo. Slatowski v. Sig Sauer, Inc., 148 F.4th 132 (3d Cir. 2025), resuelto el 1 de agosto de 2025, confirmó la exclusión de dos peritos con experiencia en un caso de diseño de armas de fuego porque ninguno había simulado las condiciones del disparo. Su teoría era que la pistola podía dispararse con más facilidad. No habían probado si lo hizo, en estas condiciones, en este hecho. Lea el caso completo antes de citarlo, porque la misma resolución anuló la sentencia sumaria a favor del fabricante y envió el caso a juicio con base en la evidencia restante. La lección no es que los peritos pierdan. Es que las credenciales no sustituyen las pruebas vinculadas con este incidente, y por eso el trabajo en la escena, la comparación con un ejemplar y la reconstrucción cronometrada descritos arriba no son opcionales.

La política no es el estándar jurídico, y lo digo

La política departamental es evidencia. No es la prueba. United States v. Brown, 871 F.3d 532 (7th Cir. 2017), lo dice con claridad: “la indagación sobre fuerza excesiva se rige por principios constitucionales, no por los reglamentos del departamento de policía”, y el cumplimiento de los reglamentos del departamento “no es suficiente ni necesario para satisfacer el requisito de razonabilidad de la Cuarta Enmienda”. La misma resolución advierte que “la evidencia de procedimientos policiales puramente locales tiene menos probabilidades de ser útil que la de políticas nacionales o de uso generalizado”, porque el estándar contempla a un agente razonable, no a una persona razonable.

Eso corta en ambos sentidos, y lo digo en el informe sin importar qué parte me contrató. Para la parte demandante: una violación de la política es una evidencia poderosa de un apartamiento de la práctica aceptada, y no es por sí misma una violación constitucional. Para la defensa: el cumplimiento de la política es una evidencia real de conducta razonable, y no es una defensa por sí solo. Ancle el dictamen sobre la práctica en los estándares nacionales y la doctrina de capacitación publicada, y luego use la política local como corroboración.

Un ejemplo práctico

Un caso depende de si un dispositivo era un arma de fuego en el sentido de una ley. Puedo decir qué es el dispositivo, cómo funciona, qué dispara, a qué velocidad, con qué energía a la distancia medida y cómo se compara con armas que he manejado y probado. Ahí me detengo. Si esa descripción cumple la definición legal es una cuestión de derecho, y los abogados la argumentan por escrito con base en mi descripción. Si la respondo yo mismo, habré hecho mal el trabajo del abogado, no habré hecho el mío, y le habré entregado a la otra parte una moción.

La misma disciplina se aplica a las leyes estatales que dependen de la necesidad. Un dictamen de que la fuerza fue innecesaria es un dictamen de ley estatal en los estados que incorporaron la necesidad a sus leyes. No es un dictamen conforme a la Cuarta Enmienda, porque la Cuarta Enmienda pregunta por la razonabilidad. Escribo un dictamen por estándar, y nombro el estándar en la primera línea del dictamen.

Qué escribir, y qué dejarle al jurado

Separe los dictámenes según el estándar que aborda cada uno. Un dictamen sobre la política de la agencia. Uno sobre el estándar legal estatal, cuando el estado lo tiene. Uno sobre las prácticas generalmente aceptadas. Uno sobre la reconstrucción física. Luego deténgase. El jurado decide si la conducta fue irrazonable, si la agencia fue indiferente y si alguien debe pagar. Mi trabajo es darles los hechos que no pueden obtener en ningún otro lugar y dejar esas tres preguntas intactas.

Cobro por mi tiempo, no por mi opinión.

Casi todo lo que decide un caso de uso de la fuerza es perecedero. La videovigilancia de terceros se sobrescribe en un ciclo de treinta días. Los vehículos se reparan o se venden. Las categorías de conservación de pruebas digitales vencen. A las escenas se les cambia la iluminación y se les vuelve a pavimentar.

Envíe la carta de preservación antes que cualquier otra cosa, y envíela a más destinatarios que la agencia demandada. La lista sigue el orden en que avanza el trabajo. Se aplica a un asunto policial, a uno de seguridad privada o a un tiroteo entre civiles, con las sustituciones obvias. Pida lo que necesita en el orden en que lo necesita, y pregunte qué requerimiento de preservación ya se envió, quién lo envió y cuándo.

Video, audio y la línea de tiempo

Las pruebas físicas

La capacitación y las personas

Políticas

La investigación y cualquier decisión de no acusar

Comunicaciones

Patrón y práctica, para la demanda contra el municipio

El lado de la persona involucrada

El mismo expediente sustenta dos informes. Las pruebas eligen cuál. Construya ambos y quédese con el que sobreviva.

Contraste el expediente con ambas columnas antes de comprometerse con una teoría, y vuelva a hacerlo cuando cierre la exhibición de pruebas (discovery).

Los argumentos a favor de un uso de la fuerza justificado

Cada punto a continuación es una conclusión, no un argumento. Cada uno tiene detrás un documento o una medición.

Los argumentos a favor de un uso de la fuerza injustificado

Las cinco formas en que se destruye un dictamen en este campo

1. Opinar en contra de un video claro. Scott v. Harris significa que un relato que el expediente contradice de forma flagrante se desestima como cuestión de derecho. Explique lo que la cámara no pudo captar. Nunca afirme que captó algo que no captó.
2. Deslizarse entre estándares. “Innecesario” es un término de la ley estatal en algunos estados y un término sin sentido en el ámbito federal. “Irrazonable” es un término constitucional que le corresponde al jurado. “Deliberadamente indiferente” también le corresponde al jurado. Diga qué estándar aborda cada opinión y manténgase dentro de él.
3. Tratar las buenas prácticas como el mínimo constitucional. No lo son. La defensa le hará admitirlo, y una admisión tardía parece un retroceso. Admítalo primero y replantee: los estándares nacionales prueban lo que la agencia sabía sobre el riesgo.
4. Plantear la cuestión reservada. “Él creó el peligro, así que el disparo fue irrazonable” es la formulación que Mendez rechazó y que la Corte Suprema se ha negado dos veces a adoptar. La Parte 8 ofrece tres fundamentos doctrinales para las mismas pruebas que no la requieren.
5. Opinar sin poner a prueba estas condiciones. La experiencia califica al testigo. No aporta el método. Slatowski v. Sig Sauer, 148 F.4th 132 (3d Cir. 2025), confirmó la exclusión de dos peritos en armas de fuego con experiencia que nunca simularon las condiciones del tiroteo. Recorra la escena a la misma hora, cronometre la secuencia, dispare el ejemplar y ponga el protocolo en el informe. La Parte 16 expone lo que las reglas exigen y lo que prohíben.

Los gerentes de tienda, las empresas de seguridad, los propietarios de inmuebles y los instructores de las agencias leen estos asuntos después de ocurridos. Quieren saber qué debió haber pasado en su lugar. Es también la exposición más clara del estándar que se le pedirá aplicar a un jurado.

La escalera de decisiones para particulares

Mida cada escalada durante una retención frente a la amenaza presente en ese momento, no frente a la decisión de intervenir. Un sospechoso de hurto en tiendas que no ha mostrado un arma y no está atacando a nadie no justifica saltarse peldaños de esta escalera.

La escalera de aproximación ante un sujeto armado denunciado

Esta es para los agentes y para quienes los capacitan. Esta secuencia evita que ocurran los patrones de hechos de la Parte 8. El perito de la parte demandante contrastará el video con ella.

Preguntas frecuentes

Jurisprudencia, informes públicos y registros consultados para las cifras y los asuntos de esta guía. Verifique la situación actual de cualquier caso, ley o asunto en curso antes de basarse en él en un escrito.

Jurisprudencia de la Corte Suprema

1. Graham v. Connor490 U.S. 386 (1989). El estándar de razonabilidad objetiva de la Cuarta Enmienda para el uso de la fuerza policial, los tres factores, la prohibición de juzgar en retrospectiva y la exclusión de la intención del análisis.
2. Tennessee v. Garner471 U.S. 1 (1985). La fuerza letal contra un sospechoso que huye y no es peligroso constituye una aprehensión irrazonable. El requisito de advertencia, condicionado a su viabilidad.
3. Barnes v. Felix605 U.S. 73 (2025). Resuelto el 15 de mayo de 2025, por unanimidad. Rechazó la doctrina del momento de la amenaza; el análisis de la totalidad de las circunstancias no tiene límite temporal. Dejó expresamente sin resolver si la creación de una situación peligrosa por el propio agente influye en la razonabilidad. Tras la devolución, el Quinto Circuito confirmó la sentencia a favor del agente, No. 22-20519 (5th Cir. Sept. 18, 2025); se denegó la nueva audiencia el 14 de noviembre de 2025; se denegó una segunda petición de certiorari el 27 de abril de 2026. No se localizó una cita publicada en un repertorio federal para la opinión tras la devolución; verifíquela antes de citarla.
4. County of Los Angeles v. Mendez581 U.S. 420 (2017). Rechazó la regla de la provocación y preservó la indemnización por daños causados de manera próxima por una violación distinta de la Cuarta Enmienda. Tras la devolución, Mendez v. County of Los Angeles, 897 F.3d 1067 (9th Cir. 2018), confirmó la indemnización íntegra conforme a la teoría corregida de causa próxima.
5. Scott v. Harris550 U.S. 372 (2007). Poner fin a una persecución peligrosa; la regla del video; Garner no es una lista de verificación independiente.
6. Plumhoff v. Rickard572 U.S. 765 (2014). Los agentes justificados para disparar no necesitan dejar de disparar hasta que la amenaza haya cesado.
7. Torres v. Madrid592 U.S. 306 (2021). La fuerza física aplicada con la intención de inmovilizar constituye una aprehensión aunque la persona no quede sometida.
8. Lombardo v. City of St. Louis594 U.S. 464 (2021). Inmovilización en decúbito prono; la duración, el peso, la posición, el estado de inmovilización y las propias advertencias de capacitación de la agencia son constitucionalmente relevantes.
9. Kingsley v. Hendrickson576 U.S. 389 (2015). Los detenidos en espera de juicio solo necesitan demostrar que la fuerza fue objetivamente irrazonable. Los factores Kingsley.
10. County of Sacramento v. Lewis523 U.S. 833 (1998). No hay aprehensión en una colisión accidental durante una persecución; el estándar de la conducta que conmociona la conciencia y la escala variable según el grado de deliberación.
11. City of Tahlequah v. Bond595 U.S. 9 (2021). Se concedió la inmunidad; se negó expresamente a decidir si crear de manera temeraria una situación que exige fuerza letal puede en sí mismo violar la Cuarta Enmienda.
12. White v. Pauly580 U.S. 73 (2017). Un agente que llega tarde puede suponer que ya se siguieron los procedimientos adecuados. Se exige un análisis agente por agente.
13. Rivas-Villegas v. Cortesluna595 U.S. 1 (2021), y Kisela v. Hughes, 584 U.S. 100 (2018), y Mullenix v. Luna, 577 U.S. 7 (2015). El requisito de especificidad para el derecho claramente establecido.
14. Zorn v. Linton607 U.S. (2026), No. 25-297, resuelto el 23 de marzo de 2026. Revocación sumaria per curiam que concedió la inmunidad calificada; los principios enunciados en términos generales no bastan; una denegación previa de sentencia sumaria en apelación no establece claramente el derecho. Voto disidente de Sotomayor, J., al que se adhirieron Kagan y Jackson, JJ.
15. Case v. Montana607 U.S. (2026), No. 24-624, resuelto el 14 de enero de 2026. La entrada sin orden judicial para prestar auxilio de emergencia exige un fundamento objetivamente razonable para creer que un ocupante está gravemente lesionado o bajo amenaza inminente, no causa probable. Voto concurrente de Sotomayor, J., sobre cómo la presencia policial agrava los encuentros en situaciones de crisis.
16. Monell, Canton, Connick, Pembaur, Praprotnik, Bryan CountyMonell v. Department of Social Services, 436 U.S. 658 (1978); City of Canton v. Harris, 489 U.S. 378 (1989); Connick v. Thompson, 563 U.S. 51 (2011); Pembaur v. City of Cincinnati, 475 U.S. 469 (1986); City of St. Louis v. Praprotnik, 485 U.S. 112 (1988); Board of County Commissioners of Bryan County v. Brown, 520 U.S. 397 (1997). Responsabilidad municipal, falta de capacitación, ratificación y contratación negligente.
17. Owen y Fact ConcertsOwen v. City of Independence, 445 U.S. 622 (1980), sin inmunidad calificada para los municipios; City of Newport v. Fact Concerts, 453 U.S. 247 (1981), sin daños punitivos contra los municipios.
18. Saucier, Pearson, al-Kidd, Hope, TaylorSaucier v. Katz, 533 U.S. 194 (2001); Pearson v. Callahan, 555 U.S. 223 (2009); Ashcroft v. al-Kidd, 563 U.S. 731 (2011); Hope v. Pelzer, 536 U.S. 730 (2002); Taylor v. Riojas, 592 U.S. 7 (2020). El marco de la inmunidad calificada y la limitada excepción del caso evidente.
19. Bivens y su restricciónBivens v. Six Unknown Named Agents, 403 U.S. 388 (1971); Egbert v. Boule, 596 U.S. 482 (2022); Goldey v. Fields, 606 U.S. (2025), No. 24-809, resuelto el 30 de junio de 2025. La vía de indemnización contra agentes federales está prácticamente cerrada.
20. Richardson, Filarsky, GriffinRichardson v. McKnight, 521 U.S. 399 (1997); Filarsky v. Delia, 566 U.S. 377 (2012); Griffin v. Maryland, 378 U.S. 130 (1964). La acción estatal y la inmunidad de particulares que desempeñan funciones gubernamentales.

Tribunales de apelaciones y tribunales estatales

1. Peligro creado por el agente, Décimo CircuitoSevier v. City of Lawrence, 60 F.3d 695 (10th Cir. 1995); Allen v. Muskogee, 119 F.3d 837 (10th Cir. 1997); Hastings v. Barnes, 252 F. App'x 197 (10th Cir. 2007); Estate of Ceballos v. Husk, 919 F.3d 1204 (10th Cir. 2019); Flores v. Henderson, 101 F.4th 1185 (10th Cir. 2024).
2. Peligro creado por el agente, otros circuitosEstate of Starks v. Enyart, 5 F.3d 230 (7th Cir. 1993); Abraham v. Raso, 183 F.3d 279 (3d Cir. 1999); Vos v. City of Newport Beach, 892 F.3d 1024 (9th Cir. 2018); Young v. City of Providence, 404 F.3d 4 (1st Cir. 2005); Young v. Borders, 850 F.3d 1274 (11th Cir. 2017), con denegación de la revisión en pleno.
3. Segmentación y la descarga posteriorDickerson v. McClellan, 101 F.3d 1151 (6th Cir. 1996); Claybrook v. Birchwell, 274 F.3d 1098 (6th Cir. 2001); Waterman v. Batton, 393 F.3d 471 (4th Cir. 2005).
4. Jurisprudencia de marco temporal estrecho, dejada sin efecto en cuanto al momento por BarnesSalim v. Proulx, 93 F.3d 86 (2d Cir. 1996); Schulz v. Long, 44 F.3d 643 (8th Cir. 1995); Elliott v. Leavitt, 99 F.3d 640 (4th Cir. 1996); Rockwell v. Brown, 664 F.3d 985 (5th Cir. 2011).
5. Negligencia estatal que alcanza la conducta previa al disparoHayes v. County of San Diego, 57 Cal. 4th 622 (2013); Tabares v. City of Huntington Beach, 988 F.3d 1119 (9th Cir. 2021).
6. Transeúntes y el requisito de aprehensiónBrower v. County of Inyo, 489 U.S. 593 (1989); Rucker v. Harford County, 946 F.2d 278 (4th Cir. 1991); Landol-Rivera v. Cruz Cosme, 906 F.2d 791 (1st Cir. 1990); Medeiros v. O'Connell, 150 F.3d 164 (2d Cir. 1998); Childress v. City of Arapaho, 210 F.3d 1154 (10th Cir. 2000); Claybrook v. Birchwell, 199 F.3d 350 (6th Cir. 2000), que es la resolución sobre transeúntes, y no 274 F.3d 1098; Hawatmeh v. City of Henderson, No. 24-6146 (9th Cir. Nov. 7, 2025). La postura contraria: Vaughan v. Cox, 343 F.3d 1323 (11th Cir. 2003), tras haberse anulado la opinión de 2001 en 264 F.3d 1027; Nelson v. City of Davis, 685 F.3d 867 (9th Cir. 2012); Villanueva v. California, 986 F.3d 1158 (9th Cir. 2021); Kilnapp v. City of Cleveland, No. 25-3149 (6th Cir. Feb. 18, 2026), publicada. El error de identidad como aprehensión: Milstead v. Kibler, 243 F.3d 157 (4th Cir. 2001). Compárese con Corbitt v. Vickers, 929 F.3d 1304 (11th Cir. 2019).
7. Cunningham v. Baltimore County487 Md. 282 (2024), cert. denied, No. 24-578 (Jan. 27, 2025). La sucesión de la madre obtuvo indemnización conforme a la Cuarta Enmienda por ser ella el blanco. El niño alcanzado por la misma bala después de atravesarla a ella no la obtuvo, y el veredicto a su favor fue anulado por inmunidad calificada.
8. Martin v. United States605 U.S. 395 (2025). No existe defensa basada en la Supremacy Clause frente a una demanda conforme a la Federal Tort Claims Act, y la salvedad sobre las fuerzas del orden del 28 United States Code, sección 2680(h), no prevalece sobre la excepción de función discrecional de la sección 2680(a). Véase también Brownback v. King, 592 U.S. 209 (2021), sobre el impedimento derivado de la sentencia.
9. Justificación transferidaRestatement (Third) of Torts: Intentional Torts to Persons, sección 26(c): el privilegio desvirtúa la demanda del transeúnte por agravio intencional, y la responsabilidad se determina entonces conforme a los principios de negligencia. En materia penal: Commonwealth v. Fowlin, 551 Pa. 414, 710 A.2d 1130 (1998); Commonwealth v. Santana-Rodriguez, SJC-13753 (Mass. Oct. 14, 2025); Model Penal Code, sección 3.09(3).
10. Plakas v. Drinski19 F.3d 1143 (7th Cir. 1994). No existe el deber constitucional de agotar las alternativas no letales antes de usar una fuerza letal que de otro modo está justificada.
11. Autoridad de los particularesCervantez v. J.C. Penney Co., 24 Cal. 3d 579 (1979); Katko v. Briney, 183 N.W.2d 657 (Iowa 1971); People v. Ceballos, 12 Cal. 3d 470 (1974).

Jurisprudencia estatal sobre responsabilidad civil extracontractual, culpabilidad y daños

1. South v. Maryland59 U.S. 396 (1855). Origen de la doctrina del deber público. Un deber que se tiene con el público en general no se tiene con nadie en particular.
2. Anderson v. Massillon134 Ohio St. 3d 380 (2012). Deliberado, desconsiderado y temerario describen distintos grados de cuidado y no son intercambiables. Ohio sitúa la conducta desconsiderada por encima de la conducta temeraria.
3. Ziarko v. Soo Line Railroad161 Ill. 2d 267 (1994). Lo deliberado y desconsiderado como categoría híbrida que va desde un grado apenas superior a la negligencia hasta un grado apenas inferior al daño intencional.
4. La regla McHaffieMcHaffie v. Bunch, 891 S.W.2d 822 (Mo. 1995), y los estados que la siguen: la admisión de respondeat superior impide las demandas directas contra el empleador por contratación, capacitación y supervisión negligentes. Verifique la regla en el foro, y compruebe si allí una demanda por daños punitivos la desvirtúa.
5. Restatement (Second) of Torts, sección 500Desprecio temerario por la seguridad. El actor conoce o tiene motivos para conocer hechos que crean un alto grado de riesgo y actúa deliberadamente, o no se percata del riesgo cuando sería evidente para una persona razonable.
6. Restatement (Second) of Torts, sección 120APrivilegio del comerciante. Motivos razonables, tiempo razonable, manera razonable, solo fuerza no letal.
7. Restatement (Second) of Torts, sección 909Regla de complicidad para los daños punitivos contra el principal, incluido el inciso (b), la vía de la contratación negligente.
8. Smith v. Wade461 U.S. 30 (1983). Daños punitivos contra una persona individual conforme a la Sección 1983 por motivo o intención malévolos, o por indiferencia temeraria o insensible. La prueba es disyuntiva.
9. City of Newport v. Fact Concerts453 U.S. 247 (1981). No proceden daños punitivos contra un municipio conforme a la Sección 1983.
10. Daños punitivos, límites constitucionalesBMW of North America v. Gore, 517 U.S. 559 (1996); State Farm v. Campbell, 538 U.S. 408 (2003). Pautas del debido proceso sobre las indemnizaciones punitivas: reprochabilidad, proporción y sanciones civiles comparables.

Testimonio pericial y admisibilidad

1. Regla Federal de Prueba 702Según su enmienda vigente desde el 1 de diciembre de 2023. El proponente debe demostrar al tribunal que es más probable que improbable que se cumpla cada requisito, y el inciso (d) ahora pregunta si el dictamen “refleja una aplicación confiable” de los principios y métodos a los hechos del caso.
2. Regla Federal de Prueba 704Inciso (a): un dictamen no es objetable solo porque abarque una cuestión de fondo. Inciso (b): en un caso penal, un perito no debe opinar sobre si la parte demandada tenía un estado mental que sea elemento del delito imputado o de una defensa.
3. Berry v. City of Detroit25 F.3d 1342 (6th Cir. 1994). La cuestión de fondo abarcada debe ser de hecho, y corresponde al tribunal, no al testigo, definir los términos jurídicos. Contiene el pasaje del abejorro y el apicultor sobre la cualificación basada en la experiencia. El tribunal enunció el principio y luego concluyó que el perito ante él no lo había satisfecho, así que cite el pasaje por la regla, no como una resolución sobre la cualificación.
4. Kopf v. Skyrm993 F.2d 374 (4th Cir. 1993). Revocación de la exclusión total de un perito en prácticas policiales y de un adiestrador canino. Debió permitirse al perito declarar sobre el estándar de conducta imperante para el uso de una cachiporra “aunque se le hubiera impedido dar una opinión sobre la cuestión de fondo”. La mejor jurisprudencia a favor del testimonio sobre estándares específicos de cada arma.
5. Hygh v. Jacobs961 F.2d 359 (2d Cir. 1992). Fue un error admitir testimonio pericial de que la fuerza no estaba “justificada dadas las circunstancias”, no estaba “fundada dadas las circunstancias” y era “totalmente improcedente”. Ese testimonio le indicó al jurado a qué resultado llegar. Aun así, se confirmó la sentencia por fuerza excesiva, así que lea el caso como una advertencia sobre las mociones y el contrainterrogatorio, no sobre los resultados.
6. Specht v. Jensen853 F.2d 805 (10th Cir. 1988) (en banc). Un testigo no puede dar una opinión sobre una cuestión de derecho, y no corresponde a los testigos instruir al jurado sobre los principios aplicables.
7. United States v. Brown871 F.3d 532 (7th Cir. 2017). El análisis de la fuerza excesiva se rige por principios constitucionales, no por reglamentos de los departamentos de policía; el cumplimiento de la normativa departamental no es suficiente ni necesario conforme a la Cuarta Enmienda. Una política de uso nacional o extendido tiene más probabilidades de ayudar al jurado que un procedimiento puramente local.
8. Slatowski v. Sig Sauer148 F.4th 132 (3d Cir. 2025). Resuelto el 1 de agosto de 2025. Se confirmó la exclusión de dos peritos experimentados porque ninguno simuló las condiciones del disparo. Tenga en cuenta que la misma opinión anuló la sentencia sumaria a favor del fabricante y devolvió el caso para juicio.
9. La trilogía del control de admisibilidadDaubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, 509 U.S. 579 (1993); General Electric v. Joiner, 522 U.S. 136 (1997); Kumho Tire v. Carmichael, 526 U.S. 137 (1999). La trilogía federal del control de admisibilidad. Kumho extiende ese control al testimonio técnico y basado en la experiencia. Una minoría de estados aún aplica la prueba de aceptación general de Frye v. United States, 293 F. 1013 (D.C. Cir. 1923); confirme el estándar del foro antes de redactar.

Leyes y códigos citados

1. FederalTítulo 42, United States Code, sección 1983.
2. Leyes de uso de la fuerza con estándar estrictoCalifornia Penal Code, secciones 835a y 13519.10; Revised Code of Washington, secciones 9A.16.040 y 10.120.020; Colorado Revised Statutes, sección 18-1-707; Connecticut General Statutes, sección 53a-22; 720 Illinois Compiled Statutes 5/7-5; Maryland Public Safety, sección 3-524; Minnesota Statutes, sección 609.066; Virginia Code, Título 19.2, Capítulo 7.1; Oregon Revised Statutes, sección 161.242; Nevada Revised Statutes, sección 171.1455; Utah Code, sección 76-2-404; Massachusetts Acts of 2020, Capítulo 253.
3. Acciones estatales que excluyen la inmunidad calificadaColorado Revised Statutes, sección 13-21-131; New Mexico Statutes Annotated, secciones 41-4A-1 y siguientes; Connecticut General Statutes, sección 52-571k (que preserva una defensa de buena fe); New York City Administrative Code, sección 8-802 y siguientes.
4. Fuerza y arresto por particularesTexas Penal Code, secciones 9.32, 9.41, 9.42, 9.43 y 9.51; California Penal Code, secciones 197 y 837; New York Penal Law, sección 35.30(4); Mississippi Code, sección 97-3-15; Georgia House Bill 479 (2021), que derogó las secciones 17-4-60 a 17-4-62 del Official Code of Georgia Annotated y promulgó la sección 17-4-80; Restatement (Second) of Torts, secciones 79, 85 y 120A.

Estándares, capacitación e investigación

1. Police Executive Research ForumGuiding Principles on Use of Force (2016). La santidad de la vida humana, la proporcionalidad por encima del mínimo constitucional, el modelo de toma de decisiones críticas, el reposicionamiento táctico, distancia más cobertura es igual a tiempo, el deber de intervenir y el Guiding Principle 8 sobre disparar contra vehículos en movimiento.
2. Integrating Communications, Assessment, and TacticsEngel, Corsaro, Isaza y McManus, evaluación de la implementación en el Louisville Metro Police Department, Criminology and Public Policy, volumen 21, número 2 (2022). Un ensayo controlado aleatorizado de cuña escalonada que informa reducciones del 28.1 por ciento en los incidentes de uso de la fuerza, del 26.3 por ciento en las lesiones a miembros de la comunidad y del 36.0 por ciento en las lesiones a los agentes.
3. National Consensus Policy and Discussion Paper on Use of ForcePublicado por primera vez en 2017, elaborado por once organizaciones de las fuerzas del orden, entre ellas la International Association of Chiefs of Police. Mantiene el estándar de razonabilidad objetiva en lugar de un estándar de necesidad, y añade la reducción de la tensión, el deber de intervenir, la advertencia cuando sea posible y restricciones para disparar contra vehículos en movimiento. El Police Executive Research Forum se aparta de este modelo en la cuestión de la necesidad. Sépalo antes de una declaración jurada (deposition), porque cada parte citará el modelo que le favorezca.
4. Tiempo de reacciónBlair, Pollock, Montague, Nichols, Curnutt y Burns, “Reasonableness and Reaction Time”, Police Quarterly, volumen 14, número 4 (2011). El artículo informa que, por lo general, los agentes no lograban adelantarse a un sujeto que ya había decidido disparar. Los valores medios citados con frecuencia, de aproximadamente cuatro décimas de segundo para la reacción del agente y el tiempo de disparo del sujeto, aparecen en el cuerpo del artículo; verifíquelos con el artículo publicado antes de citar una cifra.
5. Tasas de aciertoBernard D. Rostker y otros, “Evaluation of the New York City Police Department Firearm Training and Firearm-Discharge Review Process”, RAND Corporation MG-717 (2008): una tasa de acierto del 18 por ciento en enfrentamientos armados y del 30 por ciento cuando no se devolvió el fuego, de 1998 a 2006. Christopher M. Donner y Nicole Popovich, “Hitting (or missing) the mark: An examination of police shooting accuracy in officer-involved shooting incidents”, Policing: An International Journal (2018): una tasa de acierto por bala del 35 por ciento en los tiroteos del Dallas Police Department de 2003 a 2017, con al menos un impacto en solo el 54 por ciento de los incidentes.
6. Sobrepenetración y reboteUrey W. Patrick, “Handgun Wounding Factors and Effectiveness”, Federal Bureau of Investigation Firearms Training Unit (1989), la fuente de la ventana de penetración de 12 a 18 pulgadas. El protocolo de pruebas de munición del Bureau, incluida la prueba con paneles de yeso: dos placas de yeso de media pulgada separadas tres pulgadas y media, con el bloque de gelatina 18 pulgadas detrás. Hlavaty y otros, “Examination of Ricochet Gunshot Wounds from Commonly Encountered Surfaces”, American Journal of Forensic Medicine and Pathology, volumen 37 (2016).
7. Política federal de uso de la fuerzaDepartment of Homeland Security Policy Statement 044-05, “Update to the Department Policy on the Use of Force”, Revision 1, 6 de febrero de 2023, que incluye el requisito de que el agente considere los peligros para los transeúntes inocentes. La autoridad del Servicio Secreto en 18 United States Code, sección 3056. No hay ninguna directiva propia del Servicio Secreto que sea pública.
8. El concepto de los 21 piesDennis Tueller, “How Close is Too Close?”, S.W.A.T. Magazine, marzo de 1983. Una demostración de capacitación del problema de acción y reacción, muy mal utilizada como una línea divisoria jurídica tajante.
9. Datos sobre armas de fuego del New York City Police DepartmentInformes anuales sobre el uso de la fuerza y las descargas de armas de fuego. La edición de 2024 informa 28 incidentes de descarga intencional en conflictos con adversarios, 150 disparos efectuados, 22 sujetos alcanzados y cuatro transeúntes lesionados en tres incidentes distintos. El departamento informa una tasa de cumplimiento del objetivo en lugar de una proporción de aciertos; no presente la una como la otra.
10. Disparo por contagioWhite y Klinger, “Contagious Fire? An Empirical Assessment of the Problem of Multi-shooter, Multi-shot Deadly Force Incidents in Police Work”, Criminal Justice and Behavior (2012); DeCarlo, Dlugolenski y Myers, una prueba experimental de la tesis del disparo por contagio en la labor policial, Journal of Criminal Justice (2024).
11. Confusión de armasHoward E. Williams, “Weapon Confusion: TASER CEWs, Firearms, and Human Error Theories”, Criminal Justice Review (2022); Jeffrey A. Martin, “Applied Human Error Theory: A Police Taser-Confusion Shooting Case Study”, Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society (2016).
12. Capacitación en academiasBureau of Justice Statistics, State and Local Law Enforcement Training Academies and Recruits, 2022.
13. ASIS InternationalNorma Private Security Officer Selection and Training, citada como referencia del sector para revisar la capacitación de los guardias.
14. Cámaras corporalesWilliams, Weil, Rasich, Ludwig, Chang y Egrari, “Body-Worn Cameras in Policing: Benefits and Costs”, National Bureau of Economic Research Working Paper 28622 (2021).

Datos y estudios empíricos

1. Mapping Police ViolenceInforme de fin de año de 2025 y el 2025 Police Violence Report, Campaign Zero. Cuenta todas las muertes causadas por cualquier aplicación de fuerza por parte de cualquier agente, de servicio o fuera de servicio.
2. Washington Post, Fatal ForceSolo tiroteos policiales mortales, de servicio, de 2015 a 2024. Descontinuado en enero de 2025. Indíquelo en cualquier cita actual.
3. The Lancet“Fatal police violence by race and state in the USA, 1980 to 2019: a network meta-regression”, octubre de 2021. Estimó que el 55.5 por ciento de las muertes por violencia policial se clasificaron erróneamente o no se informaron en las estadísticas vitales federales.
4. Costos de los acuerdosInvestigación del Washington Post, marzo de 2022, sobre la conducta indebida policial reiterada en los 25 departamentos más grandes; informes actuales a nivel municipal para Chicago, la ciudad de Nueva York, Los Ángeles y Filadelfia.
5. Indemnización por el empleadorJoanna C. Schwartz, “Police Indemnification”, 89 New York University Law Review 885 (2014).
6. Inmunidad calificada, estudios empíricosJoanna C. Schwartz, “How Qualified Immunity Fails”, 127 Yale Law Journal 2 (2017); Alex Reinert, “Qualified Immunity at Trial”, 93 Notre Dame Law Review 2065 (2018); Reuters, investigación “Shielded by the Law” (2020).
7. Acusaciones penales contra agentesPhilip M. Stinson, Police Integrity Research Group, Bowling Green State University, “On-Duty Shootings: Police Officers Charged with Murder or Manslaughter”, que abarca de enero de 2005 a junio de 2019.
8. Resultados de los litigios de derechos civilesTheodore Eisenberg, “Four Decades of Federal Civil Rights Litigation”, 12 Journal of Empirical Legal Studies 1 (2015).
9. Adopción de políticasEncuesta del Stanford Center for Racial Justice sobre las políticas de uso de la fuerza en las cien ciudades más grandes; Brennan Center, State Policing Reforms Since George Floyd's Murder.
10. Estadísticas de litigios por seguridad negligenteEstudio publicado de 1,086 casos reportados de 1992 a 2001, “Major Developments in Premises Security Liability III”, de Norman D. Bates, Liability Consultants, Inc.

Notas sobre cifras y citas que requieren verificación

• No se localizó una cita publicada en un repertorio federal para la opinión del Quinto Circuito del 18 de septiembre de 2025 en Barnes v. Felix tras la devolución. Cítela por número de expediente y fecha hasta que se confirme la cita del repertorio.
• No pude confirmar en una fuente primaria la cita paralela del Supreme Court Reporter para Barnes v. Felix. La cita de los United States Reports, 605 U.S. 73, está confirmada.
• Los votos disidentes a la denegación de la revisión en pleno en Young v. Borders se citan ampliamente. No pude verificar esa cita en el texto del repertorio, así que no aparece aquí. Se describe el contenido de esos votos disidentes en lugar de citarlo.
• Las recopilaciones publicadas sobre no retroceder (stand your ground) y el deber de retirarse discrepan en los márgenes. Aquí no se incluye ninguna tabla de los cincuenta estados.
• Las cifras de horas de capacitación de seguridad privada que circulan en general provienen de proveedores comerciales de cumplimiento normativo y no de los reguladores estatales. Verifíquelas con la autoridad estatal de licencias.
• Los plazos de notificación y los topes de daños de las leyes estatales de reclamaciones por responsabilidad civil cambian con frecuencia. Verifique cada uno con la ley vigente.
• No existe una mediana nacional publicada y defendible para los acuerdos o veredictos por fuerza excesiva conforme a la Sección 1983, y aquí no se incluye ninguna.
• Singleton v. Casanova, No. 22-50327 (5th Cir. June 10, 2024), no está designada para publicación y no se confirmó ninguna cita en un repertorio federal. Cítela por número de expediente, e indique que dejó sin resolver la cuestión de la bala perdida en lugar de decidirla.
• El fundamento jurídico del veredicto de Denver del 17 de octubre de 2025 a favor de un transeúnte no consta en los informes públicos. El caso se juzgó en un tribunal estatal contra el agente a título individual, sin ningún municipio como parte demandada, lo cual es el sello de la acción estatal de Colorado, pero obtenga la demanda antes de afirmarlo.
• Los resultados civiles para los nueve transeúntes heridos frente al Empire State Building en agosto de 2012 no aparecen en ningún registro público accesible. Aquí no se incluye ninguna cifra de acuerdo.
• El acuerdo en el asunto de Marksville, Louisiana, de 2015, está sellado por orden federal. Cualquier cifra que circule carece de fuente.
• Varios asuntos descritos en la Parte 13 seguían sin resolverse cuando se publicó esta edición, entre ellos litigios civiles en curso, apelaciones pendientes y sentencias penales pendientes. Verifique la situación actual de cualquiera de ellos.

Obras del autor

Wolf Safety Series, de Steve Wolf: Firearms Safety On Set, The Smart Citizen's Guide to Concealed Carry y Firearm Product-Defect Litigation. La Parte 3 toma sus cuatro condiciones para la fuerza letal y su continuo del marco que la serie enseña de principio a fin.

Contacto

Steve Wolf  |  wolf.steve@gmail.com  |  (512) 653-9653  |  SteveWolfExpertWitness.com

Perito en factores humanos, armas de fuego y seguridad en rodajes

Steve Wolf es perito en armas de fuego y seguridad a nivel nacional, contratado por abogados de la parte demandante y de la defensa en asuntos civiles y penales. Lleva más de treinta y cinco años de trabajo práctico en efectos especiales cinematográficos y manejo de armas de fuego, con 77 largometrajes como coordinador de efectos especiales. Ha forjado un sólido historial en juicio, tanto contratado por la parte demandante como por la defensa, que incluye un veredicto de $66.5 millones en Nuevo México que figura entre los veredictos por lesiones personales más altos de la historia del estado. Sus casos abarcan tiroteos, campos de tiro y disparos no intencionales; el uso de la fuerza por parte de la policía, del personal de seguridad y de civiles armados; pirotecnia, incendios y explosiones; incendios forestales y pérdida de bienes; escenas de riesgo, aparejos y trabajos aéreos; incidentes en rodajes y teatros; y gimnasios de escalada y circuitos de cuerdas.

El dominio de Wolf sobre la seguridad con armas de fuego en rodajes lo situó en el centro del análisis público del disparo de “Rust”. Ese incidente de 2021, en el set de Nuevo México de la película de Alec Baldwin, mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza. Contratado para examinar el incidente, explicó cómo se dispara un revólver de acción simple, por qué la disciplina del dedo del gatillo es decisiva y dónde fallaron las prácticas de seguridad de la producción. CNN, Fox News y CBS solicitaron su evaluación. Esta se basó en su trabajo anterior de investigación de disparos en sets de filmación, entre ellos la muerte de Brandon Lee en 1993.

Los abogados contratan a Wolf porque hace que los casos complejos resulten claros para un jurado. Señala con precisión la falla evitable, explica la causalidad en lenguaje sencillo, vincula la conducta con los estándares aceptados de seguridad y de uso de la fuerza, elabora material demostrativo que los jurados recuerdan y se mantiene firme en el contrainterrogatorio. El objetivo no es exhibir sus propios conocimientos. Es enseñarle al jurado lo suficiente para que llegue por sí mismo a la misma conclusión, a puerta cerrada.

Su pericia se basa en décadas de trabajo en efectos especiales cinematográficos y armas de fuego, 11 patentes, una creciente colección de libros de referencia profesional publicados y una larga trayectoria como instructor de armas de fuego y supervisor de seguridad en rodajes. Es el autor de la Wolf Safety Series, que incluye Firearms Safety On Set, The Smart Citizen's Guide to Concealed Carry y Firearm Product-Defect Litigation.

Steve Wolf  |  wolf.steve@gmail.com  |  (512) 653-9653  |  SteveWolfExpertWitness.com